«¿Cómo van a defenderse ante una locura que no tiene ninguna lógica?» El representante de la Asociación Americana de Juristas Willian Sloan, se pregunta en declaraciones a GARA, tras escuchar las acusaciones a los imputados en el sumario 33/01, «cómo» iban a defenderse «ante una locura que no tiene ninguna lógica».
El juicio oral contra el movimiento pro-amnistía concluye hoy en la Audiencia Nacional. Tras los informes de calificación del Ministerio Fiscal, que elevó las peticiones de pena de 10 a 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, pidió la absolución de tres procesados -Mitxel Sarasketa, Maitane Mendez y Jorge Arredondo- y mantuvo la petición de 10 años para el resto, la acusación particular que ejerce la AVT se limitó a seguir ayer el guión escrito el día anterior. Con las intervenciones de los abogados defensores y la última palabra que se concede a los imputados se cerrarán hoy dos meses de sesiones en el recinto habilitado por el tribunal especial en la madrileña Casa de Campo. El secretario general adjunto de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y presidente de su sección canadiense, William Sloan, ha seguido las dos últimas sesiones del juicio y manifiesta a GARA que el sumario 33/01 «es una locura».Sloan revela que si fuera el primer macroproceso contra organizaciones de la izquierda abertzale que sigue de cerca se sorprendería por las acusaciones, ya que ha escuchado en la sala que el movimiento pro-amnistía «es un grupo que trabaja con presos, no está armado y no ha financiado el terrorismo, pero está vinculado por su afinidad ideológica».«Es una locura, ni siquiera alegan como prueba que hubieran recibido órdenes ni que apoyen a un grupo armado» critica, y añade con un toque de humor recordando a los irreductibles galos que «como dice Obélix: `Están locos estos españoles'».El jurista canadiense siguió de cerca el macroproceso 18/98 y denuncia que «existe» una tesis iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se repite «constantemente», también en este sumario. Según asegura, «no tiene lógica» lo que defiende el Estado español cuando «dice que el grupo armado es el que manda automáticamente». En este sentido, recuerda que en el proceso de paz en el norte de Irlanda fue el Sinn Fein el que dirigió las negociaciones políticas y que en el caso de Euskal Herria también existe «un movimiento político que insiste en mantener su participación en procesos electorales».
«Es un teatro político»Sloan comprende la actitud adoptada por los encausados en el sumario 33/01. En su opinión, «no han entrado en el juego» porque la tesis de Garzón se había impuesto ya en el «caso Jarrai-Haika-Segi» y el 18/98 y considera imposible «pelear en esas circunstancias otra vez». Además, denuncia que «cómo van a defenderse» si no se les acusa de actuaciones concretas de cada uno.El abogado de Quebec critica también que a los procesados se les imputa «la pertenencia al MLNV, participar en reuniónes de la izquierda abertzale, comparecencias públicas, ruedas de prensa...cuando no están escondidos y ellos mismos lo admiten». «Si eso es una acción criminal, cómo van a defenderse», insiste. Según manifiesta, los juicios de la Audiencia Nacional son «un teatro político» porque «los jueces han dejado a la Policía que determine la culpabilidad» de los imputados, en referencia a la aceptación como peritos «expertos en ETA» de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.En cuanto a los informes de calificación de las partes acusatorias, se muestra muy molesto porque en ellos se resalta que varios de los imputados han estado en prisión. A su juicio, «es algo común que he visto en muchas ocasiones con personas que han pasado por la cárcel y después trabajan apoyando a los presos en la reinserción y en la defensa de sus derechos». Asimismo, recuerda la utilización realizada por el fiscal al justificar la absolución de tres procesados como prueba de que el sumario 33/01 ha sido «un proceso con todas las garantías».Sloan no comprende cómo el fiscal, tras anunciar la «retirada de acusaciones no merecidas» y que se han mantenido durante siete años «como la espada de Damocles sobre sus cabezas», pretende hacer creer ahora que las peticiones de condena contra el resto son correctas.Otro de los aspectos que denuncia son las acusaciones contra el abogado Julen Arzuaga por defender a personas en procesos de extradición como él mismo ha hecho en varias ocasiones con militantes vascos detenidos en Canadá. En este sentido, señala que el principal motivo de su presencia en el juicio ha sido que, en su opinión, «todas las personas tienen derecho a la defensa aunque los gobiernos digan que son terroristas o hayan cometido los peores delitos».
