Proceso al movimiento pro amnistía y a la democracia española

Artículo de imprescindible lectura publicado en GARA por José Manuel Hernández de la Fuente y Amalia Alejandre Casado (abogados).

Los encausados por su militancia en el movimiento pro amnistía han renunciado a su defensa jurídica en señal de denuncia. Hernández y Alejandre demuestran que lo que realmente no tiene defensa posible es la estrategia del Estado. ¿Sus víctimas? los encausados y la democracia.

En el curso de las operaciones policiales contra el movimiento pro amnistía vasco en la madrugada del 31 de octubre de 2001, el juez Garzón ordenó registrar varios locales y oficinas, dos de ellos despachos de abogados, en Hernani y en Pamplona. En el de Hernani, se solicitó la presencia de un representante del Colegio de Abogados, pero la Policía desatendió esta petición y procedió al registro, incautando documentación, ordenadores y se precintaron los despachos. En el de Pamplona, se incautó el ordenador de una abogada. Garzón, en Bilbao por ésta operación, fue informado por la abogada Arantxa Zulueta de estos hechos, pero la operación continuó. Tras los recursos pidiendo la nulidad de los registros, se dictó auto el 7 de noviembre que ordenó la devolución del material incautado, guardándose el juez una copia del material. Así, se vulneró gravemente el derecho al secreto profesional, a la defensa como obligación de los abogados y garantía de los justiciables, a la inviolabilidad del domicilio profesional.

El pasado 21 de abril de 2008, se inicia el juicio del sumario 33/01 contra el movimiento pro amnistía vasco. La actividad de estos organismos es la denuncia pública de la violación sistemática de garantías jurídicas y procesales y de derechos humanos que padecen los presos vascos así como impulsar la solidaridad con ellos. Los 27 procesados, entre ellos el abogado Julen Arzuaga, tienen un indiscutible arraigo social y son parte de la sociedad civil que denuncia las expresiones represivas del estado y ayuda a las víctimas de esa represión a la vez que desarrolla iniciativas en defensa de las libertades y los derechos humanos.

El primer día del juicio todos los procesados, acusados de integración en banda armada sin haberse individualizado hechos presuntamente delictivos, han renunciado a su defensa jurídica, porque no reconocen al tribunal que les juzga y por la convicción de que la sentencia ya está hecha. Señalaron, que no les podían juzgar «por sus ideas».

La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), reunida en Ámsterdam el 19 de abril de este año, muestra su preocupación por estos macrosumarios y declara que «(...) la interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia».

Además, la AED, extiende su preocupación por la «(...) instrucción de este sumario (...), la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares...». Por último, la AED, exige la «derogación de tribunales de excepción como la AN».

Este nuevo dislate jurídico que supone el proceso 33/01, sólo se explica por el impulso político que contamina todos estos sumarios. Tras el 11-M en 2004, PSOE y PP rompieron el consenso en esta materia, pero no el «Pacto por las Libertades» del 2000. Esto ha supuesto un uso virulentamente partidista del problema vasco en el que la única diferencia era la intensidad en pedir su aplicación. Fracasada la negociación entre el Gobierno del PSOE y ETA, a finales de 2006, las líneas maestras de ese pacto vuelven a desplegarse.

El encarcelamiento de casi toda la dirección política de la izquierda independentista vasca, los nuevos procesos de ilegalización de partidos políticos en curso (ANV y PCTV) y el ingreso en prisión el pasado 30 de abril de la alcaldesa de Mondragón, Ino Galparsoro, acusada de «rebeldía contumaz» a la suspensión de su partido por una rueda de prensa, etcétera, expresan una profundización de la excepcionalidad de normas que conculcan derechos fundamentales proclamados en la Constitución de 1978.

La Ley de Partidos Políticos de junio de 2002, permitió, tras su tramitación ante el TS, la ilegalización de Batasuna. El apriorismo de «todo es ETA», inventado por Garzón e impulsado por PP-PSOE y por casi todo el arco parlamentario, supuso más ilegalizaciones y la prohibición de acudir a las elecciones a expresiones políticas que pudieran ser referentes de ese sector de la sociedad vasca. El juego electoral se prohíbe para cientos de miles de ciudadanos por sus ideas. La opción independentista que preconizan y su desacuerdo con el marco constitucional vigente, tiene todo que ver con esta privación de derechos políticos.

Si la Constitución regula el pluralismo político y el derecho al sufragio como valores esenciales del ordenamiento y se ilegaliza a opciones políticas contestatarias, se constata el déficit democrático del Estado. No se protege la discrepancia, sino que, se la elimina legalmente. La defensa de los derechos políticos y las libertades lo son para todas las personas y los pueblos, a la vez que condición necesaria para la democracia. Condenar las ideas y prohibir la confrontación política a ciertas opciones, abona el avance del totalitarismo.

La garantía de los derechos de las personas y la separación de poderes son principios básicos de un estado democrático. La separación de poderes exige la soberanía parlamentaria. El poder ejecutivo debe estar sometido a la ley y al derecho. El poder judicial debe ser independiente pero la clamorosa politización de la justicia refleja que el sistema no funciona.

La práctica política y mediática de criminalización de las ideas independentistas -cuando no las nacionalistas sin más-, así como su identificación con la violencia, supone la deslegitimación de las ideas y la justificación de la razón de estado como excusa para limitar derechos fundamentales.

La plena libertad ideológica, asociativa y de expresión es la mejor manera de hacer creíble un sistema democrático. Estrechar los márgenes de libertad, criminalizar al disidente, potenciar el «derecho penal del enemigo» para perseguir a la oposición, así como imponer la Constitución como algo intocable, a pesar de sus enormes déficits democráticos, es un atentado a la democracia que se dice defender.

El ministro Rubalcaba falta a la verdad cuando acusa de manera genérica a la izquierda independentista, de ser causante de la violencia en Euskadi. Se equivoca al subirse de nuevo al carro del pacto antiterrorista del 2000, pues esa mirada unilateral muestra una parte de la violencia, pero no toda. La única solución justa y democrática, pasa por asumir que existe un conflicto político. El sentimiento y el derecho de un pueblo a decidir por sí mismo no puede ser ni ignorado ni prohibido.

