Los diez jóvenes detenidos la semana pasada denunciaron en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haber sido maltratados por la Guardia Civil durante el periodo de incomunicación, según informó ayer Askatasuna. A pesar de ello, Garzón decretó el ingreso en prisión de siete de los arrestados, mientras dejó en libertad a dos -Inge Urrutia y Libe Agirre- y con la posibilidad de eludir la cárcel bajo fianza de 12.000 euros a Adur Aristegi.
Askatasuna aseguró ayer que los diez jóvenes detenidos la semana pasada acusados de pertenencia a ETA denunciaron en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haber padecido malos tratos durante el tiempo que estuvieron incomunicados en manos de la Guardia Civil.Según dio a conocer el organismo antirrepresivo, los arrestados denunciaron ante el juez haber recibido golpes en la cabeza y en los testículos y amenazas de violación. Asimismo, en algunos casos les habrían aplicado «la bolsa» y sufrieron amenazas de que les iban a aplicar los electrodos.En esa misma línea, los detenidos habrían relatado a Garzón que han sido obligados a permanecer en posturas forzadas y a realizar flexiones durante mucho tiempo. A pesar de las denuncias realizadas ante el propio juez, el magistrado ordenó el ingreso en prisión de siete de los arrestados.La agencia Efe señaló, citando fuentes jurídicas, que Arkaitz Goikoetxea, Iñigo Gutiérrez, Aitor Kotano, Mikel Saratxo, Gaizka Jareño, Anabel Prieto y Maialen Zuazo están acusados de ser miembros y colaboradores del denominado «complejo Bizkaia» de ETA por el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba.Garzón atribuye a los encarcelados una decena de atentados cometidos desde agosto de 2007 entre los que se encuentran los ataques contra las casas cuartel de la Guardia Civil de Legutio, Durango y Calahorra, la acción contra el Real Club Marítimo de El Abra de Getxo, el ataque contra la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz y las bombas contra las casas del pueblo de Derio y Balmaseda.Por su parte, decretó la libertad bajo fianza de 12.000 euros para Adur Aristegi detenido en Elorrio, Inge Urrutia, arrestada el jueves en la localidad vizcaina de Getxo y Libe Agirre, que fue arrestada en Fuengirola.
El protocolo no evita torturasAskatasuna denunció de forma rotunda la «impunidad» que ofrece la incomunicación a las fuerzas policiales y señaló que el protocolo diseñado por el propio Garzón para evitar que se produzcan torturas no sirve. En su opinión, no es más que una iniciativa que busca el «lavado de cara» del juez ya que los guardias civiles que han actuado bajo sus órdenes «han vuelto a utilizar métodos de tortura salvajes como ha quedado demostrado en las denuncias de torturas que han realizado ante el juez».Por ello, Askatasuna reclamó que para acabar con la tortura es necesario terminar antes con las leyes que posibilitan la incomunicación y respetar los derechos de los detenidos.Asimismo, criticó también la «vergonzosa actitud» que han mantenido los medios de comunicación situándose, a su juicio, «al servicio de la represión» realizando graves imputaciones contra los detenidos. «Han sido juzgados y linchados públicamente», denunció. Para el organismo antirrepresivo, detrás de esa forma de actuación se encuentra la vulneración de los derechos de los detenidos y la justificación de medidas de excepción ante la ciudadanía. «Los aparatos represivos han utilizado las detenciones como propaganda y los medios de comunicación han sido imprescindibles compañeros de viaje».
Askatasuna aseguró ayer que los diez jóvenes detenidos la semana pasada acusados de pertenencia a ETA denunciaron en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haber padecido malos tratos durante el tiempo que estuvieron incomunicados en manos de la Guardia Civil.Según dio a conocer el organismo antirrepresivo, los arrestados denunciaron ante el juez haber recibido golpes en la cabeza y en los testículos y amenazas de violación. Asimismo, en algunos casos les habrían aplicado «la bolsa» y sufrieron amenazas de que les iban a aplicar los electrodos.En esa misma línea, los detenidos habrían relatado a Garzón que han sido obligados a permanecer en posturas forzadas y a realizar flexiones durante mucho tiempo. A pesar de las denuncias realizadas ante el propio juez, el magistrado ordenó el ingreso en prisión de siete de los arrestados.La agencia Efe señaló, citando fuentes jurídicas, que Arkaitz Goikoetxea, Iñigo Gutiérrez, Aitor Kotano, Mikel Saratxo, Gaizka Jareño, Anabel Prieto y Maialen Zuazo están acusados de ser miembros y colaboradores del denominado «complejo Bizkaia» de ETA por el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba.Garzón atribuye a los encarcelados una decena de atentados cometidos desde agosto de 2007 entre los que se encuentran los ataques contra las casas cuartel de la Guardia Civil de Legutio, Durango y Calahorra, la acción contra el Real Club Marítimo de El Abra de Getxo, el ataque contra la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz y las bombas contra las casas del pueblo de Derio y Balmaseda.Por su parte, decretó la libertad bajo fianza de 12.000 euros para Adur Aristegi detenido en Elorrio, Inge Urrutia, arrestada el jueves en la localidad vizcaina de Getxo y Libe Agirre, que fue arrestada en Fuengirola.
El protocolo no evita torturasAskatasuna denunció de forma rotunda la «impunidad» que ofrece la incomunicación a las fuerzas policiales y señaló que el protocolo diseñado por el propio Garzón para evitar que se produzcan torturas no sirve. En su opinión, no es más que una iniciativa que busca el «lavado de cara» del juez ya que los guardias civiles que han actuado bajo sus órdenes «han vuelto a utilizar métodos de tortura salvajes como ha quedado demostrado en las denuncias de torturas que han realizado ante el juez».Por ello, Askatasuna reclamó que para acabar con la tortura es necesario terminar antes con las leyes que posibilitan la incomunicación y respetar los derechos de los detenidos.Asimismo, criticó también la «vergonzosa actitud» que han mantenido los medios de comunicación situándose, a su juicio, «al servicio de la represión» realizando graves imputaciones contra los detenidos. «Han sido juzgados y linchados públicamente», denunció. Para el organismo antirrepresivo, detrás de esa forma de actuación se encuentra la vulneración de los derechos de los detenidos y la justificación de medidas de excepción ante la ciudadanía. «Los aparatos represivos han utilizado las detenciones como propaganda y los medios de comunicación han sido imprescindibles compañeros de viaje».
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