«Se puede parar la deportación por el riesgo a ser torturado»
El viernes se cumplirá un año desde que el refugiado político vasco Iban Apaolaza fue arrestado en Quebec escasos días después de la ruptura del alto el fuego por parte de ETA. Sloan ha defendido los intereses del beasaindarra en el proceso de expulsión iniciado por el Gobierno de Canadá, que podría concluir con su entrega a policías españoles.
Hace un mes el comisario de inmigración ordenó la deportación de Apaolaza, pero el jurista no pierde la esperanza y recuerda que han apelado a la Corte Federal. A la espera de que se pronuncie, Sloan manifiesta que «tenemos un buen punto de partida para empezar», ya que el juez administrativo que trató la expulsión «aceptó» que las declaraciones de Ana Belén Egues en las que se basan las acusaciones contra Apaolaza se obtuvieron bajo torturas.
Asimismo, asegura que todavía quedaría la posibilidad de parar la deportación por el riesgo a ser torturado que correría el preso político vasco. «Todo el mundo cuenta con ese derecho, aunque no se le acepte el asilo político por una supuesta vinculación terrorista», explica. M.A.
El juicio oral contra el movimiento pro-amnistía concluye hoy en la Audiencia Nacional. Tras los informes de calificación del Ministerio Fiscal, que elevó las peticiones de pena de 10 a 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, pidió la absolución de tres procesados -Mitxel Sarasketa, Maitane Mendez y Jorge Arredondo- y mantuvo la petición de 10 años para el resto, la acusación particular que ejerce la AVT se limitó a seguir ayer el guión escrito el día anterior. Con las intervenciones de los abogados defensores y la última palabra que se concede a los imputados se cerrarán hoy dos meses de sesiones en el recinto habilitado por el tribunal especial en la madrileña Casa de Campo. El secretario general adjunto de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y presidente de su sección canadiense, William Sloan, ha seguido las dos últimas sesiones del juicio y manifiesta a GARA que el sumario 33/01 «es una locura».Sloan revela que si fuera el primer macroproceso contra organizaciones de la izquierda abertzale que sigue de cerca se sorprendería por las acusaciones, ya que ha escuchado en la sala que el movimiento pro-amnistía «es un grupo que trabaja con presos, no está armado y no ha financiado el terrorismo, pero está vinculado por su afinidad ideológica».«Es una locura, ni siquiera alegan como prueba que hubieran recibido órdenes ni que apoyen a un grupo armado» critica, y añade con un toque de humor recordando a los irreductibles galos que «como dice Obélix: `Están locos estos españoles'».El jurista canadiense siguió de cerca el macroproceso 18/98 y denuncia que «existe» una tesis iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se repite «constantemente», también en este sumario. Según asegura, «no tiene lógica» lo que defiende el Estado español cuando «dice que el grupo armado es el que manda automáticamente». En este sentido, recuerda que en el proceso de paz en el norte de Irlanda fue el Sinn Fein el que dirigió las negociaciones políticas y que en el caso de Euskal Herria también existe «un movimiento político que insiste en mantener su participación en procesos electorales».
«Es un teatro político»Sloan comprende la actitud adoptada por los encausados en el sumario 33/01. En su opinión, «no han entrado en el juego» porque la tesis de Garzón se había impuesto ya en el «caso Jarrai-Haika-Segi» y el 18/98 y considera imposible «pelear en esas circunstancias otra vez». Además, denuncia que «cómo van a defenderse» si no se les acusa de actuaciones concretas de cada uno.El abogado de Quebec critica también que a los procesados se les imputa «la pertenencia al MLNV, participar en reuniónes de la izquierda abertzale, comparecencias públicas, ruedas de prensa...cuando no están escondidos y ellos mismos lo admiten». «Si eso es una acción criminal, cómo van a defenderse», insiste. Según manifiesta, los juicios de la Audiencia Nacional son «un teatro político» porque «los jueces han dejado a la Policía que determine la culpabilidad» de los imputados, en referencia a la aceptación como peritos «expertos en ETA» de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.En cuanto a los informes de calificación de las partes acusatorias, se muestra muy molesto porque en ellos se resalta que varios de los imputados han estado en prisión. A su juicio, «es algo común que he visto en muchas ocasiones con personas que han pasado por la cárcel y después trabajan apoyando a los presos en la reinserción y en la defensa de sus derechos». Asimismo, recuerda la utilización realizada por el fiscal al justificar la absolución de tres procesados como prueba de que el sumario 33/01 ha sido «un proceso con todas las garantías».Sloan no comprende cómo el fiscal, tras anunciar la «retirada de acusaciones no merecidas» y que se han mantenido durante siete años «como la espada de Damocles sobre sus cabezas», pretende hacer creer ahora que las peticiones de condena contra el resto son correctas.Otro de los aspectos que denuncia son las acusaciones contra el abogado Julen Arzuaga por defender a personas en procesos de extradición como él mismo ha hecho en varias ocasiones con militantes vascos detenidos en Canadá. En este sentido, señala que el principal motivo de su presencia en el juicio ha sido que, en su opinión, «todas las personas tienen derecho a la defensa aunque los gobiernos digan que son terroristas o hayan cometido los peores delitos».