La solución a un conflicto político ha de ser política y justa. La Constitución española de 1978, puede y debe ser reformada, para que el derecho de autodeterminación de los pueblos pueda ejercerse si así lo deciden. Actualmente es un derecho prohibido fruto de la transacción política llevada a cabo al morir Franco. No hacerlo así, no apostar por la política con mayúsculas y el diálogo como forma de resolver los conflictos, nos conduce a menos democracia y más desestabilización, a nuevas leyes excepcionales destinadas a sectores sociales que cuestionan el orden establecido. En definitiva, al imperio de la razón de estado sobre las leyes y sus secuelas de represión y degradación de la democracia.

Testimonio de Juan Mari Olano

Olano renuncia a la defensa jurídica y denuncia el juicio como un "montaje"

Un ejemplo a seguir

Testimonio de Gema Cillero Oyanguren madre del preso político vasco Arkaitz Agote

Son las tres de la madrugada. Ruidos extraños, pasos frenéticos en las escaleras, golpes en la puerta, amenazas, más golpes, puerta destrozada y, por fin, dan con su presa, un ciudadano vasco. Hombres armados hasta los dientes contra un joven en pijama en su cama, insultos y amenazas a toda la familia, registro integral, destrozos y, pasada una hora, se llevan a un joven. Su familia pide ayuda entre los vecinos. Todos callan por temor. Lo intentan con los políticos del pueblo. Sólo buenas intenciones y respuestas diciendo que no se puede hacer nada, que «le han aplicado la Ley Antiterrorista». Se buscan desesperadamente contactos a más alto nivel. Como respuesta el silencio, la complicidad. Dos jóvenes del pueblo se brindan a ayudar a la familia, a llevarles hasta la puerta del cuartel donde harán guardia hasta que les comuniquen que los han llevado a Madrid. Mientras tanto, otros jóvenes comienzan a denunciar en el pueblo lo acontecido, la brutalidad policial, la pasividad de los políticos.
Los familiares, llenos de ansiedad, se preguntan: ¿qué le puede estar pasando a mi hijo? ¿Lo estarán torturando? ¿Cuándo lo llevarán ante el juez? ¿Dónde está la Audiencia Nacional? Silencio de las instituciones y, sin embargo, esos jóvenes con una sonrisa serena les indican que deben tranquilizarse, que preparen una bolsa con ropa, que se preparen para un viaje y, transmitiéndoles confianza, les ayudan a ir a Madrid.
Horas de espera. Solos en Madrid, tan solo la compañía de estos jóvenes les distrae de sus horrendos pensamientos. Algunos periodistas aparecen por la mañana, comienzan a llegar filtraciones. Aparece una abogada. Los familiares no saben quién le ha llamado. Luego se enterarán que han sido esos jóvenes.
Pasa ante el juez y, pese a su estado físico, pese a las evidencias de torturas, pese a que las pruebas no se soportan, él se decide encarcelar a otro ciudadano vasco. Los políticos braman su victoria, felicitan a las fuerzas del orden. Sus familiares no hacen ni caso; sólo quieren ver cómo está su hijo, en qué estado lo han dejado. Pero tendrán que esperar hasta el fin de semana. ¿A dónde hay que llamar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede ir? La familia no sabe a quién preguntar, cómo llegar, dónde está esa cárcel de la que sólo han oído hablar por televisión y nuevamente se encuentran con esas manos jóvenes pero solidarias que les indican qué hacer, a dónde ir y cómo poder ver a su ser querido.
Comienzan los eternos y odiados viajes que, sin embargo, tienen una meta: ver al ser querido. Los controles, las puertas, la frialdad de los carceleros... impresionan a los nuevos familiares que a pesar de todo tienen el apoyo de los familiares más «viejos» y de esos jóvenes que se han brindado a acompañarles hasta la puerta. Y llega la primera visita. Las marcas y las palabras tranquilizadoras del hijo hacen que maldigan a aquellos capaces de hacer eso, pero a su vez los tranquilizan, puesto que está vivo. La vuelta es dura, muy dura, y preguntan a los jóvenes dónde y a quién se puede denunciar esa situación. La respuesta es clara: a la sociedad vasca.
Más tarde llegará la dispersión, las condiciones de vida, el incumplimiento de la propia legalidad, y se mantiene la máxima: silencio de políticos e instituciones y la mano tendida de esos jóvenes que siempre estarán al lado de los familiares.
Tras treinta años de represión y miles de ciudadanos encarcelados, esos jóvenes, que se llaman Ixone, Madari, Julen, Iñaki, Juan Mari... hasta 27, están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. Juzgados por ayudarnos, por denunciar a esa misma Audiencia que vio torturado a nuestro hijo y lo permitió, la misma que lo condenó en un juicio farsa, la misma que permite la dispersión, el aislamiento, la desasistencia médica, y que mantiene secuestrados a cientos de ciudadanos vascos. Juzgados por ser los altavoces de la denuncia de un sistema corrupto, fascista, por ser los delatores de políticos e instituciones inoperantes. Pero sobre todo están siendo juzgados por ser solidarios con los represaliados, con sus familias y amigos y con Euskal Herria.
Les podrán condenar, pero el agradecimiento de esas miles de familias que han conocido la represión en Euskal Herria estará siempre con ellos, con esos jóvenes de hace treinta años y con los de ahora, puesto que aquéllos supieron sembrar la solidaridad y el compromiso en esta tierra, y su fruto permanecerá hasta el fin de la represión y la conquista de la libertad.

http://www.gara.net/paperezkoa/20080522/78776/es/Ejemplo-seguir

Víctimas de la tortura: España 2008

Artículo de Manuel F. Trillo en Rebelión

Apenas ha comenzado el año 2008 y como si fuera una maldición ya ingresa en urgencias del Hospital de Donostia un joven a las 15 horas de ser detenido por la Guardia Civil. El parte médico de ingreso es desolador, pues además de rotura de una costilla, aparecen otras lesiones de importancia como la rotura de tejido pulmonar. La causa es la de siempre: se ha resistido. Exactamente, se ha resistido, porque en el lenguaje policial callarse es resistirse, no decir aquello que pretenden que digas es resistirse, no delatar es resistirse. Como antaño, en hogaño, se tortura adecuadamente para que el "culpable" –pues lo es desde que es detenido, propio de una mente policial estrecha y mínima- "cante la parrala", aunque no se la sepa.

