viernes, 27 de junio de 2008
PSOE y PP se niegan a reconocer a las víctimas de las FSE
El Parlamento de Gasteiz vivió una de esas jornadas que retratan a las personas y sacan a la luz la dudosa sinceridad de aquellos a quienes se les llena la boca cuando hablan de «las víctimas». La realidad, como sólo a veces sucede, puso las cosas en su sitio.«Las víctimas del terrorismo son víctimas inocentes desde el primer momento; los muertos de ETA o de quienes les amparan o justifican, lo son en virtud de su actividad terrorista». Esta frase puso el epílogo a la intervención de Rodolfo Ares después de que Jon Mirena Landa, director de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua, expusiera su informe sobre Víctimas de la Violencia de Motivación Política. Un informe que incluye a 109 personas muertas y 538 heridas a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de grupos parapoliciales y de extrema derecha, y que el portavoz del PSE calificó de «humillación a las víctimas del terrorismo y a cientos de policías asesinados por defender la democracia».Como el propio Landa se encargó de enfatizar, en su informe aparecen muchas personas ajenas a cualquier actividad política o armada, que fueron ametralladas en controles y manifestaciones, por fuerzas policiales o «incontrolados» -citó los casos de Normi Mentxaka, Mikel Salegi y Koldo Arriola, entre otros-, junto a casos que causaron una honda conmoción en la sociedad vasca, como los cinco obreros tiroteados en Gasteiz o las muertes de Joxe Arregi y Mikel Zabaltza.El director de Derechos Humanos, de hecho, admitió que el informe se hallaba incompleto por el plazo en el que debía ser presentado y, en el caso de las personas torturadas, explicó que sólo había incluido en su listado aquellas que habían fallecido a consecuencia de la tortura -una decena-, aun admitiendo que informes al respecto cuantifican en 5.000 ó 7.000 las víctimas de esta práctica.Las explicaciones fueron baldías, y Ares, con Santiago Abascal haciéndole los coros y pugnando por cosechar hoy algún titular, insistió en su carga contra Landa. Le reprochó el «poner en la misma balanza a policías y terroristas» y el estar «instalado en la equidistancia entre víctimas y victimarios». También le acusó de haber hecho un trabajo «poco riguroso» basado «en informes periodísticos, ¡incluido GARA!», y sentenció que estaba «descalificado» para seguir al frente de la Dirección de Derechos Humanos.La acometida del portavoz del PSE contra cualquier reconocimiento y reparación a las víctimas no oficiales y su cierre de filas con los cuerpos policiales, de ayer y de hoy, le llevó incluso a poner más que en entredicho la credibilidad de los relatores de la ONU que una vez tras otra sitúan sobre la mesa la realidad de la tortura en este país.En el otro lado de la mesa, Landa recabó el apoyo explícito de Aintzane Ezenarro (Aralar) y Rafa Larreina (EA), mientras que el portavoz jeltzale Ricardo Gatzagaetxebarria pedía tiempo para analizar el informe y sostenía hasta en tres ocasiones que «no se pueden equiparar» a estas víctimas con las institucionalmente ya reconocidas. El parlamentario del PNV también se apresuró a subrayar que para su grupo «es la existencia de ETA el principal conflicto político que tenemos».Desde Ezker Abertzalea, Itziar Basterrika agradeció a Landa su trabajo, pero recordó que este grupo siempre ha señalado que las víctimas, en su globalidad, son consecuencia del conflicto y como tal deben ser tratadas, sin diferenciarlas y buscando una solución global a aquello que les ha llevado a ser víctimas.
Comparecencia de EtxeratAres, en cualquier caso, había cogido carrerilla. En el cuarto punto del orden del día una representación de Etxerat compareció para explicar la situación de los presos políticos vascos gravemente enfermos a quienes, pese a su estado, se les niega la libertad. José Cruz Coto dio detalles del estado de once represaliados y citó el caso de otros dos, también enfermos, mientras Ainhoa Baglietto, abogada de Mikel Ibáñez, explicó en profundidad la situación del preso elgoibartarra.También tomó la palabra Mari Carmen Fernandez, madre de Anjel Figueroa, que trasladó en una emotiva alocución la grave situación de su hijo, continuamente hospitalizado a causa de fuertes ataques epilépticos; y tras ella intervino Bego, hermana de Joseba Asensio, muerto en 1986 a causa de la desasistencia sanitaria.La mayoría de los grupos acogió con receptividad las demanda de Etxerat, pero cuando Ares encendió el micrófono -el PP se ausentó- espetó a los comparecientes que «ustedes tienen familiares enfermos, pero los tienen vivos y en la cárcel. No es lo mismo ir a visitar a un familiar a la cárcel que al cementerio». Siguió afirmando que «nosotros vivimos una pesadilla porque estamos amenazados por la organización terrorista de la que sus familiares formaron o forman parte» y, tras sostener que «en España no hay presos políticos», defendió que el «Estado de Derecho» vela como debe por la salud de los presos vascos.Frente a esta afirmación, Coto subrayó que «tenemos claro que nuestros familiares son presos políticos» y puso como mejor ejemplo de ello la forma en que son tratados por las autoridades penitenciarias y judiciales españolas.Baglietto también se dirigió a Ares, y le puso sobre la mesa la situación de aquellas personas condenadas por matar, secuestrar y torturar en nombre de los GAL y que se encuentran todas en la calle por motivos como sufrir «una depresión».La letrada invitó al dirigente del PSE a comparar los partes médicos que expusieron ayer, pertenecientes a personas a quienes mantienen en prisión, y los de los miembros de los GAL ya excarcelados. Mari Carmen Fernández concretó un poco más y recordó el caso de Enrique Rodríguez Galindo, «condenado por torturas y asesinato». Luego explicó que su hijo no está condenado ni por una cosa ni la otra. Y sigue preso.
Jon Mirena Landa recomienda en su informe que se cree un «servicio para facilitar la atención a las víctimas de la violencia de motivación política», una Ponencia específica en el Parlamento y elaborar una ley que se haga cargo de estas víctimas.
Minutos después, Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo, propuso un plan sólo para las víctimas de los GAL y los grupos de extrema derecha -66 muertos y 63 heridos-, y rechazando la «equiparación» de las víctimas.
Frente a la petición de los familiares de liberar a los prisioneros enfermos, Ares afirmó que «la historia de Euskadi está llena de presos graves que después de su excarcelación se recuperan milagrosamente para seguir con sus actividades».
Desde Etxerat reclamaron a la Comisión de Derechos Humanos que pida la libertad inmediata de Mikel Ibáñez y la aplicación del artículo 92 al resto de presos enfermos, así como pasos efectivos para hacer frente a la situación de los prisioneros.
Las protestas en apoyo a presos vascos no cesan
El día 23 fueron decenas las personas que se movilizaron en pro de los derechos de los presos vascos. En Iurreta se reunieron 45; en Santurtzi 70; en Ondarroa 67; en Zaldibia 25; en Ataun 18; en Altza 32 y en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga 23; en Laudio 49, en Euba 7, 18 en Astigarraga y en Oiartzun medio centenar.
miércoles, 25 de junio de 2008
Denuncian en San Pedro la situación del preso Jon Ander Urkizu
Amigos y vecinos del sanpedrotarra Jon Ander Urkizu se reunieron el sábado 31 de mayo en una concentración de denuncia por la situación de este preso. Tras haberle sido aplicada la llamada Doctrina Parot, Urkizu deberá seguir en prisión hasta 2016, si bien cumplió su condena en julio de 2007.
comunicado redactado por los convocantes de la concentración: «Jon Ander Urkizu Ormazabal fue detenido el 19 de Septiembre de 1986 por la policía Nacional en su domicilio de Pasai San Pedro. Pasó 7 días en el Gobierno Civil de Donosita donde fue sometido a diversas torturas. En estos años ha conocido múltiples prisiones a causa de la política de dispersión que diseñó en 1987 el gobierno del PSOE, con la ayuda de PNV (Carabanchel, Herrera de la Mancha, Sevilla, Gijón, Iruña, Soria, Teruel, Huesca, Martutene y Zuera). Fue juzgado en dos ocasiones por el código penal vigente en aquellos años, por lo que cumplió las ¾ partes de su condena en octubre del año 2000 sin embargo se le denegó este derecho y no fue excarcelado.Jon debía haber sido puesto en libertad con la condena cumplida el 22 de Julio del 2007, pero en otra maniobra de aniquilamiento al Colectivo de Presos Vascos, el Tribunal Supremo Español le aplica la sentencia 197/2006 (conocida por la Doctrina Parot ) manteniéndole encarcelado el máximo tiempo establecido (30 años ) y suspendiéndole las redenciones ordinarias y extraordinarias que tenía aplicadas hasta ahora, por lo que le han alargado la condena hasta el 10 de Septiembre del 2016. Amigos, familiares y vecinos de Jon aquí concentrados queremos denunciar firmemente la “cadena perpetua“ que conlleva la aplicación de dicha sentencia, exigimos al Estado Español con el PSOE a su cabeza la derogación de esta ley, también pedimos a los partidos políticos (en particular al PNV) un posicionamiento público y claro ante la vulneración continua de los derechos de los Presos Políticos Vascos. Por último queremos mandar un fuerte saludo a todo el colectivo de Presos y en especial a nuestro amigo Jon y transmitirles nuestro apoyo y solidaridad. Gora Jon! Jon Urkizu kalera orain!».
Euskal Herria: represión y movimiento pro amnistía
Artículo publicado por Comité de Solidaridad con los Pueblos (C.S.P.). Valladolid, que lucha por el reconocimiento de las naciones oprimidas como Euskal Herria.
El Estado monárquico español está reprimiendo al movimiento popular vasco desde todos los ámbitos, mostrándose en cada acción contra la izquierda abertzale como lo que verdaderamente es: un Estado represor al servicio del capitalismo, que a pesar de su careta democrática no puede ocultar sus profundas arrugas franquistas. La falta de democracia está siendo percibida cada vez por más personas a pesar de las cansinas macrocampañas de los medios de difusión capitalistas criminalizando a la izquierda abertzale, y ocultando su trabajo y sus posicionamientos en lo político, sindical, internacional, medio ambiental, mujer, jóvenes, etc. Todas las informaciones sobre el movimiento de liberación nacional vasco y sus organizaciones son para criminalizarlo y siempre dichas o escritas por sus enemigos nacionales y de clase. Acabar con la izquierda vasca parece ser el objetivo del gobierno español. Así como los golpes, torturas, cárcel, prohibiciones, multas, ilegalizaciones, criminalizaciones, legislaciones de excepción..., los medios empleados para conseguirlo. Pero los problemas políticos de Euskal Herria, además de no tener solución con más represión, están pidiendo a gritos más democracia y no más estado de excepción, más derechos democráticos para los pueblos y sus trabajadores, y no para el imperio y sus explotadores. La persecución judicial a la izquierda abertzale, utilizando a la "Audiencia Nacional" (heredera del viejo "Tribunal de Orden Público" franquista),es una de las prácticas represivas habituales del Estado que deja a la supuesta independencia judicial como un mal chiste. La Audiencia Nacional suspendió las actividades de las principales organizaciones políticas de la izquierda aberzale para que después fueran ilegalizadas (Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, Jarrai, Haika y distintas plataformas populares); cerró medios de comunicación (Eguin, Eguin Irratia, Kale Gorria, Egunkaria); cerró las Herrico Tabernas; procesó y encarceló, hace tan sólo unos meses, a 46 vascas y vascos tras la farsa judicial del 18/98; suspendió hace cuatro meses las actividades de EHAK y ANV para que no pudieran presentarse a las elecciones de marzo, (el caso está ahora mismo en el Tribunal Supremo); y esta semana ha terminado la últimafarsa judicial (por ahora) contra 27 miembros de las Gestoras pro Amnistía. Las Gestoras pro Amnistía son un instrumento antirepresivo que nace como consecuencia de la violencia del Estado contra el movimiento popular vasco, una violencia que ha creado miles de represaliadas/os políticos. Su trabajo durante estos 30 años ha sido defender los derechos de estas personas y denunciar públicamente las políticas y prácticas represivas del Estado contra ellas. Gestoras ha defendido sistemáticamente los derechos de las presas y presos políticos vascos, así como ayudado a sus familiares; ha denunciado las torturas y las políticas que la amparan; la guerra sucia; las violaciones de derechos humanos; las limitaciones de las libertades públicas; incluso a los tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional que ahora pretende juzgarles. En definitiva, Gestoras ha sido los ojos que durante 30 años han visto como reprimían al Movimiento de Liberación Nacional Vasco y la boca que lo denunciado. El Estado no quiere testigos que lo denuncien, como los torturadores no quieren cámaras que los vean golpeando, humillando y degradando a las y los detenidos. Por eso han sido imputadas/os y por eso serán condenadas/os. Pero sabemos que mientras continúe la represión y la falta de derechos fundamentales seguirá habiendo ojos que vean y bocas que denuncien por toda Euskal Herria.
¡Solidaridad con los pueblos que luchan!
La denuncia del juicio contra el movimiento pro amnistía llega a Sevilla
La Universidad de Sevilla acogió el miércoles una conferencia donde se escuchó, por medio de Aratz Estonba, la voz de los procesados en el caso contra el movimiento pro amnistía. Varios medios de difusión y grupos de extrema derecha intentaron impedir su celebración, sin conseguirlo.
Aratz Estonba, juzgado por la causa abierta contra el movimiento pro amnistía, ofreció el miércoles una comparecencia ante cerca de 140 personas en la Universidad de Sevilla. La charla organizada por el grupo 17 de Marzo, compuesto por juristas y abogados andaluces, fue objeto de presión por parte de medios de comunicación como los rotativos ``Abc'' y ``El Mundo' y de grupos de extrema derecha.
En las aulas de la Universidad aparecieron pintadas en las que se tildaba a los organizadores del acto de «proetarras» e incluso el Decanato de Derecho, facultad en la que se llevó a cabo el debate, recibió llamadas telefónicas amenazantes. También llegaron informes policiales que auguraban la presencia de «200 incontrolados». Sin embargo, según detalló a GARA el propio Estonba, pese a que al comienzo hubo algún enfrentamiento que se saldó con tres jóvenes de izquierda arrestados, la conferencia se celebró con normalidad.
En un abarrotado salón, el letrado vasco describió la función de la Audiencia Nacional española afirmando que se trata de una «importante herramienta represiva». Como botón de muestra, apuntó la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria o las medidas que posibilitan la tortura, como la incomunicación. Al mismo tiempo, trajo a colación la trayectoria del movimiento pro amnistía y el devenir del juicio celebrado en su contra.