«Se puede parar la deportación por el riesgo a ser torturado»
El viernes se cumplirá un año desde que el refugiado político vasco Iban Apaolaza fue arrestado en Quebec escasos días después de la ruptura del alto el fuego por parte de ETA. Sloan ha defendido los intereses del beasaindarra en el proceso de expulsión iniciado por el Gobierno de Canadá, que podría concluir con su entrega a policías españoles.
Hace un mes el comisario de inmigración ordenó la deportación de Apaolaza, pero el jurista no pierde la esperanza y recuerda que han apelado a la Corte Federal. A la espera de que se pronuncie, Sloan manifiesta que «tenemos un buen punto de partida para empezar», ya que el juez administrativo que trató la expulsión «aceptó» que las declaraciones de Ana Belén Egues en las que se basan las acusaciones contra Apaolaza se obtuvieron bajo torturas.
Asimismo, asegura que todavía quedaría la posibilidad de parar la deportación por el riesgo a ser torturado que correría el preso político vasco. «Todo el mundo cuenta con ese derecho, aunque no se le acepte el asilo político por una supuesta vinculación terrorista», explica. M.A.
Un día antes, el fiscal retiró los cargos a tres procesados y elevó la petición para Olano, Zelarain y Jugo en su informe y retiró las acusaciones contra tres procesados y mantuvo en 10 años las peticiones para el resto. Bautista defendió que el del sumario 33/01 «ha sido un juicio absolutamente jurídi- co» frente a la denuncia sobre el carácter político del proceso de los imputados, a quienes espetó que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho».
Las informaciones filtradas a distintos medios de comunicación en los últimos días acerca del informe de calificaciones del Ministerio Público contra los procesados en el sumario 33/01 se vieron ayer ratificadas en su totalidad. El fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista aumentó de 10 a 13 años las peticiones de condena para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo.Como argumento para actuar de esa manera señaló que durante las sesiones que comenzaron a finales de abril ha quedado probado que estas tres perso- nas ejercían de «dirigentes» de ETA en el movimiento pro-amnistía. A Olano y Zelarain les acusó de ser los «responsables nacionales» de Gestoras pro-Amnistía, mientras en el caso de Jugo mezcló una manifestación celebrada en Durango en denuncia de la situación de los presos políticos con un atentado de ETA contra un concejal del PP de la misma localidad.Tal y como se había anunciado también desde los medios, Bautista retiró las acusaciones por falta de pruebas contra Mitxel Sarasketa, Maitane Méndez y Jorge Arredondo. En cuanto a los otros 21 procesados, mantuvo la petición de 10 años de condena por «pertenencia a organización armada».Acompañado en la Sala por el fiscal jefe del tribunal especial, Javier Zaragoza, el representante del Ministerio Público se explayó por un amplio espacio de tiempo -más de cuatro horas- en la exposición de su informe. En un tono provocador y arrogante hacia los procesados, Bautista se defendió de las reiteradas acusaciones realizadas por los imputados en relación a la «motivación política» del juicio.El fiscal insistió en que el del sumario 33/01 «ha sido un juicio absolutamente jurídico» y aportó como prueba el hecho de que haya retirado las acusaciones contra tres procesados porque no han encontrado indicios para incriminarles. Bautista criticó que «el único matiz político lo han introducido los procesados» e hizo referencia a las manifestaciones que realizaron cuando en la primera sesión renunciaron a la defensa jurídica.En su opinión, los acusados habrían actuado de esa manera porque «han seguido la guía o el manualillo del buen miembro de la organización terro- rista», al tiempo que calificaba esa opción como «farsa, teatri-llo y montaje».Alzando la voz, el representante fiscal espetó mirando a los acusados que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho». Incluso llegó a aventurar que si son condenados losprocesados harán uso del recurso de casación o del recurso de amparo para tratar de eludir la prisión.En su intento de provocar la reacción de los encausados, hizo referencia a las declaraciones realizadas por Txema Olabarrieta, quien manifestó en la primera sesión de la vista que «a un vasco sólo le pueden juzgar vascos». Tildó la frase de «ejemplo de etnicismo excluyente» y añadió que «si alguna vez hay una república soviética vasca, no firmarán los acuerdos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en ese tribunal habrá un juez español».