Aún admitiendo que el detenido sea "Jack el destripador" no se puede torturar. Tampoco en la España de Zapatero, de Rajoy, de Llamazares, y del "calladito" Anasagasti (no condena las torturas en las comisarías de su amada Euskadi, se calla, ¿será que otorga?). La legislación interna e internacional obligan al Estado español a respetar los derechos humanos, y a que nadie sea humillado, vejado, o torturado. ¿Es así? Zapatero, ¡es así! Entonces qué hacen los detenidos en las UCI de los hospitales. Unos se mueren por sobredosis de coca cuando han sido apaleados (caso de Martínez Galdeano en Almería), otros se caen por las escaleras o se tiran por las ventanas, otros se resisten en la detención. Pero lo cierto es que hay demasiada "sal en la herida". Ahora hay un ciudadano vasco- Igor Portu- en la "Unidad de Cuidados Intensivos" de un hospital y todo apunta a que las lesiones que padece fueron producidas por guardias con posterioridad a la detención. En el lenguaje policial hay una expresión terrible: "hay que doblarlo", parece que no iba doblado en el momento del registro, así lo aseguran sus familiares como testigos, para que dos horas más tarde ingresara en urgencias, en ese momento "ya doblado" del todo.

Zapatero, contesta, ¿diriges un estado torturador? (veáse Informe de AI 2007, así encontraréis la respuesta). Por otro lado en un cuartel de la guardia civil en Castellón un delincuente de poca monta (ladrón de vehículos) de 29 años de edad ha muerto en el calabozo. Pero, ¡qué está pasando! Alguien se ha vuelto tan loco como Sonajero Bono, que anda por el suelo patrio dando explicaciones de lo dicho hace días, sobre quiénes han de ser las víctimas. Qué podredumbre intelectual hay entre los profesionales de la política.

De qué sirven las sesudas conclusiones de los demócratas de medio pelo sobre el Estado de Derecho cuando se tortura en las comisarías y cuartelillos de la guardia civil. De qué sirven esas ansias de votar de quienes a la vez ponen una vela a dios y otra al diablo (juegan el juego democrático con el estúpido lema: hay que votar a cualquier precio). Votad, malditos, y así limpiáis vuestras conciencias de todo aquello que os empuerca. Sé de alguna ultraizquierdista "luxemburguista" que es capaz de entregar su alma por un voto en las urnas, aunque sea para decir que no quiere lo que vota. Es la imagen misma de la estupidez y del cretinismo político. Pero ahí está esa, y otras cuantas más, inútiles, que nunca alcanzarán el edén que sueñan, pues nada se ha ventilado en la Historia si no ha sido actuando contra la violencia que ejercen los detentadores del poder, sea el tiempo que sea.

De qué sirven ahora las sesudas conversaciones de quienes creen que en marzo es mejor que sea el PP, o que sea el PSOE, Zapatero o Rajoy, quienes estén al frente de los destinos gubernamentales. Y que conste que esos debates son perfectamente entendibles entre socialdemócratas, derechistas, falangistas, socialistas y comunistas. Todos ellos tan educados en el parlamentarismo. Vale, les vale ese debate, y luchan por tener una poltrona, un lugar donde predicar, sea Carrillo o Anguita, Llamazares o Frutos, Zapatero o Rajoy, Erkoreka o Barcos, Aznar o Fraga, Urkullu o Roca, etc…, todos ellos cantamañas que apoyan y justifican un régimen de impunidad ante las torturas del franquismo (Amnistía de 1977) y del presente borbónico. ¿De qué le sirve a una víctima de torturas en las comisarías de policía o cuartelillos de la guardia civil la democracia que tanto cacarean estos comeollas? ¿Cuánto es lo que les importa a los "izquierdistas" irredentos, pero votantes, que se torture al lado de su casa, o un poco más allá? Hay demasiada hipocresía, y sólo espero que pasen por los mismos trances por los que pasan aquellos que denuncian torturas y malos tratos o acaban en la UCI de un hospital. No hace falta que seas un independentista vasco, hemos visto que así acaban agricultores de Almería, o emigrantes en Cataluña, o…, ¿dónde dices que vives?, pues abre los ojos y mira de una puñetera vez a tu alrededor y luego pregúntate si merece la pena votar a Rubalcaba (ahora Ministro del Interior y por ende gran garante del Estado de Derecho en España) o a cualquiera de los botarates que se presenten el 9 de marzo. ¿El socialdemócrata consiente la tortura?, ¿los demás lo toleran, lo aplauden incluso?, porque no cabe duda que para el resto es consustancial con su ser, al fin y al cabo los argumentos de Sonajero Bono son aplaudidos por una sociedad aborregada y consentidora de los crímenes de Estado (veáse la Historia reciente de España).

Víctimas del terrorismo. ¿No son acaso víctimas del terrorismo las víctimas de la tortura?. ("Se les aplicó escrupulosamente la ley anti-terrorista").Y claro está, volvemos al gran chamán del Ministerio del Interior, Rubalcaba por ahora, para que –aficionado como es a la pantalla y a las fotos y expresiones simples- diga de una vez por todas cuatro cosas: una, en España se tortura; dos, a los torturados les reconoceremos los derechos propios que se les reconocen a las víctimas del terrorismo; tres, los torturadores serán perseguidos hasta que sobre ellos caigan la acción de la justicia; cuarta, dimito como Ministro porque aún me queda decencia. Me temo que Rubalcaba no tiene ni el talante ni la capacidad política para asumir tan ejemplar modo de proceder contra la tortura, y al igual que a Anasagasti –quien calla otorga- a Rubalcaba y por extensión al Jefe del Gobierno, les cabe el baldón de la indignidad por permitir que se sigan usando métodos inquisitoriales y deleznables contra todo cuanto se considere un "enemigo". Por otro lado, al juez de la AN que tiene conocimiento sobre el "caso Portu", decirle que es un modo de quitarse el muerto de encima dejar que sea el juzgado de guardia de Guipúzcoa quien intervenga, y en este caso el muerto es un posible caso manifiesto de torturas, y por tanto un acto de cobardía profesional no llevar este asunto directamente. Hay que dar la cara.