El abogado resaltó que a día de hoy existe una paradoja, ya que la sentencia que saldrá «será una medida represiva» y el movimiento al que han enjuiciado es una organización antirrepresiva. Por lo que consideró que, con la sentencia, «no abortarán» su labor.
Estonba volvió a ofrecer ayer esta conferencia, que cuenta con el título «Audiencia Nacional y Derecho Penal del Enemigo», también en Sevilla.
A cientos de kilómetros de la capital andaluza, el bilbaino frontón La Esperanza acogió por la tarde un acto en denuncia de este juicio que finalizó el jueves. En un balance de las últimas tres décadas, explicaron cómo han sido miles los ciudadanos que han sufrido la represión, y decenas las personas que han fallecido por ese motivo. Denunciaron la persecución, la práctica de la tortura o los millones de euros que el Estado español se ha reembolsado con motivo de las multas económicas impuestas a vascos.
En el transcurso del acto, los allí reunidos mostraron su solidaridad a los 24 imputados en el juicio contra el movimiento pro amnistía y, de manera especial, a los cinco bilbainos.
Aratz Estonba, juzgado por la causa abierta contra el movimiento pro amnistía, ofreció el miércoles una comparecencia ante cerca de 140 personas en la Universidad de Sevilla. La charla organizada por el grupo 17 de Marzo, compuesto por juristas y abogados andaluces, fue objeto de presión por parte de medios de comunicación como los rotativos ``Abc'' y ``El Mundo' y de grupos de extrema derecha.
En las aulas de la Universidad aparecieron pintadas en las que se tildaba a los organizadores del acto de «proetarras» e incluso el Decanato de Derecho, facultad en la que se llevó a cabo el debate, recibió llamadas telefónicas amenazantes. También llegaron informes policiales que auguraban la presencia de «200 incontrolados». Sin embargo, según detalló a GARA el propio Estonba, pese a que al comienzo hubo algún enfrentamiento que se saldó con tres jóvenes de izquierda arrestados, la conferencia se celebró con normalidad.
En un abarrotado salón, el letrado vasco describió la función de la Audiencia Nacional española afirmando que se trata de una «importante herramienta represiva». Como botón de muestra, apuntó la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria o las medidas que posibilitan la tortura, como la incomunicación. Al mismo tiempo, trajo a colación la trayectoria del movimiento pro amnistía y el devenir del juicio celebrado en su contra.
El abogado resaltó que a día de hoy existe una paradoja, ya que la sentencia que saldrá «será una medida represiva» y el movimiento al que han enjuiciado es una organización antirrepresiva. Por lo que consideró que, con la sentencia, «no abortarán» su labor.
Estonba volvió a ofrecer ayer esta conferencia, que cuenta con el título «Audiencia Nacional y Derecho Penal del Enemigo», también en Sevilla.
A cientos de kilómetros de la capital andaluza, el bilbaino frontón La Esperanza acogió por la tarde un acto en denuncia de este juicio que finalizó el jueves. En un balance de las últimas tres décadas, explicaron cómo han sido miles los ciudadanos que han sufrido la represión, y decenas las personas que han fallecido por ese motivo. Denunciaron la persecución, la práctica de la tortura o los millones de euros que el Estado español se ha reembolsado con motivo de las multas económicas impuestas a vascos.
En el transcurso del acto, los allí reunidos mostraron su solidaridad a los 24 imputados en el juicio contra el movimiento pro amnistía y, de manera especial, a los cinco bilbainos.
Mikel Ibañez eta preso gaixoak kalera!
Comunicado del EPPk en el que sus miembros exigen la puesta en libertad inmediata de Mikel Ibañez y los presos gravemente enfermos que los Estados español y francés mantienen encarcelados.
Estatu espainolaren eta frantsesaren politika zapaltzaileak atal berezia du espetxean. Estrategia errepresibo orokorraren baitan espetxean ere garatuz doa salbuespeneko neurrien aplikazioa. Sakabanaketa eta urrunketa oinarri, isolatze politiko eta sozial planifikatua aurrera daramate. Azken garaiotan nabarmen ikusi eta jasaten ari garen bezala, zeken ari dira, espetxealdi luzeei biziarteko zigorrak gehituz, zigor luzeak osoki betearaziz eta, ondorioz, kalera irtetear ziren kideen bahiketa gauzatuz. Anker, espetxean osasunak pot eginda egoera kaxkarrean diren kideak mugarik gabe sufriaraziz, auzitegi ustelen kondenei isilpeko heriotz zigorra aplikatuz. Temati segitzen dute, bortizkeria baliatuz etekin politikoak lortzeko helburuarekin, azken 30 urteotan ibilbide horrek sufrimendua besterik ekarri ez duenean.
Mikel Ibañez kidea Madrilgo ospitaletik Donostiakora eraman dute bere osasun egoera kaxkarra dela eta. Espetxealdi prebentiboa, salbuespeneko neurri izan ordez mugarik gabe darabilte, modu are eta larriagoan presoa gaixorik den kasuetan. EPPKk, espetxe egoera beti ukatu du, are espetxe politikaren neurri eta klasifikazio oro, euskal preso politikoei tratamendu berezia emanez erabilpen politiko hutserako bazka diren neurrian. Mikel Ibañezen mesedetan baino Kolektiboari kontraesanak eragin asmoz hartutako erabakia dela jakin arren, bere bizitza arriskuan dela barneratua eta hura lehenetsiz, EPPKk egoera berri honen aurrean Gobernu espainolak Mikeli aplikatu dion `espetxe arindua' eta bere kondizioak onartzea erabaki du.
Horiek horrela, ozen salatzen dugu preso gaixoen gainean baliatzen duten presio eta xantaia miserablea. Mikelen askatasuna erabaki ordez, bere sufrikarioa denboran luzatuz, espetxe agindua mantentzea deliberatu dute, ertzainen zaintza zintzopean espetxeko ziega ospitalera eta etxera eramanez. Beharturik, beste inon ez baitu egoterik eta, modu esanguratsuan, espetxe politika noraino hel daitekeen ikusgarri ikusi nahi duenarentzat. Humanismoz aho bete diren politikari eta solaskide askok izango luke hemen zer mintzo eta zer egin.
Mikelen berehalako askatasuna da exijitzen duguna, EPPKko kide diren beste 12 preso gaixo larriena bezala. Guztioi besarkada beroa, animo eta aurrera!
Deialdia luzatu nahi diogu euskal gizarteari bidegabekeria hauen aurrean oldartu dadin, mobilizazio eta presioarekin bakarrik lortuko dugulako guztiak etxeratzea.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Euskal Preso Politikoen Kolektiboa
2008ko Ekaina
Mikel Ibañez kidea Madrilgo ospitaletik Donostiakora eraman dute bere osasun egoera kaxkarra dela eta. Espetxealdi prebentiboa, salbuespeneko neurri izan ordez mugarik gabe darabilte, modu are eta larriagoan presoa gaixorik den kasuetan. EPPKk, espetxe egoera beti ukatu du, are espetxe politikaren neurri eta klasifikazio oro, euskal preso politikoei tratamendu berezia emanez erabilpen politiko hutserako bazka diren neurrian. Mikel Ibañezen mesedetan baino Kolektiboari kontraesanak eragin asmoz hartutako erabakia dela jakin arren, bere bizitza arriskuan dela barneratua eta hura lehenetsiz, EPPKk egoera berri honen aurrean Gobernu espainolak Mikeli aplikatu dion `espetxe arindua' eta bere kondizioak onartzea erabaki du.
Horiek horrela, ozen salatzen dugu preso gaixoen gainean baliatzen duten presio eta xantaia miserablea. Mikelen askatasuna erabaki ordez, bere sufrikarioa denboran luzatuz, espetxe agindua mantentzea deliberatu dute, ertzainen zaintza zintzopean espetxeko ziega ospitalera eta etxera eramanez. Beharturik, beste inon ez baitu egoterik eta, modu esanguratsuan, espetxe politika noraino hel daitekeen ikusgarri ikusi nahi duenarentzat. Humanismoz aho bete diren politikari eta solaskide askok izango luke hemen zer mintzo eta zer egin.
Mikelen berehalako askatasuna da exijitzen duguna, EPPKko kide diren beste 12 preso gaixo larriena bezala. Guztioi besarkada beroa, animo eta aurrera!
Deialdia luzatu nahi diogu euskal gizarteari bidegabekeria hauen aurrean oldartu dadin, mobilizazio eta presioarekin bakarrik lortuko dugulako guztiak etxeratzea.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Euskal Preso Politikoen Kolektiboa
2008ko Ekaina
Mikel Ibañez Askatu Orain!
El ciudadano vasco Mikel Ibañez es un ejemplo claro de la política represiva asesina del Estado español. Gravemente enfermo desde hace meses, fue detenido al volver del exilio sin tener ninguna causa pendiente. Gracias a la presión del Movimiento Pro Amnistía con sus constantes denuncias y movilizaciones, que han contado con el respaldo de miles de personas en toda Euskal Herria, Mikel ya se encuentra en un hospital de su país.
Este es el resumen de un espeluznante caso de represión:
Mikel Ibañez, gravemente enfermo, ha sido trasladado desde Madrid al Hospital Donostia. Después de que el preso asumiera el riesgo del viaje, el movimiento pro amnistía informó de que Ibañez iba ser trasladado a Donostia. Ese mismo día, una concentración en el hospital exigió su liberación.
El movimiento pro amnistía confirmó que el preso político elgoibartarra Mikel Ibañez, que se halla enfermo de cáncer, iba a ser trasladado ayer mismo desde el centro hospitalario Gregorio Marañón al Hospital Donostia. El traslado al hospital donostiarra fue ordenado por Baltasar Garzón el pasado jueves, pero los médicos que trataban al elgoibartarra en Madrid se negaron con rotundidad al traslado, por miedo a que el trayecto incidiera aún más en su delicado estado de salud. Ha sido el propio prisionero vasco el que ha asumido el riesgo del viaje, rubricando un escrito en el que se responsabiliza de lo que pueda pasar, y ha antepuesto su deseo a estar en Euskal Herria. El movimiento antirrepresivo convocó una concentración ante las puertas del hospital guipuzcoano, donde exigieron la inmediata puesta en libertad de Ibañez. Su defensa también ha interpuesto, recientemente, un recurso de reforma contra el auto dictado por Garzón, en el que decretó prisión atenuada y rechazó la petición de libertad del represaliado.
Actualemnte Mikel Ibáñez está siendo tratado en el Hospital Donostia desde el lunes 23, donde se prevé que continúe con el tratamiento contra el cáncer iniciado en el Gregorio Marañón. Sus allegados no pudieron visitarlo debido a una orden judicial.
El elgoibartarra llegó al complejo sanitario guipuzcoano la noche del lunes, y durante la jornada siguiente fue sometido a diferentes análisis y pruebas médicas. Numerosos allegados de Ibáñez se acercaron hasta allí para poder visitar a su familiar, pero sólo su hermana logró estar con él. El movimiento pro-amnistía denunció el envío de un escrito judicial al hospital donde se veta la entrada, con nombres y apellidos, a todos los allegados que han acudido durante estas semanas al hospital madrileño para visitar a Ibáñez.Por la tarde, decenas de ciudadanos se concentraron ante las puertas del centro para arropar a los familiares y exigir la puesta en libertad de Ibáñez. Portando la pancarta, en la que se leía «Mikel egoera larrian, askatu orain! Gaixotasun larriak dituzten presoak kalera!», se encontraban dos sobrinos del prisionero y miembros del movi- miento pro-amnistía de Elgoibar. En nombre de todos ellos tomó la palabra Jon Garate, que señaló al Gobierno del PSOE «como máximo responsable» de la situación de su convecino.Apuntó a las precarias condiciones de vida padecidas en prisión y a la inasistencia sanitaria como las causas de su enfermedad y de su posterior «desarrollo». Defendió que la única solución que cabe para Ibánez es la libertad, con el argumento de que su estado de salud «no es el adecuado» ni para estar en la cárcel ni para permanecer rodeado de policías.A juicio de Garate, la política penitenciaria aplicada a EPPK se basa en «la sed de venganza» y afirmó que tiene el «macabro objetivo» de llevar a presos y familiares «hasta las puertas de la muerte». Junto a Ibáñez, recordaron también a la docena de presos que viven esta misma situación, exigiendo también su puesta en libertad, así como la de los prisioneros que han cumplido su condena.
El estado de salud de Ibáñez se ha deteriorado mucho en cuestión de semanas. Así lo constataron en un comparecencia realizada a finales mayo la letrada Ainhoa Baglietto y el médico Endika Intxausti. La primera desgranó ante la prensa la evolución de la enfermedad de Ibáñez al haber sido ella, por medio de las visitas, «testigo de este deterioro». Recordó que el elgoibartarra fue extraditado por el Estado francés el 26 de febrero de este mismo año, hace apenas cuatro meses, y aseguró que la primera vez que lo vio en la prisión de Soto del Real, donse se encontraba en situación preventiva, «estaba bien».Explicó que en cuestión de pocas semanas su estado ya empezó a deteriorarse mos-trando signos de debilidad, desorientación y dolor. Con motivo de esta situación, informó de que Ibáñez fue trasladado en numerosas ocasiones hasta la enfermería de Soto del Real sin que se solventara su situación. «Hasta que un día perdió el conocimiento y entró en coma», detalló. Esto sucedió el pasado 19 de abril.Una vez llegado a este punto, la dirección del centro trasladó a Ibáñez a la Unidad de Cuidados Intensivos del Gregorio Marañón, donde comprobaron que sufría un coma hipoglucémico a consecuencia de la diabetes y la anemia. Las pruebas también alertaron de que padecía un tumor en el testículo derecho, linfoma que le fue extirpado. Tan sólo tres semanas después de sufrir el coma y de que le fuera detectado el cáncer, fue dado de alta e ingresado de nuevo en prisión, donde su estado continuó agravándose. No volvió al hospital hasta el 27 de mayo, cuando su propia abogada lo encontró sin poder valerse por sí mismo, en silla de ruedas, y con una situación física y moral «totalmente baja».
El movimiento pro amnistía confirmó que el preso político elgoibartarra Mikel Ibañez, que se halla enfermo de cáncer, iba a ser trasladado ayer mismo desde el centro hospitalario Gregorio Marañón al Hospital Donostia. El traslado al hospital donostiarra fue ordenado por Baltasar Garzón el pasado jueves, pero los médicos que trataban al elgoibartarra en Madrid se negaron con rotundidad al traslado, por miedo a que el trayecto incidiera aún más en su delicado estado de salud. Ha sido el propio prisionero vasco el que ha asumido el riesgo del viaje, rubricando un escrito en el que se responsabiliza de lo que pueda pasar, y ha antepuesto su deseo a estar en Euskal Herria. El movimiento antirrepresivo convocó una concentración ante las puertas del hospital guipuzcoano, donde exigieron la inmediata puesta en libertad de Ibañez. Su defensa también ha interpuesto, recientemente, un recurso de reforma contra el auto dictado por Garzón, en el que decretó prisión atenuada y rechazó la petición de libertad del represaliado.