Sin imputaciones individualesBautista aseguró que, tras el «levantamiento del velo» al movimiento pro-amnistía, ha quedado demostrado que es «una or- ganización dirigida por ETA». Como en el sumario 18/98, utilizó la teoría del «desdoblamiento de delegados» de la organización armada para corroborar sus manifestaciones.En este sentido, declaró que pese a la «separación táctica» existe una «unidad estratégica» porque todas las organizaciones de la izquierda abertzale «obran en un mismo impulso de ETA».El fiscal hizo alusión en repetidas ocasiones a que la Audiencia Nacional cuenta con pruebas inculpatorias contra los procesados, pero al comunicar las imputaciones individualizadas volvió a quedar en evidencia que se ha limitado a demostrar que los acusados han sido miembros del movimiento pro-amnistía, todo ello a través de escuchas telefónicas y ruedas de prensa en la que ellos mismos se identificaban de esa manera.Y es que el propio Bautista reconoció en las primeras semanas del juicio, en el transcurso de una charla con los alumnos de la Universidad Complutense que asistían a la sesión como invitados, que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que trataría de probar que el movimiento pro-amnistía era el encargado de «señalar objetivos».Una actuación que contradice uno de los principios básicos que rige el Derecho Penal español, como es la individualización de la conducta, que obliga al acusador a decir lo que ha hecho cada uno de los imputados y acreditarlo.En este sentido, realizó ayer unas declaraciones reveladoras al manifestar que «no decimos que alguno de los procesados haya sido el que haya ido a quemar coches o contenedores, sino que han tenido que coordinarlo de alguna manera porque eran ellos los que convocaban las jornadas de lucha».Las declaraciones policiales han sido también utilizadas como prueba inculpatoria, y en previsión de que pudieran ser rechazadas por existir denuncias de torturas, Bautista advirtió al tribunal que no debe tener en cuenta que Ibon Aranalde, Susana Atxaerandio y Jorge Olaiz relataron que fueron objetos de malos tratos porque no consta ningún informe forense que así lo corrobore.
«Dolido» por la renunciaEn nombre de los procesados, Julen Larrinaga valoró tras finalizar el fiscal la exposición de las calificaciones que la postura adoptada el primer día por los imputados ha «hecho daño» en el Ministerio Público.Larrinaga recordó que «denunciamos que teníamos la convicción de que la condena estaba escrita y renunciamos por ello a la defensa jurídica», e insistió en que esa actitud ha «dolido» a la Fiscalía ya que ha utilizado «gran parte de su alegato para ensuciar nuestra postura, entrando incluso en provocaciones».En cuanto a la retirada de la acusación contra tres de los procesados, criticó que el fiscal lo ha utilizado para justificar la «transparencia» de la Audiencia Nacional queriendo hacer ver que ha tenido en consideración «todas las garantías procesales». Por ello, se preguntó por qué «han tenido encausados en este sumario durante siete años a estas tres personas» y afirmó que para compensar esa actuación ha elevado las peticiones de pena contra otros tres imputados.