La conciencia de que estamos en un Estado de Excepción quedó reflejado en las declaraciones del inefable Rubalcaba cuando afirmó sin cuajo alguno que "se les había aplicado escrupulosamente la ley antiterrorista". Sépase que no hay una ley específica antiterrorista, sino preceptos especiales en la legislación penal -Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal-, por lo que al referirse a la LECr como "ley antiterrorista" ha dejado a las claras cuál es la mentalidad de este viejo político con méritos notables desde la época de los GAL. Hablan con la desfachatez de quienes ignoran y esconden a la ciudadanía que en España han sido condenados por el delito de torturas no pocos policías y guardias civiles. Da la impresión de que quieren extender la creencia de que "se les ha ido la mano un poco", y como dice el Sonajero de la Mancha, "qué importa que estén un poco magullados".

Así se va extendiendo la podredumbre: sobre la arbitrariedad y el crimen de Estado. ¿Quién está seguro ya en este país?, pues no importa qué condición tengas, basta simplemente con que te tomen por una "cosa", por algo desechable, por basura humana, "escoria humana" dice algún renombrado socialista, para que sobre tu persona se actúe sin tino alguno y con desprecio absoluto de los derechos humanos. Pero qué ingenuidad la mía, los derechos humanos, recuérdalo tú y recuérdalo a otros, se les aplica a los seres humanos, y tú has sido calificado como "escoria y basura", o como "enemigo". No esperes más que tratos vejatorios (sindicalistas), humillantes (emigrantes), degradantes (mujeres y homosexuales), violencia física y palizas (caso Galdeano), y la tortura considerada como el colmo de la ruindad humana (para los más renuentes). ¡Quién será el siguiente!

Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en el Estado español

El informe que aquí se presenta trata de una realidad poco conocida en el Estado español, eso es, las dificultades y riesgos del desarrollo de la labor de defensor/a de derechos humanos, sobretodo en aquellos ámbitos que tienen que ver con la denuncia de maltratos y torturas. No son pocos los casos que acumulan organizaciones y personas que trabajan en estos ámbitos sobre violaciones de distinto tipo que entorpecen su tarea de defensa de los derechos humanos. El objetivo del trabajo es dar visibilidad a esta realidad, exponer a la ciudadanía, así como también a instituciones, que en el Estado español, a día de hoy, se registran un número más que considerable de casos de descalificación, obstrucción y criminalización hacia la labor voluntaria y profesional de defensores/as de derechos humanos.

Así pues el presente informe tiene una doble finalidad. Por una parte recordar la importancia de la función que llevan a cabo los y las defensores/as de derechos humanos, realidad reconocida en una multiplicidad de textos jurídicos nacionales e internacionales; así como también la constatación de los riesgos y trabas con los que se encuentran personas y organizaciones que desarrollan este tipo de labor. Por otra parte, descender a la realidad cotidiana para hacer público y denunciar casos concretos de obstrucción, descalificación y criminalización de las actividades que desarrollan organismos sociales y profesionales que han denunciado torturas en el Estado español, hablar del aquí y ahora.

Los casos que se exponen en este informe tienen una doble procedencia: un primer grupo se trata de aquellos casos que las propias personas o organizaciones participantes en la Coordinadora han padecido; un segundo grupo se configura con casos que se han puesto a disposición de la Coordinadora por distintos canales y que se inscriben en este marco de violaciones de derechos a defensores/as de derechos humanos. Para acotar el contenido de este informe, de forma temporal, geográfica y substantiva, cabe apuntar que solamente hemos recogido casos que se han producido durante los últimos diez años en el Estado español y que han afectado a terceras personas a las que, según la definición de Naciones Unidas, llamaremos defensoras de derechos humanos (sean personas individuales u organizaciones).

Cabe recordar, como así se hace en todos los informes elaborados por la Coordinadora, que desgraciadamente nos estamos refiriendo a la punta de un iceberg de una realidad más amplia. Las violaciones de los derechos a defensores/as de derechos humanos que aquí se apuntan dibujan una reducida realidad conocida solamente a través de los casos que hemos tenido conocimiento. En este sentido, pues, las personas y colectivos que denuncian maltratos y torturas no son las únicas que reciben descalificaciones, se les obstruye el desarrollo de su actividad o se las criminaliza. Seguramente otros/as defensoras de otros derechos fundamentales padecen situaciones similares.

Este informe ha sido elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la tortura, que está formada por 44 organizaciones sociales, profesionales y universitarias del Estado español, de procedencia muy diversa pero que tienen como objetivo común la erradicación de la tortura. Las organizaciones que la conforman poseen una acreditada trayectoria de muchos años de dedicación a la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales. El objetivo principal que las unió fue el hecho de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y su protocolo. En este proceso, diversos casos que en el informe se apuntan han estado compartidos en el marco de la Coordinadora. A fecha de hoy se ha considerando que por su volumen y gravedad era necesario hacer pública esta realidad.

Coordinadora para la Prevención de la Tortura, a 25 de abril de 2008

http://www.nodo50.org/tortura/varios/DESCALIFICACION.pdf

Historia de una Represión

CPT alerta de que la práctica para erradicar la tortura es criminalizada

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, formada por 44 agentes que trabajan por erradicar la tortura en el Estado español, ha elaborado un informe bajo el título ``Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en el Estado español''. Este documento, que recoge una veintena de episodios de este cariz, será remitido a los organismos internacionales, encargados de examinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados en la defensa de los Derechos Humanos y Convenios Internacionales.