Actualemnte Mikel Ibáñez está siendo tratado en el Hospital Donostia desde el lunes 23, donde se prevé que continúe con el tratamiento contra el cáncer iniciado en el Gregorio Marañón. Sus allegados no pudieron visitarlo debido a una orden judicial.
El elgoibartarra llegó al complejo sanitario guipuzcoano la noche del lunes, y durante la jornada siguiente fue sometido a diferentes análisis y pruebas médicas. Numerosos allegados de Ibáñez se acercaron hasta allí para poder visitar a su familiar, pero sólo su hermana logró estar con él. El movimiento pro-amnistía denunció el envío de un escrito judicial al hospital donde se veta la entrada, con nombres y apellidos, a todos los allegados que han acudido durante estas semanas al hospital madrileño para visitar a Ibáñez.Por la tarde, decenas de ciudadanos se concentraron ante las puertas del centro para arropar a los familiares y exigir la puesta en libertad de Ibáñez. Portando la pancarta, en la que se leía «Mikel egoera larrian, askatu orain! Gaixotasun larriak dituzten presoak kalera!», se encontraban dos sobrinos del prisionero y miembros del movi- miento pro-amnistía de Elgoibar. En nombre de todos ellos tomó la palabra Jon Garate, que señaló al Gobierno del PSOE «como máximo responsable» de la situación de su convecino.Apuntó a las precarias condiciones de vida padecidas en prisión y a la inasistencia sanitaria como las causas de su enfermedad y de su posterior «desarrollo». Defendió que la única solución que cabe para Ibánez es la libertad, con el argumento de que su estado de salud «no es el adecuado» ni para estar en la cárcel ni para permanecer rodeado de policías.A juicio de Garate, la política penitenciaria aplicada a EPPK se basa en «la sed de venganza» y afirmó que tiene el «macabro objetivo» de llevar a presos y familiares «hasta las puertas de la muerte». Junto a Ibáñez, recordaron también a la docena de presos que viven esta misma situación, exigiendo también su puesta en libertad, así como la de los prisioneros que han cumplido su condena.
El estado de salud de Ibáñez se ha deteriorado mucho en cuestión de semanas. Así lo constataron en un comparecencia realizada a finales mayo la letrada Ainhoa Baglietto y el médico Endika Intxausti. La primera desgranó ante la prensa la evolución de la enfermedad de Ibáñez al haber sido ella, por medio de las visitas, «testigo de este deterioro». Recordó que el elgoibartarra fue extraditado por el Estado francés el 26 de febrero de este mismo año, hace apenas cuatro meses, y aseguró que la primera vez que lo vio en la prisión de Soto del Real, donse se encontraba en situación preventiva, «estaba bien».Explicó que en cuestión de pocas semanas su estado ya empezó a deteriorarse mos-trando signos de debilidad, desorientación y dolor. Con motivo de esta situación, informó de que Ibáñez fue trasladado en numerosas ocasiones hasta la enfermería de Soto del Real sin que se solventara su situación. «Hasta que un día perdió el conocimiento y entró en coma», detalló. Esto sucedió el pasado 19 de abril.Una vez llegado a este punto, la dirección del centro trasladó a Ibáñez a la Unidad de Cuidados Intensivos del Gregorio Marañón, donde comprobaron que sufría un coma hipoglucémico a consecuencia de la diabetes y la anemia. Las pruebas también alertaron de que padecía un tumor en el testículo derecho, linfoma que le fue extirpado. Tan sólo tres semanas después de sufrir el coma y de que le fuera detectado el cáncer, fue dado de alta e ingresado de nuevo en prisión, donde su estado continuó agravándose. No volvió al hospital hasta el 27 de mayo, cuando su propia abogada lo encontró sin poder valerse por sí mismo, en silla de ruedas, y con una situación física y moral «totalmente baja».
Etxerat llama a la movilización social frente a la «crueldad» de los estados
Oihane Ozamiz y José Cruz Coto, representantes de Etxerat, valoraron ayer que la continuada conculcación de derechos en que pivota la política penitenciaria de los estados español y francés, «basada en la crueldad para causar el mayor sufrimiento posible» a sus familiares presos, tiene que recibir una respuesta de la sociedad vasca.Los integrantes de esta asociación estiman que las agresiones a sus allegados están debidamente planificadas y calculadas por los dos estados y avaladas por las fuerzas políticas e instituciones vascas. Por ello, consideran que a través del «compromiso de la sociedad será como se acabe con esta política penitenciaria basada en la crueldad y en generar sufrimiento».
Tras incidir en la «total impunidad» con que tienen lugar estos hechos, Ozamiz y Coto pasaron a relatar algunas de las situaciones recientes más graves que han conocido. En primer lugar, citaron el caso del preso elgoibartarra Mikel Ibañez, ingresado desde la noche del lunes en el Hospital Donostia para ser tratado con quimioterapia y radioterapia del cáncer que padece.
A pesar de la gravedad del estado de Ibañez y de que está «muy débil», denunciaron que la Audiencia Nacional española, en vez de decretar su inmediata libertad, ha establecido que policías le custodien las 24 horas del día, medida que puede repercutir, en su opinión, negativamente en su evolución médica. Asimismo, no ocultaron su preocupación por la salud de otra docena de presos vascos «que no son puestos en libertad a pesar de padecer graves e incurables enfermedades».
Una década más de cárcel
En su comparecencia también mencionaron los casos de otros dos de sus familiares, el tolosarra Peio Odriozola y la tafallarra Inés del Río, a quienes a pesar de haber permanecido en prisión los últimos 20 y 21 años respectivamente, la Audiencia Nacional española, en virtud de la doctrina 197/2006, ha decretado la prolongación de sus condenas, a partir del 2 de julio en el caso de Del Río, 10 años más. «Les mantendrán alejados de su entorno familiar, políticos y social», subrayaron desde Etxerat.
Otro ejemplo de la «crueldad» de la actual política penitenciaria dada a conocer ayer en la capital vizcaina por el colectivo de familiares de represaliados son las palizas que han sufrido a manos de carceleros los presos Arkaitz Bellón y Hodei Ijurko. El elorriotarra sufrió una agresión en Algeciras por parte de los funcionarios, que le golpearon «con total impunidad» por todo el cuerpo con porras y patadas. Posteriormente, estuvo atado de pies y manos, boca abajo, durante 24 horas.
Otra víctima de palizas ha sido el etxarriarra Hodeo Ijurko, que fue apaleado por varios carceleros en la prisión madrileña de Soto de Real y, en la gallega de Curtis, se le ha mantenido incomunicado. Su padre estuvo presente ayer en Bilbo.
Etxerat puso también énfasis en las decenas de familiares que en las últimas semanas se están quedando sin visita tras recorrer miles de kilómetros por las carreteras españolas y francesas, con el riesgo de sufrir un accidente. Lo consideraron una pena añadida para los represaliados y sus allegados. Citaron el caso del padre del preso baracaldés Andeka Jurado, a quien los responsables de Instituciones Penitenciarias no le dejarán contactar con su hijo entre tres y nueve meses.
lunes, 23 de junio de 2008
La dignidad de la toga
por Antonio Alvarez-Solís
Señor fiscal, y su nombre es lo de menos, ya que no personalizo un cargo, quisiera trasladarle una preocupación muy grave acerca del estado en que muchos ciudadanos honrados percibimos la administración de la justicia en España. El panorama es desolador. Quizá esto se deba a que el poder político está construyendo un entramado legal en que las ideas perecen como en trampa para lobos y el Derecho se disuelve en el vitriolo de lo conveniente. Aclaro que esta conveniencia no se refiere a la edificación moral que un pueblo necesita constantemente, sino a la necesidad de supervivencia que tienen las instituciones que nos desgobiernan. En ese magma de lodo y gases mefíticos la administración de la justicia se degrada cada día hasta convertirse en martillo de herejes y protagonista del pensamiento real, como aquél al que servían las magistraturas judiciales antes de la Revolución francesa. De la mezcla renace, como un monstruo shakespeariano, la ira atronadora del dios de la venganza.
Le hablo, repito, señor fiscal, con el pleno derecho de mi ciudadanía, que es soberana sobre usted, la diputación y la misma realeza. Sé que escribir esto resulta hoy de sumo peligro, pues lo penal ya no está imbuido de las reglas y cautelas que precisó hace doscientos años el marqués de Beccaria y que todo lo jurisdiccional se ha vuelto aleatorio e interpretativo, pero creo que la soberanía que encarno como unidad suprema y que ejerzo en la parte alícuota que me corresponde me obliga a honradez con mis coterráneos y a dignidad frente a cualquier estrado. De tal forma construyo mi modesto y radical discurso -hay que reivindicar la radicalidad como herramienta para construir la nueva democracia- sin dárseme una higa, como escribían los clásicos, de lo que pueda acontecerme, pues como dictó Don Francisco de Quevedo: «¿no ha de haber un espíritu valiente,/ siempre se ha de pensar lo que se dice/ nunca se ha de decir lo que se siente?».
Ycon ese derecho a la verdad en la mano humilde, pero grande por la herencia que reclama, digo a usted, señor fiscal, que nada gana el prestigio de la magistratura con que usted haya rematado su informe acusatorio contra los libres ciudadanos procesados por el caso de las Gestoras Pro Amnistía con una frase que desgraciadamente resume el espíritu actual de la jurisdicción: «Espero que no les guste la sentencia y a mi me guste mucho». Cuando se viste la solemne toga y se obra en nombre del fasces de la justicia, sobra toda expresión jarifa, más propia de un vino en mesón de carretera que de un oficial de Su Majestad. Si la justicia -aunque en ella corresponda a usted el triste oficio de la acusación, que siempre deja un regusto a triste- ha de consistir en soplar al aire solemne del tribunal los odios o pasiones mórbidas que nos dominan, nada nos dejan las instituciones para la esperanza de la libertad. No somos grandes, como los insignes hombres lo fueron, pero convendrá usted conmigo, señor fiscal, que revestir la actuación forense de severidad y altura ayuda a que el pueblo llano, al que pertenezco, tenga por bueno tanto el salario que abonan a ustedes como la ley que manejan. De todo ello quiero hacer relación hoy a fin de que sepa que muchos ciudadanos del Estado español nos sentimos zaheridos por su actuación y que mirando hacia el exterior lleguemos a decir esa simpleza de «yo no soy así». Pero ¿de qué vale tal exculpación si el Estado nos comprende a todos y nos convierte de nuevo en súbditos una vez que nos ha engañado con la proclamación constitucional de que somos ciudadanos? Para el observador que nos analice no habrá más camino, ante esa frase suya, que tenernos por pueblo bárbaro y menospreciable. Insisto en este último matiz del asunto porque bueno sería apoyar en él el pie para proceder políticamente a fin de descabalgarle a usted de un oficio que no sabe ejercer debidamente. Pero no sucederá nada de esto, señor fiscal, porque el Estado está edificado hoy sobre elementalidades maliciosas y sin dignidad alguna.
De su informe acusatorio sobre los honrados ciudadanos sentados en el banquillo, y recluídos en un ejemplar silencio que es a la vez acusación grave hacia el tribunal de excepción que los incrimina y juzga -¡qué duro es que siga existiendo instancia del tal género!-, sólo tengo flecos literales e informaciones orales que, aunque de muy clara verdad, no me permiten decir muchas cosas. De todas formas, sí sé lo suficiente para afirmar que ese informe suyo quebranta las reglas básicas de la personalización clara del presunto delito; que embarulla lo penal con lo intelectual, haciendo del pensamiento materia delictiva y que establece secuencias donde la lógica es puro invento personal de usted. Toda la causa es deplorable, como es deplorable que usted sirva en ella no para acusar en nombre del pueblo -que exige jueces naturales amén de otras seguridades forenses-, sino para hacerlo en nombre del rey, que es como cabe resumir la situación ahora que los tribunales han abandonado la democracia y la libertad para constituirse en herramienta del poder protagonista, que es el poder político, manejado a su vez por intereses que no caben en las maltratadas urnas. Le digo a usted todo lo anterior con la elevada conciencia de que sirvo a la verdad o, al menos, de que practico esa libertad de que la Constitución se hace extraño garante en la situación que vivimos. ¿Libertad, democracia, Constitución? Creo que sería hora de convocar a los pueblos alojados por propio deseo o por fuerza en el Estado español a una consulta para determinar, más allá de la baja conciencia de los partidos políticos, qué entiende la ciudadanía por justicia y cómo desea que sea su ejercicio. Aunque ustedes crean otra cosa, vive la humanidad, y entre nosotros muy sensiblemente, un grave y urgente momento de exigencia constitucional. El mundo actual no es el culmen de una construcción, sino la debacle de una descomposición moral a gran escala. Yo no puedo, como tantos otros ciudadanos honrados, aceptar las reglas del juego porque el juego es turbio y tiene las cartas marcadas. Como español no me siento honrado de serlo y he de soportar sobre mis espaldas la barahúnda de insensateces y despropósitos que una administración que se ha convertido en destino de sí misma prodiga cada día, ya sea desde la política diaria de las cosas como en el caso de estos avatares judiciales, que dañan a tantos jueces, así lo tengo por seguro, en su legítima consideración tanto de lo justo como del procedimiento para establecerlo.
Señor fiscal, usted ha usado de un escarnio de poco precio cuando ha acusado a los procesados de usar políticamente el tribunal que los juzga por negarse a declarar. Sé que eso puede dolerles a ustedes porque esa postura desvela la creencia de unos encausados en la libertad que les corresponde como nación hoy maltratada desde todas las instancias de la Administración española y desde la dirección de ciertos partidos que se reclaman vascos. Pero aunque le duela usted tal postura, que representa nobleza y dignidad, nadie le autoriza a hablar, por ejemplo, del «manualillo del buen miembro de la organización terrorista». Esa frase es demasiado barata para proferirla ante un tribunal, como es también de poco calado hablar de «farsa, teatrillo y montaje». Ese lenguaje puede usted usarlo en el café con sus amigos, pero creo que jamás debe hacerlo ante el solemne estrado de unos jueces. A la vida española casi siempre le ha faltado altura pública y acusa un estilo serrano y ganadero. A veces los españoles han tratado de ponerse en pie, pero siempre les ha aplastado la violencia conjunta establecida por unas instituciones políticas que han empleado, ahí sí, el manualillo de la fuerza pública y de los tribunales de excepción.