Las informaciones filtradas a distintos medios de comunicación en los últimos días acerca del informe de calificaciones del Ministerio Público contra los procesados en el sumario 33/01 se vieron ayer ratificadas en su totalidad. El fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista aumentó de 10 a 13 años las peticiones de condena para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo.Como argumento para actuar de esa manera señaló que durante las sesiones que comenzaron a finales de abril ha quedado probado que estas tres perso- nas ejercían de «dirigentes» de ETA en el movimiento pro-amnistía. A Olano y Zelarain les acusó de ser los «responsables nacionales» de Gestoras pro-Amnistía, mientras en el caso de Jugo mezcló una manifestación celebrada en Durango en denuncia de la situación de los presos políticos con un atentado de ETA contra un concejal del PP de la misma localidad.Tal y como se había anunciado también desde los medios, Bautista retiró las acusaciones por falta de pruebas contra Mitxel Sarasketa, Maitane Méndez y Jorge Arredondo. En cuanto a los otros 21 procesados, mantuvo la petición de 10 años de condena por «pertenencia a organización armada».Acompañado en la Sala por el fiscal jefe del tribunal especial, Javier Zaragoza, el representante del Ministerio Público se explayó por un amplio espacio de tiempo -más de cuatro horas- en la exposición de su informe. En un tono provocador y arrogante hacia los procesados, Bautista se defendió de las reiteradas acusaciones realizadas por los imputados en relación a la «motivación política» del juicio.El fiscal insistió en que el del sumario 33/01 «ha sido un juicio absolutamente jurídico» y aportó como prueba el hecho de que haya retirado las acusaciones contra tres procesados porque no han encontrado indicios para incriminarles. Bautista criticó que «el único matiz político lo han introducido los procesados» e hizo referencia a las manifestaciones que realizaron cuando en la primera sesión renunciaron a la defensa jurídica.En su opinión, los acusados habrían actuado de esa manera porque «han seguido la guía o el manualillo del buen miembro de la organización terro- rista», al tiempo que calificaba esa opción como «farsa, teatri-llo y montaje».Alzando la voz, el representante fiscal espetó mirando a los acusados que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho». Incluso llegó a aventurar que si son condenados losprocesados harán uso del recurso de casación o del recurso de amparo para tratar de eludir la prisión.En su intento de provocar la reacción de los encausados, hizo referencia a las declaraciones realizadas por Txema Olabarrieta, quien manifestó en la primera sesión de la vista que «a un vasco sólo le pueden juzgar vascos». Tildó la frase de «ejemplo de etnicismo excluyente» y añadió que «si alguna vez hay una república soviética vasca, no firmarán los acuerdos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en ese tribunal habrá un juez español».
Sin imputaciones individualesBautista aseguró que, tras el «levantamiento del velo» al movimiento pro-amnistía, ha quedado demostrado que es «una or- ganización dirigida por ETA». Como en el sumario 18/98, utilizó la teoría del «desdoblamiento de delegados» de la organización armada para corroborar sus manifestaciones.En este sentido, declaró que pese a la «separación táctica» existe una «unidad estratégica» porque todas las organizaciones de la izquierda abertzale «obran en un mismo impulso de ETA».El fiscal hizo alusión en repetidas ocasiones a que la Audiencia Nacional cuenta con pruebas inculpatorias contra los procesados, pero al comunicar las imputaciones individualizadas volvió a quedar en evidencia que se ha limitado a demostrar que los acusados han sido miembros del movimiento pro-amnistía, todo ello a través de escuchas telefónicas y ruedas de prensa en la que ellos mismos se identificaban de esa manera.Y es que el propio Bautista reconoció en las primeras semanas del juicio, en el transcurso de una charla con los alumnos de la Universidad Complutense que asistían a la sesión como invitados, que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que trataría de probar que el movimiento pro-amnistía era el encargado de «señalar objetivos».Una actuación que contradice uno de los principios básicos que rige el Derecho Penal español, como es la individualización de la conducta, que obliga al acusador a decir lo que ha hecho cada uno de los imputados y acreditarlo.En este sentido, realizó ayer unas declaraciones reveladoras al manifestar que «no decimos que alguno de los procesados haya sido el que haya ido a quemar coches o contenedores, sino que han tenido que coordinarlo de alguna manera porque eran ellos los que convocaban las jornadas de lucha».Las declaraciones policiales han sido también utilizadas como prueba inculpatoria, y en previsión de que pudieran ser rechazadas por existir denuncias de torturas, Bautista advirtió al tribunal que no debe tener en cuenta que Ibon Aranalde, Susana Atxaerandio y Jorge Olaiz relataron que fueron objetos de malos tratos porque no consta ningún informe forense que así lo corrobore.
«Dolido» por la renunciaEn nombre de los procesados, Julen Larrinaga valoró tras finalizar el fiscal la exposición de las calificaciones que la postura adoptada el primer día por los imputados ha «hecho daño» en el Ministerio Público.Larrinaga recordó que «denunciamos que teníamos la convicción de que la condena estaba escrita y renunciamos por ello a la defensa jurídica», e insistió en que esa actitud ha «dolido» a la Fiscalía ya que ha utilizado «gran parte de su alegato para ensuciar nuestra postura, entrando incluso en provocaciones».En cuanto a la retirada de la acusación contra tres de los procesados, criticó que el fiscal lo ha utilizado para justificar la «transparencia» de la Audiencia Nacional queriendo hacer ver que ha tenido en consideración «todas las garantías procesales». Por ello, se preguntó por qué «han tenido encausados en este sumario durante siete años a estas tres personas» y afirmó que para compensar esa actuación ha elevado las peticiones de pena contra otros tres imputados.
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