La CPT sostiene que este informe tiene una doble finalidad, que más allá de recordar la importancia de los defensores de derechos humanos y constatar los riesgos y trabas con los que se encuentran a la hora de desarrollar su labor, pretende hacer público y denunciar casos concretos de obstrucción, descalificación y criminalización.El informe, que contiene 56 páginas, acoge sólo los casos acaecidos en los últimos diez años dentro de las fronteras del Estado español. En concreto, se enumeran veinticuatro casos de amenazas, descalificaciones y actuaciones contra organismos y personas del Estado español; de las cuales 7 son contra agentes de Euskal Herria, lo que se traduce en el 30% de las denuncias albergadas por la CPT.El informe está dividido en cuatro ejes. En el primero de ellos se recogen insultos, amenazas y descalificaciones, mientras que el segundo apartado se refiere a la obstaculización del trabajo, donde enmarcan las agresiones, prohibiciones y costas económicas. En el tercer eje se hace hincapié en las querellas interpuestas contra agentes y personas; y por último, se citan las acusaciones de «terrorismo».

Entre las descalificaciones señaladas por la CPT, se encuentra las sufridas por Julio Medem tras la realización del documental ``La pelota vasca'' donde intentó dar voz a las partes del conflicto que sufre Euskal Herria.En el segundo apartado del informe constan la prohibición a Behatokia para acceder a la sede de la ONU y la clausura de las sedes del TAT y Etxerat en agosto de 2002. El primer caso, relata la prohibición impuesta al letrado de Behatokia Julen Arzuaga para entrar en la sede de la ONU. Este veto fue dictado desde el Ejecutivo español al calificar a Arzuaga como «terrorista peligroso», sin aportar ningún tipo de prueba que pudiera acreditar tal extremo. Asimismo, recuerdan el cierre efectuado por la Policía de las sedes de Etxerat y TAT, en el marco de la decisión del juez Baltasar Garzón de suspender por tres años las actividades de Batasuna.Las querellas contra el letrado del TAT Aiert Larrarte y el portavoz del movimiento pro amnistía Julen Larrinaga por la denuncia de la tortura en una rueda de prensa o la amenaza de denuncia sufrida por Salhaketa son citadas en el tercer apartado del informe.En lo que respecta a las acusaciones de «terrorismo», la CPT cita dos casos y ambos son contra personas y agentes de Euskal Herria. El primero de ellos se refiere la imputación de un delito «no especificado» contra los abogados Jone Goirizelaia y Jose María Elosua por efectuar alegaciones sobre una posible existencia de torturas y maltratos en el transcurso de la vista del macrojuicio 18/98. Asimismo, el organismo contra la tortura relata el juicio iniciado en la Audiencia Nacional contra el movimiento pro amnistía.

Euskal Preso Politikoen Kolektiboa Agiria 2008ko maiatza

Espainiar `demokraziaren' aro politiko honetan, agian, 40 urteotako inoizko errepresio oldarraldi gogor eta agerikoena ezagutzen ari gara. Eskubide zibil eta politikoak murriztuz eta are suntsituz, salbuespen egoerari eta honen areagotzeari eusten dio boterean den Gobernuak. Izan ere, goranzko joera batean garatzen joan den errepresio estrategia orokorraren agerpen larrien lekuko izan gara azken urteotan. Bizkortze etengabea izan duen ildo errepresiboaren emaitza da orain bizitzen ari garena.95ean Alternatiba Demokratikoa deritzon proposamen politikoari errepresio erasoen bidez erantzun zioten, herri alternatiba berrituak Estatu ereduaren krisia agerian utzi eta sakontzen baitu. Garai hartatik, Estatuaren berrantolaketa saiakera eta errepresioaren areagotzea, parez pare joan dira gauzatzen.Estatuak Ezker Abertzalea suntsitzeko beharra ikusi du bere helburu politikoa lortzeko. Herritar batasuna kolpatzen hasi zen, Mahai Nazionala atxilotu eta espetxeratu zuen. Geroztik, azken hamarkada honetan hamaika operazio eta prozedura judizial-polizial faxista ezagutu ditugu, Ezker Abertzaleaz haratagoko eremuak ere jomugan ezarri dituztenak, Konstituzio Espainola kolokan jartzen duen esparru eta herritar oro helburu bilakatuz. Euskal gazteriaren kontrako eraso eta auzia heldu da, 18/98 deituriko anabasa errepresiboaren eskandalua gero; Egunkaria, Udalbiltza eta Batasuna ondoren.Eremu judizialetik bideraturiko erasoak izan dira nagusi. Eremu judiziala `borroka antiterroristaren' jokaleku nagusi bihurtu nahi izan baitute. Ilegalizazio politikarekin antolakundeei eta horien jarduera politikoei eraso eginez, instituzioetatik eta kaletik Ezker Abertzalea desagerrarazten saiatzen ari dira alferrik, debekuak, jipoiak eta isunak medio. Ezker Abertzaleari bere borroka hautuan atzera eginarazi eta garaipen judizial-polizialaren efektibotasuna erakutsi nahi izan dute, gatazkaren irtenbide demokratiko eta politiko baten kaltetan.Presoen Kolektiboa bera ere izan dute jomugan eraso orokorraren baitan, salbuespenezko neurriak aplikatuz: kode penal berriarekin zigorren handitze eta luzatzeak heldu dira, 40 urte arteko kondenak, erredentzioen ezabatzeak, eta baldintzapeko askatasunaren ukatzeak. Espetxezaintza epaitegi zentrala sortu dute irizpide politikoak gailentzeko. Biziarteko espetxe zigorra indarrean jarri dute, Auzitegi Gorenaren doktrina berriarekin presoen bahiketa legeztatuz, eta heriotza zigorra ezarri dute gaixo larriak espetxean mantenduz.Orain, AAM eraman dute Espainiako Auzitegi Nazionalaren inkisizio zentrora, auzipetzeko eta epaitzeko asmoz. 2002ko martxoan salatu dugu, AAMaren egitura ezberdinen kontrako operazio polizialen testuinguruan, EHan ezin direla guztion giza eskubideak defendatu, ezin direla presoon eskubideak defendatu, ezin dela errepresioa salatu, ezin dela tortura salatu....Beste behin salatu nahi dugu, AAMren antolakunde eta kideen aurkako operazio polizial hark, oraingo auzi honek, eta martxan diren beste prozedura judizial-polizialek, Estatuen inpunitatea bilatzen dutela, eta bereziki presoon inguruan sortzen den elkartasun politiko eta soziala ezabatzea dutela helburu. EPPKren egoera eta borroka islatzen duten antolakundeen kontrako erasoek, EPPK beraren erresistentzia deuseztatu eta isiltzeko asmoa dute. Preso politikoon existentzia bera baita, nahi ala ez nahi, EHren eta Espainia-Frantziaren arteko gatazka politikoaren adierazle garrantzitsu eta iraunkorra. Sakabanaketaren, jipoien, erasoen eta tortura zuriaren gainetik, EPPKren borroka batua Estatuen porrotaren erakusle nabarmena bilakatzen baita.AAM, bere espresio ezberdinak eta kideak kriminalizatu eta auzitara eraman dituztenean, EPPK dute jomugan berriro ere. Gu geu auzipetu sentiarazi gaituzte, eraso zehatz hau presoon eskubideen kontrako eraso zuzentzat jotzen baitugu.Gure esker on eta agurrik beroena helarazi nahi diegu urte guztiotan Amnistiaren Aldeko Mugimenduan oro har, bere antolakunde eta elkarte ezberdinetan, musu truk jo eta ke lanean aritu diren lagun guztiei. Baita presoon eskubideen alde etenik gabe eta interes alderdikoietatik urrun, herriz herri aritu diren herritar guztiei, egindako lan eskergagatik eta jaso dugun bero eta laguntza guztiagatik. Mila esker!Garai zailak bizi ditugu Euskal Herriaren eta euskal presoon eskubideak defendatzeko, baina ez dugu inolako zalantzarik eraso polizial eta judizial guztion gainetik jarraituko dugula elkarrekin bidea egiten. Urtetako lana eta eskarmentua dugu txertorik onena. Eutsi goiari!
Gora Euskal Herria askatuta!
Gora Euskal Herria Sozialista!