Le hablo, repito, señor fiscal, con el pleno derecho de mi ciudadanía, que es soberana sobre usted, la diputación y la misma realeza. Sé que escribir esto resulta hoy de sumo peligro, pues lo penal ya no está imbuido de las reglas y cautelas que precisó hace doscientos años el marqués de Beccaria y que todo lo jurisdiccional se ha vuelto aleatorio e interpretativo, pero creo que la soberanía que encarno como unidad suprema y que ejerzo en la parte alícuota que me corresponde me obliga a honradez con mis coterráneos y a dignidad frente a cualquier estrado. De tal forma construyo mi modesto y radical discurso -hay que reivindicar la radicalidad como herramienta para construir la nueva democracia- sin dárseme una higa, como escribían los clásicos, de lo que pueda acontecerme, pues como dictó Don Francisco de Quevedo: «¿no ha de haber un espíritu valiente,/ siempre se ha de pensar lo que se dice/ nunca se ha de decir lo que se siente?».
Ycon ese derecho a la verdad en la mano humilde, pero grande por la herencia que reclama, digo a usted, señor fiscal, que nada gana el prestigio de la magistratura con que usted haya rematado su informe acusatorio contra los libres ciudadanos procesados por el caso de las Gestoras Pro Amnistía con una frase que desgraciadamente resume el espíritu actual de la jurisdicción: «Espero que no les guste la sentencia y a mi me guste mucho». Cuando se viste la solemne toga y se obra en nombre del fasces de la justicia, sobra toda expresión jarifa, más propia de un vino en mesón de carretera que de un oficial de Su Majestad. Si la justicia -aunque en ella corresponda a usted el triste oficio de la acusación, que siempre deja un regusto a triste- ha de consistir en soplar al aire solemne del tribunal los odios o pasiones mórbidas que nos dominan, nada nos dejan las instituciones para la esperanza de la libertad. No somos grandes, como los insignes hombres lo fueron, pero convendrá usted conmigo, señor fiscal, que revestir la actuación forense de severidad y altura ayuda a que el pueblo llano, al que pertenezco, tenga por bueno tanto el salario que abonan a ustedes como la ley que manejan. De todo ello quiero hacer relación hoy a fin de que sepa que muchos ciudadanos del Estado español nos sentimos zaheridos por su actuación y que mirando hacia el exterior lleguemos a decir esa simpleza de «yo no soy así». Pero ¿de qué vale tal exculpación si el Estado nos comprende a todos y nos convierte de nuevo en súbditos una vez que nos ha engañado con la proclamación constitucional de que somos ciudadanos? Para el observador que nos analice no habrá más camino, ante esa frase suya, que tenernos por pueblo bárbaro y menospreciable. Insisto en este último matiz del asunto porque bueno sería apoyar en él el pie para proceder políticamente a fin de descabalgarle a usted de un oficio que no sabe ejercer debidamente. Pero no sucederá nada de esto, señor fiscal, porque el Estado está edificado hoy sobre elementalidades maliciosas y sin dignidad alguna.
De su informe acusatorio sobre los honrados ciudadanos sentados en el banquillo, y recluídos en un ejemplar silencio que es a la vez acusación grave hacia el tribunal de excepción que los incrimina y juzga -¡qué duro es que siga existiendo instancia del tal género!-, sólo tengo flecos literales e informaciones orales que, aunque de muy clara verdad, no me permiten decir muchas cosas. De todas formas, sí sé lo suficiente para afirmar que ese informe suyo quebranta las reglas básicas de la personalización clara del presunto delito; que embarulla lo penal con lo intelectual, haciendo del pensamiento materia delictiva y que establece secuencias donde la lógica es puro invento personal de usted. Toda la causa es deplorable, como es deplorable que usted sirva en ella no para acusar en nombre del pueblo -que exige jueces naturales amén de otras seguridades forenses-, sino para hacerlo en nombre del rey, que es como cabe resumir la situación ahora que los tribunales han abandonado la democracia y la libertad para constituirse en herramienta del poder protagonista, que es el poder político, manejado a su vez por intereses que no caben en las maltratadas urnas. Le digo a usted todo lo anterior con la elevada conciencia de que sirvo a la verdad o, al menos, de que practico esa libertad de que la Constitución se hace extraño garante en la situación que vivimos. ¿Libertad, democracia, Constitución? Creo que sería hora de convocar a los pueblos alojados por propio deseo o por fuerza en el Estado español a una consulta para determinar, más allá de la baja conciencia de los partidos políticos, qué entiende la ciudadanía por justicia y cómo desea que sea su ejercicio. Aunque ustedes crean otra cosa, vive la humanidad, y entre nosotros muy sensiblemente, un grave y urgente momento de exigencia constitucional. El mundo actual no es el culmen de una construcción, sino la debacle de una descomposición moral a gran escala. Yo no puedo, como tantos otros ciudadanos honrados, aceptar las reglas del juego porque el juego es turbio y tiene las cartas marcadas. Como español no me siento honrado de serlo y he de soportar sobre mis espaldas la barahúnda de insensateces y despropósitos que una administración que se ha convertido en destino de sí misma prodiga cada día, ya sea desde la política diaria de las cosas como en el caso de estos avatares judiciales, que dañan a tantos jueces, así lo tengo por seguro, en su legítima consideración tanto de lo justo como del procedimiento para establecerlo.
Señor fiscal, usted ha usado de un escarnio de poco precio cuando ha acusado a los procesados de usar políticamente el tribunal que los juzga por negarse a declarar. Sé que eso puede dolerles a ustedes porque esa postura desvela la creencia de unos encausados en la libertad que les corresponde como nación hoy maltratada desde todas las instancias de la Administración española y desde la dirección de ciertos partidos que se reclaman vascos. Pero aunque le duela usted tal postura, que representa nobleza y dignidad, nadie le autoriza a hablar, por ejemplo, del «manualillo del buen miembro de la organización terrorista». Esa frase es demasiado barata para proferirla ante un tribunal, como es también de poco calado hablar de «farsa, teatrillo y montaje». Ese lenguaje puede usted usarlo en el café con sus amigos, pero creo que jamás debe hacerlo ante el solemne estrado de unos jueces. A la vida española casi siempre le ha faltado altura pública y acusa un estilo serrano y ganadero. A veces los españoles han tratado de ponerse en pie, pero siempre les ha aplastado la violencia conjunta establecida por unas instituciones políticas que han empleado, ahí sí, el manualillo de la fuerza pública y de los tribunales de excepción.
Askatasuna ha denunciado la hipocresía que se da en torno a la violencia
A raíz del debate surgido en torno a la Ertzaintza, Askatasuna quiere hace pública su opinión: - La Ertzaintza ha recibido más de 200 denuncias de tortura en los últimos años, y la mayoría de los casos no han sido investigados. Para romper del todo con esta práctica, es necesario depurar las responsabilidades en este sentido, y que la Ertzaintza reconozca que ha utilizado la tortura.- El caso del joven Orkatz Gallastegi es clarificador. La audiencia nacional se basó en una declaración autoinculpatoria del joven, realizada bajo torturas cuando se encontraba detenido e incomunicado por la Ertzaintza. Esta condenado a 26 años de prisión. Esta única declaració autoinculpatoria fue negada por el joven en el juicio.- Que los últimos detenidos no hayan sido incomunicados no significa que la Ertzaintza no volverá a incomunicar. Ibarretxe y la consejeria de inter¡or nunca ha declarado que no incomunicarán mientras tengan la conpetencia de la Ertzaintza.- Más allá del uso de la tortura, la Ertzaintza utiliza la violencia para reprimir movilizaciones e iniciativas en pueblos y barrios. Este brutal ejercicio deja al cuerpo policial muy lejos del ejemplo a seguir en cuanto al respeto a los derechos de los y las ciudadanas.- Queremos denunciar la hipocresía que hay en torno a la violencia. Las prácticas de tortura realizadas por la Ertzaintza durante todos estos años tiene responsables políticos como Ibarretxe, Atutxa, Ardanza o Balza entre otros. Todos ellos han utilizado la tortura, dentro de una apuesta de acabar con un sector de la sociedad vasca. Han empleado y ocultado la tortur y han protegido e incluso homenajeado a los torturadores. Por lo tanto, le queremos decir a Ibarretxe que antes de empezar a dar lecciones de ética a nadie comienze a aclarar los casos de tortura que tiene en su propia casa.
Aski da, jazarpen polizialik ez!
Utzi pakean LeitzaGaur hainbat herritar bildu gara, leitzarrok eta Leitza inguruan Guardia Civil-en eskutik jasaten dugun jazarpena eta errepresioa salatzeko. Zerrenda luzea da oso, 100 urtetik gora pasa baitira Leitzan daudenetik: atxiloketak, tiroz zaurituak, torturatuak, isunak, kontrolak... eta Maxurrenea etxea ere okupatuta daukate herritarren nahiaren gainetik! Ugariak dira Leitzako herritar askok jasan behar izan ditugun erasoak.Eraso hauek guztiak ahaztu gabe, ez baitira ahaztekoak, bereziki salatu nahi dugu azken hilabeteotan gertatzen ari dena, azken hilabeteotako Guardia Civil-aren jarrera: - Errepide kontrolak ia egunero.- Otsaileko arratsalde batean, herri guztiko sarrera-irteeretan kontrolak jarri eta herrian barrena armak eskuan, 20 bat herritar identifikatu zituzten; apirileko goiz batean ere errepikatu zuten jokaera bera.- Maiatzaren bukaeran egin zen "NafarRok" kontzertu egunean, 4 orduz kontrolak jarri zituzten herriko sarrera-irteeretan, ordu luzez erretenituta eduki zituzten kontzertura zetozen edota herrira heldu ziren hainbat eta hainbat lagun, goitik beherako arakaketak jasan zituzten, nikiak eta sudaderak lapurtu zizkieten... Larriena, hala ere, honako hau izan zen: kontrolean galdeketa ilegalak egin zizkieten Guardia Zibilak hainbati eta, guk dakigula, hiruk belarrondoak ere jaso zituzten. Aipatu behar dugu, egun horretan berean ere, Doneztebetik Leitzarako errepidea osotara itxi zutela 6 patrolekin: inork ezin zuen pasa eta, jende ugarik atzera buelta eman zuen edo, kontrola kendu zuten arte ezin izan zuen bere bidea jarraitu.Baina, zoritxarrez, kate honetan ez dago etenik eta, azken egunotan bide beretik dabiltza: prentsatik jakin dugunez, gazte bati Basakabi inguruan kotxea geldituarazi eta atera, lurrera bota, biluztuarazi eta larrugorritan eduki dute, pistola eskuan zuten "paisanozko batzuk", ia ordu betez. Egun honetan Guardia Zibilaren helikopteroa herria inguratu zuen hirutan. Aste horretan kotxe eta jende susmagarria ibili da eta dabil, herriko leku ezberdinetan ordu luzez "egonean" (7 ordutik gora), kotxe barruan 2 pertsona susmagarri, beste kotxe bat txanda egitera etorri arte.Argi dago, beraz, herritarrontzat egoera jasanezina bihurtzen ari dela; arriskutsua ere bada, jarrera bortitza duten hauek armatuta baitabiltza gure herrian.Azaldu dugun hori, Guardia Zibilak Leitzan nahiz Euskal Herri osoan duen ohiko jarrera da. Herritarron eskubideen ukazioaren bermea izan dira beti, eta hala izaten jarraitzen dute egun ere. Gertaera hauek salatzeaz gain, errepresioa ez dela bidea argi dugu. Elkarrizketarekin eta euskal herritarron eskubideak onartu eta errespetatuz bakarra gaindituko dugula egun bizi dugun gatazkaBukatzeko Ekainaren 20an Leitzako Lopeneko Itturrian, iluntzeko 8etan KONTZENTRAZIOA eginen dugu guzti hau salatzeko.
ÚLTIMA SESIÓN DEL JUICIO CONTRA ASKATASUNA Y GESTORAS
Resumen de la última sesión: Los abogados de la defensa han presentado sus informes criticando duramente el camino seguido por el juicio, denunciando que el juicio ha sido político. Despues Julen Larrinaga, Maite Diaz de Heredia, Sabin Juaristi y Juan Antonio Madariagak han tomado la palabra, para reafirmarse en el discurso realizado al inicio del juicia. Han recalcado que lo que está en juego nop es el futuro de los y las 27 imputadas, sino que quieren castigar al movimiento por amnistía. Declararon que seguiran trabajando hasta conseguir unas condiciones democráticas para Euskal Herria. Lectura de Askatasuna: Queremos denunciar duramente este nuevo intento de castigar la solidaridad y la crítica política. El movimiento por amnistía es un testigo incómodo para el estado, y por ello lo quieren apartar. Pero tanto en el juicio, como en las calles, ha quedado claro que la represión no detendrá la denuncia. En Euskal Herria, las personas que sufran la represión siempre tendran solidaridad y apoyo. Los conflictos políticos no se solucionan con la prisión. como bien explicaron los ex presos irlandeses la semana pasada. En esta dirección queremos destacar que hasta que el último preso o la última exiliada estén en su casa, seguiremos trabajando.
Para que el Estado funcione
Imanol Murua. Publicado en el diario de Eukal Herria Berria
El caso de las torturas a Iñaki Uria estaba en camino de ser una feliz excepción. Cuatro años después de ser torturado en la sala de interrogatorio, una jueza tomó la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a cuatro guardias civiles. Una jueza de San Sebastián, Nekane Rodríguez, dio credibilidad al testimonio de Uria. Después de muchos años, después de que múltiples denuncias de tortura hayan acabado en la papelera, iban a juzgar a cuatro guardias civiles imputándoles delito de tortura.
Era demasiado bonito. Tenía demasiada semejanza con la justicia, a decir verdad. Ha bastado con que un tribunal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa decidiera que correspondía al tribunal de Madrid.. Punto. Ahí se acaba.
El juez Vaquero ni siquiera ha tomado declaración a Uria y ni siquiera se ha tomado el trabajo de responder a los argumentos que dio la jueza Rodríguez cuando decidió que se celebrara el juicio. Se ha limitado, sin más, a firmar las razones expuestas por el fiscal en el recurso. Los argumentos no tienen nombre: que presentó la denuncia con un retraso de un mes ─¡estaba preso!─, que, como lo encarcelaron, tiene «enemistad manifiesta» para con quienes le detuvieron ─¿sólo pueden ser creíbles las denuncias de tortura de quienes quedan en libertad, por tanto?─, que tiene demasiada semejanza con las denuncias de los detenidos de ETA, etc.
El Estado está tranquilo. También los funcionarios responsables de los detenidos durante el período de incomunicación de éstos. El fiscal ha hecho bien su trabajo. Y el juez también. Para que funcione el Estado no debe funcionar la justicia.
El caso de las torturas a Iñaki Uria estaba en camino de ser una feliz excepción. Cuatro años después de ser torturado en la sala de interrogatorio, una jueza tomó la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a cuatro guardias civiles. Una jueza de San Sebastián, Nekane Rodríguez, dio credibilidad al testimonio de Uria. Después de muchos años, después de que múltiples denuncias de tortura hayan acabado en la papelera, iban a juzgar a cuatro guardias civiles imputándoles delito de tortura.
Era demasiado bonito. Tenía demasiada semejanza con la justicia, a decir verdad. Ha bastado con que un tribunal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa decidiera que correspondía al tribunal de Madrid.. Punto. Ahí se acaba.
El juez Vaquero ni siquiera ha tomado declaración a Uria y ni siquiera se ha tomado el trabajo de responder a los argumentos que dio la jueza Rodríguez cuando decidió que se celebrara el juicio. Se ha limitado, sin más, a firmar las razones expuestas por el fiscal en el recurso. Los argumentos no tienen nombre: que presentó la denuncia con un retraso de un mes ─¡estaba preso!─, que, como lo encarcelaron, tiene «enemistad manifiesta» para con quienes le detuvieron ─¿sólo pueden ser creíbles las denuncias de tortura de quienes quedan en libertad, por tanto?─, que tiene demasiada semejanza con las denuncias de los detenidos de ETA, etc.
El Estado está tranquilo. También los funcionarios responsables de los detenidos durante el período de incomunicación de éstos. El fiscal ha hecho bien su trabajo. Y el juez también. Para que funcione el Estado no debe funcionar la justicia.
El proceso contra ASKATASUNA y GESTORAS llega a su fin
«¿Cómo van a defenderse ante una locura que no tiene ninguna lógica?» El representante de la Asociación Americana de Juristas Willian Sloan, se pregunta en declaraciones a GARA, tras escuchar las acusaciones a los imputados en el sumario 33/01, «cómo» iban a defenderse «ante una locura que no tiene ninguna lógica».
El juicio oral contra el movimiento pro-amnistía concluye hoy en la Audiencia Nacional. Tras los informes de calificación del Ministerio Fiscal, que elevó las peticiones de pena de 10 a 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, pidió la absolución de tres procesados -Mitxel Sarasketa, Maitane Mendez y Jorge Arredondo- y mantuvo la petición de 10 años para el resto, la acusación particular que ejerce la AVT se limitó a seguir ayer el guión escrito el día anterior. Con las intervenciones de los abogados defensores y la última palabra que se concede a los imputados se cerrarán hoy dos meses de sesiones en el recinto habilitado por el tribunal especial en la madrileña Casa de Campo. El secretario general adjunto de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y presidente de su sección canadiense, William Sloan, ha seguido las dos últimas sesiones del juicio y manifiesta a GARA que el sumario 33/01 «es una locura».Sloan revela que si fuera el primer macroproceso contra organizaciones de la izquierda abertzale que sigue de cerca se sorprendería por las acusaciones, ya que ha escuchado en la sala que el movimiento pro-amnistía «es un grupo que trabaja con presos, no está armado y no ha financiado el terrorismo, pero está vinculado por su afinidad ideológica».«Es una locura, ni siquiera alegan como prueba que hubieran recibido órdenes ni que apoyen a un grupo armado» critica, y añade con un toque de humor recordando a los irreductibles galos que «como dice Obélix: `Están locos estos españoles'».El jurista canadiense siguió de cerca el macroproceso 18/98 y denuncia que «existe» una tesis iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se repite «constantemente», también en este sumario. Según asegura, «no tiene lógica» lo que defiende el Estado español cuando «dice que el grupo armado es el que manda automáticamente». En este sentido, recuerda que en el proceso de paz en el norte de Irlanda fue el Sinn Fein el que dirigió las negociaciones políticas y que en el caso de Euskal Herria también existe «un movimiento político que insiste en mantener su participación en procesos electorales».
«Es un teatro político»Sloan comprende la actitud adoptada por los encausados en el sumario 33/01. En su opinión, «no han entrado en el juego» porque la tesis de Garzón se había impuesto ya en el «caso Jarrai-Haika-Segi» y el 18/98 y considera imposible «pelear en esas circunstancias otra vez». Además, denuncia que «cómo van a defenderse» si no se les acusa de actuaciones concretas de cada uno.El abogado de Quebec critica también que a los procesados se les imputa «la pertenencia al MLNV, participar en reuniónes de la izquierda abertzale, comparecencias públicas, ruedas de prensa...cuando no están escondidos y ellos mismos lo admiten». «Si eso es una acción criminal, cómo van a defenderse», insiste. Según manifiesta, los juicios de la Audiencia Nacional son «un teatro político» porque «los jueces han dejado a la Policía que determine la culpabilidad» de los imputados, en referencia a la aceptación como peritos «expertos en ETA» de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.En cuanto a los informes de calificación de las partes acusatorias, se muestra muy molesto porque en ellos se resalta que varios de los imputados han estado en prisión. A su juicio, «es algo común que he visto en muchas ocasiones con personas que han pasado por la cárcel y después trabajan apoyando a los presos en la reinserción y en la defensa de sus derechos». Asimismo, recuerda la utilización realizada por el fiscal al justificar la absolución de tres procesados como prueba de que el sumario 33/01 ha sido «un proceso con todas las garantías».Sloan no comprende cómo el fiscal, tras anunciar la «retirada de acusaciones no merecidas» y que se han mantenido durante siete años «como la espada de Damocles sobre sus cabezas», pretende hacer creer ahora que las peticiones de condena contra el resto son correctas.Otro de los aspectos que denuncia son las acusaciones contra el abogado Julen Arzuaga por defender a personas en procesos de extradición como él mismo ha hecho en varias ocasiones con militantes vascos detenidos en Canadá. En este sentido, señala que el principal motivo de su presencia en el juicio ha sido que, en su opinión, «todas las personas tienen derecho a la defensa aunque los gobiernos digan que son terroristas o hayan cometido los peores delitos».
«Se puede parar la deportación por el riesgo a ser torturado»
El viernes se cumplirá un año desde que el refugiado político vasco Iban Apaolaza fue arrestado en Quebec escasos días después de la ruptura del alto el fuego por parte de ETA. Sloan ha defendido los intereses del beasaindarra en el proceso de expulsión iniciado por el Gobierno de Canadá, que podría concluir con su entrega a policías españoles.
Hace un mes el comisario de inmigración ordenó la deportación de Apaolaza, pero el jurista no pierde la esperanza y recuerda que han apelado a la Corte Federal. A la espera de que se pronuncie, Sloan manifiesta que «tenemos un buen punto de partida para empezar», ya que el juez administrativo que trató la expulsión «aceptó» que las declaraciones de Ana Belén Egues en las que se basan las acusaciones contra Apaolaza se obtuvieron bajo torturas.
Asimismo, asegura que todavía quedaría la posibilidad de parar la deportación por el riesgo a ser torturado que correría el preso político vasco. «Todo el mundo cuenta con ese derecho, aunque no se le acepte el asilo político por una supuesta vinculación terrorista», explica. M.A.
El juicio oral contra el movimiento pro-amnistía concluye hoy en la Audiencia Nacional. Tras los informes de calificación del Ministerio Fiscal, que elevó las peticiones de pena de 10 a 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, pidió la absolución de tres procesados -Mitxel Sarasketa, Maitane Mendez y Jorge Arredondo- y mantuvo la petición de 10 años para el resto, la acusación particular que ejerce la AVT se limitó a seguir ayer el guión escrito el día anterior. Con las intervenciones de los abogados defensores y la última palabra que se concede a los imputados se cerrarán hoy dos meses de sesiones en el recinto habilitado por el tribunal especial en la madrileña Casa de Campo. El secretario general adjunto de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y presidente de su sección canadiense, William Sloan, ha seguido las dos últimas sesiones del juicio y manifiesta a GARA que el sumario 33/01 «es una locura».Sloan revela que si fuera el primer macroproceso contra organizaciones de la izquierda abertzale que sigue de cerca se sorprendería por las acusaciones, ya que ha escuchado en la sala que el movimiento pro-amnistía «es un grupo que trabaja con presos, no está armado y no ha financiado el terrorismo, pero está vinculado por su afinidad ideológica».«Es una locura, ni siquiera alegan como prueba que hubieran recibido órdenes ni que apoyen a un grupo armado» critica, y añade con un toque de humor recordando a los irreductibles galos que «como dice Obélix: `Están locos estos españoles'».El jurista canadiense siguió de cerca el macroproceso 18/98 y denuncia que «existe» una tesis iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se repite «constantemente», también en este sumario. Según asegura, «no tiene lógica» lo que defiende el Estado español cuando «dice que el grupo armado es el que manda automáticamente». En este sentido, recuerda que en el proceso de paz en el norte de Irlanda fue el Sinn Fein el que dirigió las negociaciones políticas y que en el caso de Euskal Herria también existe «un movimiento político que insiste en mantener su participación en procesos electorales».
«Es un teatro político»Sloan comprende la actitud adoptada por los encausados en el sumario 33/01. En su opinión, «no han entrado en el juego» porque la tesis de Garzón se había impuesto ya en el «caso Jarrai-Haika-Segi» y el 18/98 y considera imposible «pelear en esas circunstancias otra vez». Además, denuncia que «cómo van a defenderse» si no se les acusa de actuaciones concretas de cada uno.El abogado de Quebec critica también que a los procesados se les imputa «la pertenencia al MLNV, participar en reuniónes de la izquierda abertzale, comparecencias públicas, ruedas de prensa...cuando no están escondidos y ellos mismos lo admiten». «Si eso es una acción criminal, cómo van a defenderse», insiste. Según manifiesta, los juicios de la Audiencia Nacional son «un teatro político» porque «los jueces han dejado a la Policía que determine la culpabilidad» de los imputados, en referencia a la aceptación como peritos «expertos en ETA» de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.En cuanto a los informes de calificación de las partes acusatorias, se muestra muy molesto porque en ellos se resalta que varios de los imputados han estado en prisión. A su juicio, «es algo común que he visto en muchas ocasiones con personas que han pasado por la cárcel y después trabajan apoyando a los presos en la reinserción y en la defensa de sus derechos». Asimismo, recuerda la utilización realizada por el fiscal al justificar la absolución de tres procesados como prueba de que el sumario 33/01 ha sido «un proceso con todas las garantías».Sloan no comprende cómo el fiscal, tras anunciar la «retirada de acusaciones no merecidas» y que se han mantenido durante siete años «como la espada de Damocles sobre sus cabezas», pretende hacer creer ahora que las peticiones de condena contra el resto son correctas.Otro de los aspectos que denuncia son las acusaciones contra el abogado Julen Arzuaga por defender a personas en procesos de extradición como él mismo ha hecho en varias ocasiones con militantes vascos detenidos en Canadá. En este sentido, señala que el principal motivo de su presencia en el juicio ha sido que, en su opinión, «todas las personas tienen derecho a la defensa aunque los gobiernos digan que son terroristas o hayan cometido los peores delitos».
«Se puede parar la deportación por el riesgo a ser torturado»
El viernes se cumplirá un año desde que el refugiado político vasco Iban Apaolaza fue arrestado en Quebec escasos días después de la ruptura del alto el fuego por parte de ETA. Sloan ha defendido los intereses del beasaindarra en el proceso de expulsión iniciado por el Gobierno de Canadá, que podría concluir con su entrega a policías españoles.
Hace un mes el comisario de inmigración ordenó la deportación de Apaolaza, pero el jurista no pierde la esperanza y recuerda que han apelado a la Corte Federal. A la espera de que se pronuncie, Sloan manifiesta que «tenemos un buen punto de partida para empezar», ya que el juez administrativo que trató la expulsión «aceptó» que las declaraciones de Ana Belén Egues en las que se basan las acusaciones contra Apaolaza se obtuvieron bajo torturas.
Asimismo, asegura que todavía quedaría la posibilidad de parar la deportación por el riesgo a ser torturado que correría el preso político vasco. «Todo el mundo cuenta con ese derecho, aunque no se le acepte el asilo político por una supuesta vinculación terrorista», explica. M.A.
Un día antes, el fiscal retiró los cargos a tres procesados y elevó la petición para Olano, Zelarain y Jugo en su informe y retiró las acusaciones contra tres procesados y mantuvo en 10 años las peticiones para el resto. Bautista defendió que el del sumario 33/01 «ha sido un juicio absolutamente jurídi- co» frente a la denuncia sobre el carácter político del proceso de los imputados, a quienes espetó que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho».
Las informaciones filtradas a distintos medios de comunicación en los últimos días acerca del informe de calificaciones del Ministerio Público contra los procesados en el sumario 33/01 se vieron ayer ratificadas en su totalidad. El fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista aumentó de 10 a 13 años las peticiones de condena para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo.Como argumento para actuar de esa manera señaló que durante las sesiones que comenzaron a finales de abril ha quedado probado que estas tres perso- nas ejercían de «dirigentes» de ETA en el movimiento pro-amnistía. A Olano y Zelarain les acusó de ser los «responsables nacionales» de Gestoras pro-Amnistía, mientras en el caso de Jugo mezcló una manifestación celebrada en Durango en denuncia de la situación de los presos políticos con un atentado de ETA contra un concejal del PP de la misma localidad.Tal y como se había anunciado también desde los medios, Bautista retiró las acusaciones por falta de pruebas contra Mitxel Sarasketa, Maitane Méndez y Jorge Arredondo. En cuanto a los otros 21 procesados, mantuvo la petición de 10 años de condena por «pertenencia a organización armada».Acompañado en la Sala por el fiscal jefe del tribunal especial, Javier Zaragoza, el representante del Ministerio Público se explayó por un amplio espacio de tiempo -más de cuatro horas- en la exposición de su informe. En un tono provocador y arrogante hacia los procesados, Bautista se defendió de las reiteradas acusaciones realizadas por los imputados en relación a la «motivación política» del juicio.El fiscal insistió en que el del sumario 33/01 «ha sido un juicio absolutamente jurídico» y aportó como prueba el hecho de que haya retirado las acusaciones contra tres procesados porque no han encontrado indicios para incriminarles. Bautista criticó que «el único matiz político lo han introducido los procesados» e hizo referencia a las manifestaciones que realizaron cuando en la primera sesión renunciaron a la defensa jurídica.En su opinión, los acusados habrían actuado de esa manera porque «han seguido la guía o el manualillo del buen miembro de la organización terro- rista», al tiempo que calificaba esa opción como «farsa, teatri-llo y montaje».Alzando la voz, el representante fiscal espetó mirando a los acusados que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho». Incluso llegó a aventurar que si son condenados losprocesados harán uso del recurso de casación o del recurso de amparo para tratar de eludir la prisión.En su intento de provocar la reacción de los encausados, hizo referencia a las declaraciones realizadas por Txema Olabarrieta, quien manifestó en la primera sesión de la vista que «a un vasco sólo le pueden juzgar vascos». Tildó la frase de «ejemplo de etnicismo excluyente» y añadió que «si alguna vez hay una república soviética vasca, no firmarán los acuerdos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en ese tribunal habrá un juez español».