EPPK Euskal Herrian, 2008ko maiatza

PRESO BAT LIBURU BAT

En la celebración del día del libro (23 de Abril), Askatasuna de Santurtzi, puso en marcha una iniciativa por tercer año consecutivo, la iniciativa consistía en la recogida del mayor número de libros posible destinados a los presos/as políticos del pueblo, por eso os comunicamos a todos/as que la iniciativa ha sido de nuevo un gran éxito y además un gran paso adelante en este sentido ya que los números hablan por si solos: 312 libros recogidos. Euskal Herria necesita askatasuna !! Solidaridad.Euskal Herriak askatasuna behar du !! Elkartasuna. Además os enviamos un manifiesto de apoyo al movimiento pro-amnistia, denunciando el juicio que se esta realizando en Madrid contra 27 personas, que se enfrentan a penas de más de 10 años de cárcel por el simple echo de denunciar la tortura o la represión policial o mostrar su solidaridad y apoyo tanto al colectivo de presos/as políticos vascos como al de iheslaris políticos vascos o al conjunto de personas represaliadas en este país, tu adhesión es importantísima. http://www.mundurat.net/ezdadelitu

Presos políticos vascos: Balance de situación carcelaria

BALANCE DE LA SITUACIÓN CARCELARIA:Desde 1969 no ha habido tal número de presos políticos vascos
A finales del mes de febrero había 739 presos políticos vascos dispersos en decenas de cárceles de los estados español y francés. Una cifra que resulta histórica, a pesar de que, desde que en 1977 se aplicara la denominada «Ley de Amnistía», el número de ciudadanos vascos que han sido encarcelados por su militancia política ha aumentado casi cada año. El PSOE ha conseguido elevar las cifras hasta parámetros franquistas, en concreto hasta 1969.
Hay que remontarse a finales de la década de los sesenta para encontrar un momento en el que hubiera más presos políticos vascos que en la actualidad. Más concretamente, al año 1969. Pero ambas situaciones no son comparables, y no sólo porque entonces estuviera vigente en el Estado español una dictadura mientras que ahora rige un sistema supuestamente garantista de las libertades y los derechos.
El gráfico que representaría la situación de los diez últimos años del franquismo sería una línea recta rota de vez en cuando por grandes picos. La media de ciudadanos vascos presos por motivos políticos estaba en aquellos años en unos 300, pero esa regularidad se veía rota en momentos de especial convulsión en los que se practicaban centenares de detenciones. Es el caso del año 1969, que finalizó con 862 presos políticos en las cárceles españolas, o de 1975, que en diciembre arrojaba una cifra de 632 ciudadanos vascos encerrados por su militancia política.
Línea ascendente
Esa tónica de dientes de sierra continuó desde el minuto siguiente a la aplicación de la denominada «Ley de Amnistía» en 1977. Ya a finales de 1978 había 108 presos políticos vascos. Pero, si bien en estas tres décadas se han seguido dando momentos de mayor convulsión que han arrojado más apresamientos y más encarcelamientos, ha habido una serie de elementos que han hecho que aumente el número medio de presos políticos y que, sobre todo en los últimos ocho años, los picos se hayan convertido en una línea continua ascendente.
De hecho, desde el año 2000 hasta la actualidad el número de presos políticos ha aumentado año a año sin excepción, pasando de los 515 de entonces a los 739 de la actualidad. Pero la subida más importante se está dando en los últimos meses: en los ocho que han transcurrido desde el último balance realizado por Etxerat, ha aumentado en 142 el número de prisioneros vascos
«Cadena perpetua»
Antes de las elecciones locales y forales de mayo del pasado año, Etxerat dio a conocer un balance de la situación del colectivo que conforman sus familiares presos. Entonces, 597 vascos se encontraban dispersados 82 prisiones de tres estados.
Sólo ocho meses después, a las puertas de otra contienda electoral y con el PSOE lanzado a a reconquista del Gobierno español, ésta era la situación que reflejaba Etxerat: 739 vascos encarcelados en 89 prisiones de tres estados: 571 en 53 cárceles españolas; 166 en 34 cárceles francesas; y dos más en Canadá.
En estos ocho meses se han producido más de 300 detenciones (de ellas más de 200 en régimen de incomunicación), y casi la mitad han ingresado en prisión. En unos casos para cumplir largas condenas (macrosumario 18/98); en otros, tras redadas relacionadas con kale borroka; y en una parte en derivación de la Ley de Partidos, que han llevado a prisión a decenas de dirigentes políticos de la izquierda abertzale.
A ello se suman las trabas para la puesta en libertad. A 18 presos que ya han cumplido integramente sus condenas se les ha aplicado la llamada «doctrina Parot», la 197/2006, por la que su condena se alarga de forma automática gran número de años. Esta práctica se suma a la ya «rutinaria» denegación de la libertad condicional. En este momento, se veta este derecho a 169 presos políticos vascos.
info@basqueleft.org