Sin imputaciones individualesBautista aseguró que, tras el «levantamiento del velo» al movimiento pro-amnistía, ha quedado demostrado que es «una or- ganización dirigida por ETA». Como en el sumario 18/98, utilizó la teoría del «desdoblamiento de delegados» de la organización armada para corroborar sus manifestaciones.En este sentido, declaró que pese a la «separación táctica» existe una «unidad estratégica» porque todas las organizaciones de la izquierda abertzale «obran en un mismo impulso de ETA».El fiscal hizo alusión en repetidas ocasiones a que la Audiencia Nacional cuenta con pruebas inculpatorias contra los procesados, pero al comunicar las imputaciones individualizadas volvió a quedar en evidencia que se ha limitado a demostrar que los acusados han sido miembros del movimiento pro-amnistía, todo ello a través de escuchas telefónicas y ruedas de prensa en la que ellos mismos se identificaban de esa manera.Y es que el propio Bautista reconoció en las primeras semanas del juicio, en el transcurso de una charla con los alumnos de la Universidad Complutense que asistían a la sesión como invitados, que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que trataría de probar que el movimiento pro-amnistía era el encargado de «señalar objetivos».Una actuación que contradice uno de los principios básicos que rige el Derecho Penal español, como es la individualización de la conducta, que obliga al acusador a decir lo que ha hecho cada uno de los imputados y acreditarlo.En este sentido, realizó ayer unas declaraciones reveladoras al manifestar que «no decimos que alguno de los procesados haya sido el que haya ido a quemar coches o contenedores, sino que han tenido que coordinarlo de alguna manera porque eran ellos los que convocaban las jornadas de lucha».Las declaraciones policiales han sido también utilizadas como prueba inculpatoria, y en previsión de que pudieran ser rechazadas por existir denuncias de torturas, Bautista advirtió al tribunal que no debe tener en cuenta que Ibon Aranalde, Susana Atxaerandio y Jorge Olaiz relataron que fueron objetos de malos tratos porque no consta ningún informe forense que así lo corrobore.
«Dolido» por la renunciaEn nombre de los procesados, Julen Larrinaga valoró tras finalizar el fiscal la exposición de las calificaciones que la postura adoptada el primer día por los imputados ha «hecho daño» en el Ministerio Público.Larrinaga recordó que «denunciamos que teníamos la convicción de que la condena estaba escrita y renunciamos por ello a la defensa jurídica», e insistió en que esa actitud ha «dolido» a la Fiscalía ya que ha utilizado «gran parte de su alegato para ensuciar nuestra postura, entrando incluso en provocaciones».En cuanto a la retirada de la acusación contra tres de los procesados, criticó que el fiscal lo ha utilizado para justificar la «transparencia» de la Audiencia Nacional queriendo hacer ver que ha tenido en consideración «todas las garantías procesales». Por ello, se preguntó por qué «han tenido encausados en este sumario durante siete años a estas tres personas» y afirmó que para compensar esa actuación ha elevado las peticiones de pena contra otros tres imputados.
Las informaciones filtradas a distintos medios de comunicación en los últimos días acerca del informe de calificaciones del Ministerio Público contra los procesados en el sumario 33/01 se vieron ayer ratificadas en su totalidad. El fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista aumentó de 10 a 13 años las peticiones de condena para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo.Como argumento para actuar de esa manera señaló que durante las sesiones que comenzaron a finales de abril ha quedado probado que estas tres perso- nas ejercían de «dirigentes» de ETA en el movimiento pro-amnistía. A Olano y Zelarain les acusó de ser los «responsables nacionales» de Gestoras pro-Amnistía, mientras en el caso de Jugo mezcló una manifestación celebrada en Durango en denuncia de la situación de los presos políticos con un atentado de ETA contra un concejal del PP de la misma localidad.Tal y como se había anunciado también desde los medios, Bautista retiró las acusaciones por falta de pruebas contra Mitxel Sarasketa, Maitane Méndez y Jorge Arredondo. En cuanto a los otros 21 procesados, mantuvo la petición de 10 años de condena por «pertenencia a organización armada».Acompañado en la Sala por el fiscal jefe del tribunal especial, Javier Zaragoza, el representante del Ministerio Público se explayó por un amplio espacio de tiempo -más de cuatro horas- en la exposición de su informe. En un tono provocador y arrogante hacia los procesados, Bautista se defendió de las reiteradas acusaciones realizadas por los imputados en relación a la «motivación política» del juicio.El fiscal insistió en que el del sumario 33/01 «ha sido un juicio absolutamente jurídico» y aportó como prueba el hecho de que haya retirado las acusaciones contra tres procesados porque no han encontrado indicios para incriminarles. Bautista criticó que «el único matiz político lo han introducido los procesados» e hizo referencia a las manifestaciones que realizaron cuando en la primera sesión renunciaron a la defensa jurídica.En su opinión, los acusados habrían actuado de esa manera porque «han seguido la guía o el manualillo del buen miembro de la organización terro- rista», al tiempo que calificaba esa opción como «farsa, teatri-llo y montaje».Alzando la voz, el representante fiscal espetó mirando a los acusados que «espero que no les guste la sentencia y a mí me guste mucho». Incluso llegó a aventurar que si son condenados losprocesados harán uso del recurso de casación o del recurso de amparo para tratar de eludir la prisión.En su intento de provocar la reacción de los encausados, hizo referencia a las declaraciones realizadas por Txema Olabarrieta, quien manifestó en la primera sesión de la vista que «a un vasco sólo le pueden juzgar vascos». Tildó la frase de «ejemplo de etnicismo excluyente» y añadió que «si alguna vez hay una república soviética vasca, no firmarán los acuerdos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en ese tribunal habrá un juez español».
Sin imputaciones individualesBautista aseguró que, tras el «levantamiento del velo» al movimiento pro-amnistía, ha quedado demostrado que es «una or- ganización dirigida por ETA». Como en el sumario 18/98, utilizó la teoría del «desdoblamiento de delegados» de la organización armada para corroborar sus manifestaciones.En este sentido, declaró que pese a la «separación táctica» existe una «unidad estratégica» porque todas las organizaciones de la izquierda abertzale «obran en un mismo impulso de ETA».El fiscal hizo alusión en repetidas ocasiones a que la Audiencia Nacional cuenta con pruebas inculpatorias contra los procesados, pero al comunicar las imputaciones individualizadas volvió a quedar en evidencia que se ha limitado a demostrar que los acusados han sido miembros del movimiento pro-amnistía, todo ello a través de escuchas telefónicas y ruedas de prensa en la que ellos mismos se identificaban de esa manera.Y es que el propio Bautista reconoció en las primeras semanas del juicio, en el transcurso de una charla con los alumnos de la Universidad Complutense que asistían a la sesión como invitados, que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que trataría de probar que el movimiento pro-amnistía era el encargado de «señalar objetivos».Una actuación que contradice uno de los principios básicos que rige el Derecho Penal español, como es la individualización de la conducta, que obliga al acusador a decir lo que ha hecho cada uno de los imputados y acreditarlo.En este sentido, realizó ayer unas declaraciones reveladoras al manifestar que «no decimos que alguno de los procesados haya sido el que haya ido a quemar coches o contenedores, sino que han tenido que coordinarlo de alguna manera porque eran ellos los que convocaban las jornadas de lucha».Las declaraciones policiales han sido también utilizadas como prueba inculpatoria, y en previsión de que pudieran ser rechazadas por existir denuncias de torturas, Bautista advirtió al tribunal que no debe tener en cuenta que Ibon Aranalde, Susana Atxaerandio y Jorge Olaiz relataron que fueron objetos de malos tratos porque no consta ningún informe forense que así lo corrobore.
«Dolido» por la renunciaEn nombre de los procesados, Julen Larrinaga valoró tras finalizar el fiscal la exposición de las calificaciones que la postura adoptada el primer día por los imputados ha «hecho daño» en el Ministerio Público.Larrinaga recordó que «denunciamos que teníamos la convicción de que la condena estaba escrita y renunciamos por ello a la defensa jurídica», e insistió en que esa actitud ha «dolido» a la Fiscalía ya que ha utilizado «gran parte de su alegato para ensuciar nuestra postura, entrando incluso en provocaciones».En cuanto a la retirada de la acusación contra tres de los procesados, criticó que el fiscal lo ha utilizado para justificar la «transparencia» de la Audiencia Nacional queriendo hacer ver que ha tenido en consideración «todas las garantías procesales». Por ello, se preguntó por qué «han tenido encausados en este sumario durante siete años a estas tres personas» y afirmó que para compensar esa actuación ha elevado las peticiones de pena contra otros tres imputados.
Denuncias de Amnistía Internacional contra el Estado Español
Frente a las acusaciones de torturas, los responsables gubernamentales suelen contestar que las denuncias son falsas y que para probarlo basta ver que muy pocas prosperan en los tribunales. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, recuerda que «la investigación judicial no es suficiente» en estos casos y añade que medidas como la instalación de cámaras en los interrogatorios demostraría cuándo una denuncia es falsa y responde a una consigna.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, recomendó ayer a los gobiernos de Madrid y de Lakua que pongan en marcha «mecanismos independientes» para investigar las denuncias de torturas, puesto que este organismo considera que, en la actualidad, no existen «suficientes salvaguardas» para proteger los derechos de los detenidos y entiende que «la investigación judicial no es suficiente».Irene Khan se entrevistó a primera hora con la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Izaskun Bilbao, y después compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Al mediodía se reunió con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y por la tarde mantuvo un encuentro con el consejero de Interior, Javier Balza, y con el de Justicia, Joseba Azkarraga.
«Problema persistente»En su comparecencia ante los parlamentarios, Irene Khan afirmó que el sistema en el Estado español «no tiene suficiente salvaguardas para proteger contra la tortura». Destacó que los casos de tortura y malos tratos son «un problema persistente» y recalcó que «la investigación judicial no es suficiente», de modo que consideró que para que esas investigaciones sean «efectivas» deben ponerse en marcha mecanismos «independientes» de investigación.Respecto a la posible existencia de denuncias falsas, Khan declaró que instalando cámaras de vídeo en los lugares «adecuados» de las comisarías, se demostraría cuándo hay un caso falso que sigue una consiga y cuándo es real.La secretaria general de AI reconoció que en Euskal Herria hay «un reto especial» a la hora de enfrentarse a la violencia y a las torturas, y afirmó que «la mejor forma de defender la libertad y la seguridad es promoviendo el respeto a los derechos humanos».Asimismo, valoró los pasos dados por Lakua en la prevención de los malos tratos y torturas, mediante la instalación por ejemplo de cámaras de vídeo en las comisarías, pero opinó que estas medidas «siguen quedándose cortas».Esta afirmación produjo un hondo malestar en los responsables de Interior, que emitieron una nota en la que acusaban a este organismo de «anticipar sus declaraciones acusatorias ante los medios» antes de hablar con el Departamento.Amnistía Internacional insistió en que la aplicación de la incomunicación «favorece un entorno en el que se pueden dar torturas y malos tratos» y también «viola los derechos» del arrestado «a la elección de abogado y de forense».En materia de política penitenciaria, pidió que los presos cumplan sus penas cerca de su residencia o lugar de origen.Además, la secretaria general de AI expresó su «condena sin límites a ETA» y apuntó que «nada justifica los crímenes».
El Departamento de Interior del Gobierno de Lakua reaccionó inmediatamente a las declaraciones de Irene Khan, lamentando «profundamente» que Amnistía Internacional extienda «sus sospechas de torturas» a la Ertzaintza y aseguró que «es el único cuerpo policial del Estado» que no ha aplicado la incomunicación a ningún detenido en los dos últimos años ni ha recibido ninguna denuncia por malos tratos en este periodo de tiempo.También destacó que la Ertzaintza «es la única institución policial estatal que cumple puntualmente todos los requerimientos de Amnistía Internacional sobre medidas de prevención de la tortura, como la implantación de cámaras de grabación en los centros de detención, la regulación detallada de todo el proceso de detención, la identificación de los agentes participantes, la fiscalización por parte de jueces y forenses, la realización de auditorías sobre el proceso de detención por instituciones ajenas a la Policía autónoma, etc...»Conocido el malestar de Interior, la secretaria general de AI valoró los datos de la Ertzaintza y confió en que sea un mensaje «positivo» para el resto del Estado, pero insistió en que no apliquen la incomunicación . GARA
Askatasuna recuerda a Lakua su inacción en 200 denuncias
A raíz de la polémica surgida tras las declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional, Askatasuna hizo pública una nota en la que recuerda que en los últimos años la Ertzaintza ha sido objeto de más de 200 denuncias de tortura, y denuncia que «no se ha abierto ninguna investigación sobre ellas». «Para acabar completamente con la tortura vemos imprescindible aclarar las responsabilidades sobre estos casos y que haya un reconocimiento de la existencia de esas torturas», apunta el organismo antirrepresivo..
En este sentido, considera «esclarecedor» el caso de Orkatz Gallastegi, sobre quien «la Audiencia Nacional utilizó las declaraciones realizadas bajo torturas tras ser detenido e incomunicado por la Ertzaintza para condenarle a 26 años de cárcel». «La única prueba fueron las declaraciones realizadas a la Ertzaintza durante la incomunicación, que luego negó ante el juez», recuerda.
Para Askatasuna, el hecho de que la Policía autonómica no haya incomunicado a los últimos detenidos, no quiere decir que no vaya a volver a incomunicar, ya que, de hecho, «ni Ibarretxe ni el Departamento de Interior» han anunciado este hecho. GARA
«Problema persistente»En su comparecencia ante los parlamentarios, Irene Khan afirmó que el sistema en el Estado español «no tiene suficiente salvaguardas para proteger contra la tortura». Destacó que los casos de tortura y malos tratos son «un problema persistente» y recalcó que «la investigación judicial no es suficiente», de modo que consideró que para que esas investigaciones sean «efectivas» deben ponerse en marcha mecanismos «independientes» de investigación.Respecto a la posible existencia de denuncias falsas, Khan declaró que instalando cámaras de vídeo en los lugares «adecuados» de las comisarías, se demostraría cuándo hay un caso falso que sigue una consiga y cuándo es real.La secretaria general de AI reconoció que en Euskal Herria hay «un reto especial» a la hora de enfrentarse a la violencia y a las torturas, y afirmó que «la mejor forma de defender la libertad y la seguridad es promoviendo el respeto a los derechos humanos».Asimismo, valoró los pasos dados por Lakua en la prevención de los malos tratos y torturas, mediante la instalación por ejemplo de cámaras de vídeo en las comisarías, pero opinó que estas medidas «siguen quedándose cortas».Esta afirmación produjo un hondo malestar en los responsables de Interior, que emitieron una nota en la que acusaban a este organismo de «anticipar sus declaraciones acusatorias ante los medios» antes de hablar con el Departamento.Amnistía Internacional insistió en que la aplicación de la incomunicación «favorece un entorno en el que se pueden dar torturas y malos tratos» y también «viola los derechos» del arrestado «a la elección de abogado y de forense».En materia de política penitenciaria, pidió que los presos cumplan sus penas cerca de su residencia o lugar de origen.Además, la secretaria general de AI expresó su «condena sin límites a ETA» y apuntó que «nada justifica los crímenes».
El Departamento de Interior del Gobierno de Lakua reaccionó inmediatamente a las declaraciones de Irene Khan, lamentando «profundamente» que Amnistía Internacional extienda «sus sospechas de torturas» a la Ertzaintza y aseguró que «es el único cuerpo policial del Estado» que no ha aplicado la incomunicación a ningún detenido en los dos últimos años ni ha recibido ninguna denuncia por malos tratos en este periodo de tiempo.También destacó que la Ertzaintza «es la única institución policial estatal que cumple puntualmente todos los requerimientos de Amnistía Internacional sobre medidas de prevención de la tortura, como la implantación de cámaras de grabación en los centros de detención, la regulación detallada de todo el proceso de detención, la identificación de los agentes participantes, la fiscalización por parte de jueces y forenses, la realización de auditorías sobre el proceso de detención por instituciones ajenas a la Policía autónoma, etc...»Conocido el malestar de Interior, la secretaria general de AI valoró los datos de la Ertzaintza y confió en que sea un mensaje «positivo» para el resto del Estado, pero insistió en que no apliquen la incomunicación . GARA
Askatasuna recuerda a Lakua su inacción en 200 denuncias
A raíz de la polémica surgida tras las declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional, Askatasuna hizo pública una nota en la que recuerda que en los últimos años la Ertzaintza ha sido objeto de más de 200 denuncias de tortura, y denuncia que «no se ha abierto ninguna investigación sobre ellas». «Para acabar completamente con la tortura vemos imprescindible aclarar las responsabilidades sobre estos casos y que haya un reconocimiento de la existencia de esas torturas», apunta el organismo antirrepresivo..
En este sentido, considera «esclarecedor» el caso de Orkatz Gallastegi, sobre quien «la Audiencia Nacional utilizó las declaraciones realizadas bajo torturas tras ser detenido e incomunicado por la Ertzaintza para condenarle a 26 años de cárcel». «La única prueba fueron las declaraciones realizadas a la Ertzaintza durante la incomunicación, que luego negó ante el juez», recuerda.
Para Askatasuna, el hecho de que la Policía autonómica no haya incomunicado a los últimos detenidos, no quiere decir que no vaya a volver a incomunicar, ya que, de hecho, «ni Ibarretxe ni el Departamento de Interior» han anunciado este hecho. GARA
miércoles, 11 de junio de 2008
DIARIO DE UN PROCESO
Ante la próxima finalización del juicio contra el Movimiento Pro Amnistía, aquí dejo un diario de la farsa que ha llevado a cabo la Audicencia Nacional.Cualquiera que lea esto se dará cuenta de cómo funciona la (In)Justicia Española.
04/06/08
Sesión 26
Finalizadas las escuchas telefónicas, se parchea la documental
La práctica de la prueba documental, por la que se daba lectura a documentos incautados en los registros a las sedes de Gestoras –Askatasuna e incluso en los despachos de los abogados o reseñas de prensa, propuestos por la acusación había quedado inconclusa en sesiones anteriores por aparecer únicamente en euskera y precisar de traducción. Otros documentos habían sido aportados en su versión original –euskera- y traducidos –supuestamente por la policía-, procediendo los traductores que participan en el juicio a corroborar que la traducción aportada se corresponde con el original.
La práctica de la lectura de estos documentos se había pospuesto, hecho procesalmente inaudito ya que se había dado paso a otra fase procesal de escuchas telefónicas. Una vez traducidos por los traductores del tribunal, se retoma su lectura, pero aparece otro elemento insólito: el fiscal, trabaja absorto en su ordenador portátil para preparar su informe de conclusiones, ajeno a la lectura de los documentos que él mismo ha aportado… y que están repetidos!! El tribunal a duras penas se da cuenta de este hecho, muestra de la poca atención que prestan, o de que les es ininteligible –por desconocer la actividad de un movimiento social y la realidad asociativa en Euskal Herria- su contenido. Son las defensas y los procesados los que reconocen los documentos, nuevamente traducidos, pero leídos con anterioridad. El fiscal se justifica: al estar en euskera no podía conocer el contenido de los documentos. La pregunta entonces es evidente: ¿Por qué presenta el fiscal como prueba de cargo documentos cuyo contenido desconoce? ¿Alguien le ha instruido para que así lo haga, hecho que sigue a pies juntillas? ¿Será porque, quien le ha propuesto todo el material probatorio, y ha conducido realmente el proceso –la policía- sí conoce los documentos y los sabe interpretar, mientras él es ajeno a todo ello? La negligencia del fiscal lleva a esa conclusión de forma patente.
Ya quedó claro en la declaración del perito policial que éste era quien realmente controlaba el caso y quien dirigía la acusación, dándose incluso el hecho de que el interrogatorio del fiscal dificultaba la exposición del perito, enmarañándola, haciéndola incomprensible. Este hecho, añade luz a esa hipótesis.03/06/08
La práctica de la prueba documental, por la que se daba lectura a documentos incautados en los registros a las sedes de Gestoras –Askatasuna e incluso en los despachos de los abogados o reseñas de prensa, propuestos por la acusación había quedado inconclusa en sesiones anteriores por aparecer únicamente en euskera y precisar de traducción. Otros documentos habían sido aportados en su versión original –euskera- y traducidos –supuestamente por la policía-, procediendo los traductores que participan en el juicio a corroborar que la traducción aportada se corresponde con el original.
La práctica de la lectura de estos documentos se había pospuesto, hecho procesalmente inaudito ya que se había dado paso a otra fase procesal de escuchas telefónicas. Una vez traducidos por los traductores del tribunal, se retoma su lectura, pero aparece otro elemento insólito: el fiscal, trabaja absorto en su ordenador portátil para preparar su informe de conclusiones, ajeno a la lectura de los documentos que él mismo ha aportado… y que están repetidos!! El tribunal a duras penas se da cuenta de este hecho, muestra de la poca atención que prestan, o de que les es ininteligible –por desconocer la actividad de un movimiento social y la realidad asociativa en Euskal Herria- su contenido. Son las defensas y los procesados los que reconocen los documentos, nuevamente traducidos, pero leídos con anterioridad. El fiscal se justifica: al estar en euskera no podía conocer el contenido de los documentos. La pregunta entonces es evidente: ¿Por qué presenta el fiscal como prueba de cargo documentos cuyo contenido desconoce? ¿Alguien le ha instruido para que así lo haga, hecho que sigue a pies juntillas? ¿Será porque, quien le ha propuesto todo el material probatorio, y ha conducido realmente el proceso –la policía- sí conoce los documentos y los sabe interpretar, mientras él es ajeno a todo ello? La negligencia del fiscal lleva a esa conclusión de forma patente.
Ya quedó claro en la declaración del perito policial que éste era quien realmente controlaba el caso y quien dirigía la acusación, dándose incluso el hecho de que el interrogatorio del fiscal dificultaba la exposición del perito, enmarañándola, haciéndola incomprensible. Este hecho, añade luz a esa hipótesis.03/06/08
Sesiones 24 y 25
Continúa la práctica de las interceptaciones telefónicas
Distribución de carteles, distribución de rifas y sorteos, recogida de fondos, montaje y desmontaje de escenarios para conciertos benéficos, llamadas a las compañías de telefónica para dar de alta nuevas líneas, llamadas en las que se comenta cómo han salido manifestaciones, actos de protesta, iniciativas públicas… actividades que aparecen en las llamadas y que mostrarían, una vez más, la actividad pública del Movimiento Pro Amnistía.La organización de los actos de duelo por muerte en Alicante de Olaia Castresana, tras explosionar una bomba que manipulaba y el acompañamiento a la familia para repatriar su cuerpo también fueron motivo de escucha.
Distribución de carteles, distribución de rifas y sorteos, recogida de fondos, montaje y desmontaje de escenarios para conciertos benéficos, llamadas a las compañías de telefónica para dar de alta nuevas líneas, llamadas en las que se comenta cómo han salido manifestaciones, actos de protesta, iniciativas públicas… actividades que aparecen en las llamadas y que mostrarían, una vez más, la actividad pública del Movimiento Pro Amnistía.La organización de los actos de duelo por muerte en Alicante de Olaia Castresana, tras explosionar una bomba que manipulaba y el acompañamiento a la familia para repatriar su cuerpo también fueron motivo de escucha.
02/06/08
Sesión 22 y 23
Las escuchas confirman la actividad declarada por el MPA
El primer día de vista pública, los acusados se reconocieron miembros del Movimiento pro Amnistía y declararon en qué consistía su actividad en el ámbito antirepresivo y con las personas represaliadas. Las escuchas telefónicas que habían sido aprehendidas a los acusados en sus teléfonos móviles o en los de las oficinas públicas de Gestoras Pro Amnistía y después Askatasuna, revelan sus actividades en diversas campañas de solidaridad, en reparto de carteles, en contraste de comunicados, en preparación de ruedas de prensa.
Las que podrían ser consideradas, desde el punto de vista de la acusación, más delicadas, se referían a la organización de homenajes hechos a miembros de ETA muertos por las FSE o al estallar los artefactos que manipulaban. En su tiempo estos hechos no revistieron acción judicial contra estas personas, por lo que ahora, presentarlos de forma anecdótica, aislada, para criminalizar la actividad completa de este movimiento y de sus portavoces y activistas, en una nebulosa de delictividad, no parece de recibo.
El primer día de vista pública, los acusados se reconocieron miembros del Movimiento pro Amnistía y declararon en qué consistía su actividad en el ámbito antirepresivo y con las personas represaliadas. Las escuchas telefónicas que habían sido aprehendidas a los acusados en sus teléfonos móviles o en los de las oficinas públicas de Gestoras Pro Amnistía y después Askatasuna, revelan sus actividades en diversas campañas de solidaridad, en reparto de carteles, en contraste de comunicados, en preparación de ruedas de prensa.
Las que podrían ser consideradas, desde el punto de vista de la acusación, más delicadas, se referían a la organización de homenajes hechos a miembros de ETA muertos por las FSE o al estallar los artefactos que manipulaban. En su tiempo estos hechos no revistieron acción judicial contra estas personas, por lo que ahora, presentarlos de forma anecdótica, aislada, para criminalizar la actividad completa de este movimiento y de sus portavoces y activistas, en una nebulosa de delictividad, no parece de recibo.
28/05/08
Sesión 21
Se pospone la documental y comienzan las escuchas telefónicas
La fase procesal de la práctica de lectura de documentos no pudo terminar, al encontrarse en euskara un importante número de los escritos propios del Movimiento pro Amnistía o de reseñas aparecidas en prensa, lo cual hizo a la presidenta decidir pasar -decisión dudosamente ortodoxa, procesalmente hablando- a la siguiente fase de la práctica de las escuchas telefónicas, en espera de que sean traducidas.
Es de mencionar la actitud del fiscal ante las documentales propuestas por él mismo, quien no prestó ninguna atención a su práctica, sobre todo ante el hecho de que varios de estos documentos, como advirtió la defensa, aparecieron repetidos. “Es porque en ellos se menciona a más de una persona” justificó, sin preocuparse de especificar cuales y obligando al secretario y al tribunal a identificarlos, para evitar el hastío que producía su lectura repetida, mientras él continuaba trabajando en su ordenador portátil.
La práctica de la audición de las escuchas telefónicas se inició con aquellas registradas a Iñaki Reta, en las que hablaba con otros compañeros y compañeras sobre la organización de ruedas de prensa, de organización del acto político “Askatasunaren Taupadak” o del acto de recibimiento del cuerpo del militante de ETA muerto Ekain Ruiz.
La fase procesal de la práctica de lectura de documentos no pudo terminar, al encontrarse en euskara un importante número de los escritos propios del Movimiento pro Amnistía o de reseñas aparecidas en prensa, lo cual hizo a la presidenta decidir pasar -decisión dudosamente ortodoxa, procesalmente hablando- a la siguiente fase de la práctica de las escuchas telefónicas, en espera de que sean traducidas.
Es de mencionar la actitud del fiscal ante las documentales propuestas por él mismo, quien no prestó ninguna atención a su práctica, sobre todo ante el hecho de que varios de estos documentos, como advirtió la defensa, aparecieron repetidos. “Es porque en ellos se menciona a más de una persona” justificó, sin preocuparse de especificar cuales y obligando al secretario y al tribunal a identificarlos, para evitar el hastío que producía su lectura repetida, mientras él continuaba trabajando en su ordenador portátil.
La práctica de la audición de las escuchas telefónicas se inició con aquellas registradas a Iñaki Reta, en las que hablaba con otros compañeros y compañeras sobre la organización de ruedas de prensa, de organización del acto político “Askatasunaren Taupadak” o del acto de recibimiento del cuerpo del militante de ETA muerto Ekain Ruiz.
27/05/08
Sesiones 19 y 20
Una prueba documental incomprensible
La continuación de la práctica de la prueba documental presentada por el fiscal y que, se supone, será utilizada para sustentar la acusación, está sirviendo para desvelar el trabajo público y notorio que desarrollaba el Movimiento Pro Amnistía. Así, los documentos aportados son artículos aparecidos en el periódico GARA que se refieren a situaciones de vulneraciones de derechos humanos derivados de la práctica de guerra sucia, de la aplicación de la tortura o de la política penitenciaria. Las reseñas de prensa recogen declaraciones públicas realizadas por responsables de este movimiento - Julen Zelarain, Maite Diaz de Heredia, Josu Beaumont, Iker Zubia, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Txema Olabarrieta…- en los que denunciaban el hecho o sus responsables políticos, mostraban la solidaridad con la víctima o hacían propuestas u organizaban campañas de activación social para que estos hechos no se repitan.