Artículo de Estanis Etxaburu: IMPRESCINDIBLE!

Os adjunto un artículo de imprescindible lectura para todos los que queráis saber más sobre el nivel de opresión que sufren aquellos que se han dedicado a trabajar en favor de la solidaridad con los presos políticos de Euskal Herria.

Estanis Etxaburu Solabarrieta Ex preso político
Más que un juicio contra la Audiencia Nacional
Etxaburu realiza una defensa profunda y sentida del movimiento pro-amnistía. No en vano él ha sido una de las personas que, tanto desde dentro de la cárcel como desde fuera, ha conocido de primera mano el valor de la solidaridad y del trabajo político desarrollado por los 27 encausados y por miles de personas en las últimas décadas.
Pintan bastos. Pintan bastos en Madrid, en París, y muy especialmente aquí, en Euskal Herria. Aun y todo, la claridad de las ideas, el brindis de la labor compartida (las copas) y un afilada coherencia (las espadas) son seculares alforjas de viaje hacia un decidido futuro.
Los hay quienes roban en Hacienda o en el Guggenheim y viven tranquilos; los hay quienes después de asesinar y enterrar en cal vida a exiliados políticos vascos, hoy pasean por las calles; los hay quienes en nombre del Estado crearon sus sangrientas cloacas y hoy no tienen esa necesidad, pues aquella represión la han convertido en ley.
Mientras tanto, hay 27 mujeres y hombres de este país que mantienen un encomiable ejercicio de dignidad, coherencia y orgullo ante una instituida, y bien instituida, injusta y cruel casa judicial por donde han pasado ya miles y miles de vascas y de vascos. Gente amenazada a diez años de aplicación de una asesina política penitenciaria, y todo ello por el hecho de realizar una labor pública, social, de denuncia ante un letal atropello represivo que emana de una imposición política y militar de dos Estados, francés y español, contra Euskal Herria. En su componente militarizante, de control social y violencia policial; de persecución política, de criminalización e ilegalización; de tortura y macabra política carcelaria.
Los hay quienes hoy nos hablan de ciertas consultas sobre el derecho a decidir y al día siguiente nos dicen que desean pactar con los invasores que pretenden hacer desaparecer la disidente opción política independentista; los hay quienes, pretendiendo adueñarse de la ética y de la moralidad, por medio del uso y abuso del uniforme armado autonomista y del asalto a las alcaldías, dan paso a un cinismo del negocio político y fascista que conlleva todo un sufrimiento para el opositor; los hay inquisidores políticos y alcaldes que sobre unos actos violentos imponen acciones de condena a la oposición y a su vez se escapan de los plenos para no exigir la adopción de medidas contra la habitual tortura.
Mientras tanto, hay 27 vascas y vascos que entienden que en este impuesto marco jurídico-político aquella única defensa posible es el relato directo de una realidad que pretende un genocidio (¡todos a la cárcel!): dando la voz al que padece y a su vez lucha, dándole imagen y grito a la eternamente solapada tortura, dando la palabra a una militancia política golpeada también en las calles y en prisión. Una denuncia en vivo con todas sus consecuencias, tanto sociales como políticas. Tal actitud deja bien a las claras el carácter altruista, comprometido y solidario del que hace gala la trayectoria de décadas y décadas del movimiento pro-amnistía, algo que para sí quisieran negociantes trajeados alcaldes, diputados, parlamentarios y demás corte bajo palio invasor y fascista.
Los hay quienes pretenden seducir a españoles y franceses ofreciendo pactos bajo el único e indivisible marco de la respectiva constitución. Pactos que nada tienen que ver con el derecho a decidir de las vascas y los vascos, sino más bien con el sentirse cómodos en un extranjero estado y mantener la gestión del marco actual. Para ello está la «fontanería vascongada del país»: todos los puestos y contratos a dedo; una Euskal Telebista que más que informar opina y opina (anti-ezker abertzale, por supuesto) para dar saltos hacia los puestos de Sabin Etxea; una ETB calificada como pública y vasca que, ante la sagrada reliquia del cuerpo de nuestro comandante Kandido Saseta, mantiene la mezquina y cobarde actitud de silenciar toda historia y todo homenaje; una Policía vasca bajo el mandato de Ibarretxe que de policía tiene demasiado, nada de euskaldun y mucho de servilismo político-social bajo ley española, mediando una persecución y una brutalidad para finalmente provocar el aislamiento político y el encarcelamiento de abertzales. Un hacer sufrir, pretender hacer desaparecer todo clamor independentista y facilitar el camino a un PNV que sólo conoce de gestión, euros y despachos. Digámoslo claro: un partido político violento y, sobre todo, cobarde.
Ymientras esto sucede, 27 vascas y vascos se sientan delante de un tribunal que, a su vez, es calificado por los mismos encausados como un instrumento de verdadera presión contra todo lo que supone un mundo antirrepresivo y denunciante; un tribunal político-judicial que sí juzga ideologías, que sí utiliza como únicas pruebas aquellas que son de actuación política, que aplica regímenes de incomunicación que facilitan la aplicación de la tortura, que ni persigue ni toma medidas contra la misma, que sí es parte de una justicia injusta que condenará a los imputados a años de cárcel, alejamiento y aislamiento. Una Audiencia Nacional que también controla las condiciones de vida de las presas y presos políticos vascos, su día a día, así como la «efectividad» del cumplimiento total de las condenas impuestas; siendo así que hay presos que padecen graves e incurables enfermedades a los que no ponen en libertad, o aquellos otros a los que aun habiendo cumplido las condenas tampoco ponen en libertad en aplicación de relecturas de cariz altamente político y provocadas por la misma Audiencia Nacional. 27 mujeres y hombres que se convertirán en parte del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos, aportando al proceso de liberación su lucha intramuros contra unas crudas condiciones de vida, contra enfermedades y largas condenas bajo secuestro político, reivindicando la amnistía y la autodeterminación para Euskal Herria.
Ante toda esta injusticia violenta, el movimiento pro-amnistía es un activo imprescindible para este país tan fuertemente golpeado como es el nuestro. Un mundo solidario y comprometido ante el torturado; ante el preso indefenso; ante el señalado, criminalizado e ilegalizado; ante el familiar al que se le imponen mil obstáculos e incluso arriesga su vida; ante un pueblo militarizado e invadido y una interminable actitud compartida por miles y miles de personas y que avanza en defensa de unas libertades democráticas. Es decir, por los derechos civiles y políticos de las vascas y los vascos, así como en defensa de los derechos de Euskal Herria como nación que es. Una constante labor social y política, en denuncia de una represión que no hace más que alimentar un conflicto de raíz netamente político-militar contra nuestro pueblo.
Quizás algún día alguien levante el arco detector que tiene la Audiencia Nacional a su entrada e instalen otra máquina capaz de medir el sufrimiento producido y la capacidad de amar un pueblo que pretende ser libre. Bien seguro que los resultados obtenidos serían abrumadores, marcando una clara diferenciación entre los que allí han sido colocados para ejercer una concreta labor y a los que allí llaman una vez pasados por la humillación, el golpe, el horror de la bolsa, la bañera, el electrodo... signos de la amenaza, del miedo, del pánico, del odio y de la pretendida desesperanza.
Pintan bastos. Aun y todo, sabemos lo que queremos, pues lo necesitamos realmente. Y mirando al tan ansiado día, hay momentos en que levantamos nuestras copas en señal de solidaridad, compromiso y convicción. Es así que los 27 mantienen afilada la espada de la coherencia y de la dignidad, características intrínsecas de una gente que lucha, que ama y que se hace amar. Gora zuek! Los demás, deberíamos de pretender ser el número 28.

Iniciativas de solidaridad con los encausados: PARTICIPA!

Varios personalidades y agentes sociales se suman a la manifestación del próximo sábado en Bilbao.
En la aparición que han realizado hoy en Donostia, han comparecido varios ciudadanos que trabajan en diferentes ámbitos de Euskal Herria.
Para firmar el manifiesto: www.mundurat.net/ezdadelitu
Euskal Herriak Askatasuna behar du!
Ante el juicio 33/01, en contra del movimiento pro amnistía, queremos expresar lo siguiente:
Denunciar la dispersión no es delito. Es la situación de excepción creada a raíz de la dispersíon y las extremas medidas que durante décadas se vienen tomando en contra del colectivo de presos y presas políticas los que conforman el delito.
Denunciar la tortura no es delito. La propia tortura y la maquinaria que la protege son el delito: los tribunales de excepción, la ley de incomunicación, y en definitiva el espacio de impunidad que posibilita la tortura son los que conforman el delito.
Denunciar la represión y proteger a las personas que la sufren no es delito. La violencia y violación de derechos de los estados son el delito.
La solidaridad no es delito. La criminalización y los ataques en contra del movimiento que protege a los presos y presas y a miles de personas que sufren la represión en euskal herria son el delito.
Ayudar y proteger a las personas presas, exiliadas y sus familiares no es delito. La persecución y violación de derechos que se realizan con el fin de acabar con estos colectivos son el delito.
Lo que han enjuiciado y pretender juzgar, son la denuncia de la violencia y la represión del estado, así como la solidaridad hacia los y las presas y exiliadas. Quieren quitar de en medio al testigo que señala el caracter no democrático de los estados Español y Francés, desnudandolos ante la sociedad vasca y el mundo. El movimiento pro amnistía a ofrecido y sigue ofreciendo a este pueblo, un espacio para la denuncia de la represión y la solidaridad. Un espacio del que tambien nosotros y nosotras, junto a miles de personas y agentes sociales somos participes.
En esta ocasión en que en la Audiencia Nacional de Madrid se pretende juzgar al movimiento pro amnistía, nosotros y nosotras también nos sentimos juzgadas, ya que hemos participado en infinidad de iniciativas de solidaridad y denuncia de la represión, y en el futuro, queremos continuar participando en él.
Por lo tanto;
· Nos ratificamos en el compromiso que tenemos en el espacio que el movimiento pro amnistía nos ofrece para la denuncia de la represión y la solidaridad con los y las represaliadas.
· Ofrecemos toda nuestra solidaridad y apoyo al movimiento pro amnistía y las 27 personas que están siendo juzgadas, para que sigan realizando su labor, que creemos necesaria en Euskal Herria.
· Reivindicamos la amnistía. Entendemos que es necesaria la desaparición de los tribunales, leyes y medidas de excepción, como este juicio, con los que los estados, vulneran derechos básicos en Euskal Herria. Reivindicamos el reconocimiento de los y las presas políticas, y todos sus derechos. Reivindicamos la amnistía para Euskal Herria. Entendemos que la libertad de los y las presas y el regreso de los y las exiliadas a Euskal Herria, es necesario, en el camino hacia un futuro en el que Euskal Herria decida su futuro en libertad.