Es de destacar las dificultades de comprensión que suscitan estos artículos entre los miembros y personal del tribunal, demostrado por los apuros en que se encuentra el secretario para hacer una simple lectura coherente de ellos, al referirse a términos políticos, procesos de debate, eslóganes en euskera, campañas –Alde Hemendik, Txapela metalika, Elkarrekin Eraiki…- de fácil reconocimiento en el panorama político vasco, pero desconocidas, sin duda, en otros territorios y en concreto por el tribunal, que pretende juzgar lo que a duras penas comprende.
La continuación de la práctica de la prueba documental presentada por el fiscal y que, se supone, será utilizada para sustentar la acusación, está sirviendo para desvelar el trabajo público y notorio que desarrollaba el Movimiento Pro Amnistía. Así, los documentos aportados son artículos aparecidos en el periódico GARA que se refieren a situaciones de vulneraciones de derechos humanos derivados de la práctica de guerra sucia, de la aplicación de la tortura o de la política penitenciaria. Las reseñas de prensa recogen declaraciones públicas realizadas por responsables de este movimiento - Julen Zelarain, Maite Diaz de Heredia, Josu Beaumont, Iker Zubia, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Txema Olabarrieta…- en los que denunciaban el hecho o sus responsables políticos, mostraban la solidaridad con la víctima o hacían propuestas u organizaban campañas de activación social para que estos hechos no se repitan.
Es de destacar las dificultades de comprensión que suscitan estos artículos entre los miembros y personal del tribunal, demostrado por los apuros en que se encuentra el secretario para hacer una simple lectura coherente de ellos, al referirse a términos políticos, procesos de debate, eslóganes en euskera, campañas –Alde Hemendik, Txapela metalika, Elkarrekin Eraiki…- de fácil reconocimiento en el panorama político vasco, pero desconocidas, sin duda, en otros territorios y en concreto por el tribunal, que pretende juzgar lo que a duras penas comprende.
26/05/08
Sesión 17 y 18
Continúa la lectura de documentos
La prueba documental ha continuado con la lectura por parte del secretario, con continuos errores de interpretación y dificultades de traducción, de varios documentos incautados en los registros de las sedes de Gestoras y Askatasuna. En ellos se recogen campañas referentes a la reivindicación de repatriación de presos vascos y terminación de la política de dispersión, así como actas sobre la creación del proyecto denominado internamente “txapela metalika” y que consistía en la creación de una plataforma de personas de reconocido prestigio social, que reclamaran un escenario democrático básico. Este proyecto se frustró con la operación llevada a cabo en octubre de 2001 contra Askatasuna.
Asimismo, se ha dado lectura a varias reseñas de prensa en las que Juan Mari Olano, coordinador nacional de Gestoras Pro Amnistía hacía manifestaciones públicas sobre cuestiones relacionadas con la situación de los presos o, por ejemplo, en referencia a la muerte de cuatro militantes de ETA en el barrio bilbaíno de Bolueta.
La prueba documental ha continuado con la lectura por parte del secretario, con continuos errores de interpretación y dificultades de traducción, de varios documentos incautados en los registros de las sedes de Gestoras y Askatasuna. En ellos se recogen campañas referentes a la reivindicación de repatriación de presos vascos y terminación de la política de dispersión, así como actas sobre la creación del proyecto denominado internamente “txapela metalika” y que consistía en la creación de una plataforma de personas de reconocido prestigio social, que reclamaran un escenario democrático básico. Este proyecto se frustró con la operación llevada a cabo en octubre de 2001 contra Askatasuna.
Asimismo, se ha dado lectura a varias reseñas de prensa en las que Juan Mari Olano, coordinador nacional de Gestoras Pro Amnistía hacía manifestaciones públicas sobre cuestiones relacionadas con la situación de los presos o, por ejemplo, en referencia a la muerte de cuatro militantes de ETA en el barrio bilbaíno de Bolueta.
21/05/08
Sesión 16
Se inicia la práctica de la prueba documental
En este momento procesal se hizo lectura a los documentos que sirven a la fiscalía para fundamentar su acusación, entre los que se encuentran papeles tan dispares como agendas con anotaciones de reuniones, manifestaciones, ruedas de prensa, o documentos sobre valoraciones de actividades y campañas propias de Gestoras, como es la “planificación de solidaridad para navidades” que en concreto, se mencionó. También se dio lectura a cartas públicas, enviadas a responsables políticos o institucionales pidiendo su reflexión o actuación en problemas tales como los derechos de los presos vascos dispersados en cárceles de todo el estado, la situación de quienes han cumplido las ¾ partes o la de aquellos que sufren enfermedades incurables y deberían acceder a la libertad.
Documentos contables fueron visionados en una pantalla, en los que, sin una explicación racional sobre lo que se estaba visionando, lo cual daba cierta impresión de ser un galimatías, incluían realmente ingresos por la colocación de txoznas -barracas en fiestas-, por “sorteos solidarios” o la distribución de tacos de rifas en diferentes pueblos y barrios.
En este momento procesal se hizo lectura a los documentos que sirven a la fiscalía para fundamentar su acusación, entre los que se encuentran papeles tan dispares como agendas con anotaciones de reuniones, manifestaciones, ruedas de prensa, o documentos sobre valoraciones de actividades y campañas propias de Gestoras, como es la “planificación de solidaridad para navidades” que en concreto, se mencionó. También se dio lectura a cartas públicas, enviadas a responsables políticos o institucionales pidiendo su reflexión o actuación en problemas tales como los derechos de los presos vascos dispersados en cárceles de todo el estado, la situación de quienes han cumplido las ¾ partes o la de aquellos que sufren enfermedades incurables y deberían acceder a la libertad.
Documentos contables fueron visionados en una pantalla, en los que, sin una explicación racional sobre lo que se estaba visionando, lo cual daba cierta impresión de ser un galimatías, incluían realmente ingresos por la colocación de txoznas -barracas en fiestas-, por “sorteos solidarios” o la distribución de tacos de rifas en diferentes pueblos y barrios.
20/05/08
Sesiones 14 y 15
La fundación de Askatasuna
La última parte de la declaración del perito de la Policía Nacional versó sobre el proceso “Elkarrekin eraikiz” traducido como “construyendo juntos” y que llevó a la unificación del organismo Gestoras Pro Amnistía, que trabajaba en el sur de Euskal Herria con su homologo en el norte Koordinaketa. Dicho proceso de fusión, culminó en diciembre de 2001, días después de la operación en octubre que se saldó con la detención de 14 responsables de Gestoras, con la presentación pública de Askatasuna en el palacio Kursaal de Donostia. Un proceso similar llevaron a cabo las organizaciones de familiares de presos de ambos lados del Pirineo, Senideak y Gureak, para conformar la organización actual, que engloba a familiares en Etxerat!. Según la interpretación del perito, estos procesos de creación de organismos de carácter “nacional” no sería un acto espontáneo sino en seguimiento de “una directriz de ETA que fija que hay que operar en clave nacional, como si la frontera hispano francesa no existiera”. Así, si bien el proceso de fusión no tuvo por objetivo “burlar la prohibición de actividades de Gestoras”, como apuntó el fiscal, ya que este proceso estaba en marcha bastante antes de la intervención policial, “siguiendo la instrucción de ETA aparecida en el boletín Zutabe de 1995”.
La sesión finalizó con la intervención de dos miembros de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia de la Guardia Civil hicieron lectura de reseñas de prensa con declaraciones de Juan Mari Olano en la que aseguraban se “vertían amenazas contra partidos políticos, funcionarios del estado y otras instituciones públicas”. La jueza les pidió que hicieran una exposición de los hechos y que le dejaran a ella “hacer la calificación jurídica sobre ellos”.
La última parte de la declaración del perito de la Policía Nacional versó sobre el proceso “Elkarrekin eraikiz” traducido como “construyendo juntos” y que llevó a la unificación del organismo Gestoras Pro Amnistía, que trabajaba en el sur de Euskal Herria con su homologo en el norte Koordinaketa. Dicho proceso de fusión, culminó en diciembre de 2001, días después de la operación en octubre que se saldó con la detención de 14 responsables de Gestoras, con la presentación pública de Askatasuna en el palacio Kursaal de Donostia. Un proceso similar llevaron a cabo las organizaciones de familiares de presos de ambos lados del Pirineo, Senideak y Gureak, para conformar la organización actual, que engloba a familiares en Etxerat!. Según la interpretación del perito, estos procesos de creación de organismos de carácter “nacional” no sería un acto espontáneo sino en seguimiento de “una directriz de ETA que fija que hay que operar en clave nacional, como si la frontera hispano francesa no existiera”. Así, si bien el proceso de fusión no tuvo por objetivo “burlar la prohibición de actividades de Gestoras”, como apuntó el fiscal, ya que este proceso estaba en marcha bastante antes de la intervención policial, “siguiendo la instrucción de ETA aparecida en el boletín Zutabe de 1995”.
La sesión finalizó con la intervención de dos miembros de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia de la Guardia Civil hicieron lectura de reseñas de prensa con declaraciones de Juan Mari Olano en la que aseguraban se “vertían amenazas contra partidos políticos, funcionarios del estado y otras instituciones públicas”. La jueza les pidió que hicieran una exposición de los hechos y que le dejaran a ella “hacer la calificación jurídica sobre ellos”.
19/05/08
Sesiones 12 y 13
El perito de la UCI mezcla responsabilidades
El perito número 19.242 mencionó la responsabilidad de Gestoras en organizar actos de homenaje a miembros de ETA muertos, como es el caso de Olaia Kastresana. En la lectura del guión del discurso, incautado en una sede registrada, leyó “hacemos apología de la resolución política, hacemos apología de la paz”.
En otro documento se mencionaban responsabilidades concretas en las diferentes áreas de Gestoras, estableciendo la de coordinación nacional, la de presos, refugiados, solidaridad, libertades democráticas, internacionales, prensa… además de aquellas derivadas del ámbito territorial sea provincial, o local. Una mención a que solamente en Bizkaia habría 587 militantes del organismo antirrepresivo, llevó al fiscal a dudar sobre el carácter de la asociación: “¿eso hace ser una organización de masas?”, preguntó al perito queriendo negar este carácter para considerar que es una organización de cuadros, cuadros además desdoblados en Ekin. Este respondió que “para una población como la vasca y refiriéndose a una sola provincia, es un número respetable”.
Con respecto a las responsabilidades que desarrollan, manifestó que estas solo se pueden dar “bajo la confianza estricta de otras organizaciones afines”, vinculando a algunos de los acusados a otras militancias que habrían desarrollado anteriormente en otras organizaciones, como Jarrai, Kas o Ekin, sin que este hecho guarde siempre relación con la realidad.
El perito número 19.242 mencionó la responsabilidad de Gestoras en organizar actos de homenaje a miembros de ETA muertos, como es el caso de Olaia Kastresana. En la lectura del guión del discurso, incautado en una sede registrada, leyó “hacemos apología de la resolución política, hacemos apología de la paz”.
En otro documento se mencionaban responsabilidades concretas en las diferentes áreas de Gestoras, estableciendo la de coordinación nacional, la de presos, refugiados, solidaridad, libertades democráticas, internacionales, prensa… además de aquellas derivadas del ámbito territorial sea provincial, o local. Una mención a que solamente en Bizkaia habría 587 militantes del organismo antirrepresivo, llevó al fiscal a dudar sobre el carácter de la asociación: “¿eso hace ser una organización de masas?”, preguntó al perito queriendo negar este carácter para considerar que es una organización de cuadros, cuadros además desdoblados en Ekin. Este respondió que “para una población como la vasca y refiriéndose a una sola provincia, es un número respetable”.
Con respecto a las responsabilidades que desarrollan, manifestó que estas solo se pueden dar “bajo la confianza estricta de otras organizaciones afines”, vinculando a algunos de los acusados a otras militancias que habrían desarrollado anteriormente en otras organizaciones, como Jarrai, Kas o Ekin, sin que este hecho guarde siempre relación con la realidad.
14/05/08
Sesión 11
Continúa la “tesis pericial” de la acusación
Como en las sesiones anteriores, el número 19.242 de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional intentó explicar el papel de control que tenía KAS y posteriormente Ekin sobre “el conjunto del Movimiento Vasco de Liberación Nacional”. En dicho organigrama, “miembros de Ekin controlaban las actividades de Gestoras” tales como la campaña Alde Hemendik- que se vayan!!!, por la que se reclama la retirada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se encontrarían “desdoblados”.
Además, interpretando documentos aprehendidos al miembro de ETA Dorronsoro Malaxetxebarria en una operación en París el año 1993, concluía que “los abogados habrían servido de correo entre ETA y los presos políticos”. Es de recordar que la actividad de los abogados no está bajo enjuiciamiento, habiéndose dedicado a esta cuestión gran parte de las sesiones sin que la jueza interrumpa la declaración, como ha hecho en anteriores casos.
Como en las sesiones anteriores, el número 19.242 de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional intentó explicar el papel de control que tenía KAS y posteriormente Ekin sobre “el conjunto del Movimiento Vasco de Liberación Nacional”. En dicho organigrama, “miembros de Ekin controlaban las actividades de Gestoras” tales como la campaña Alde Hemendik- que se vayan!!!, por la que se reclama la retirada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se encontrarían “desdoblados”.
Además, interpretando documentos aprehendidos al miembro de ETA Dorronsoro Malaxetxebarria en una operación en París el año 1993, concluía que “los abogados habrían servido de correo entre ETA y los presos políticos”. Es de recordar que la actividad de los abogados no está bajo enjuiciamiento, habiéndose dedicado a esta cuestión gran parte de las sesiones sin que la jueza interrumpa la declaración, como ha hecho en anteriores casos.
13/05/08
Sesiones 9 y 10
Periciales policiales
El policía 19.242, miembro de la UCI, conduce la prueba pericial presentada por el Ministerio fiscal. Tras confesar abiertamente que los conocimientos que le habilitan como perito –y por lo tanto experto científico e imparcial- se reducen a su “participación durante 25 años en la lucha antiterrorista” y haber sido activo en la investigación del presente sumario, así como en el 18/98, comenzó su relato. En él, conducido por las preguntas del fiscal, reconoció que durante la instrucción del sumario contra el movimiento pro-amnistía fueron registradas las sedes de abogados en Hernani e incautados documentos sobre sus clientes, “clonados” por la policía en sus ordenadores y posteriormente aportados a la causa.
Refiriéndose a los orígenes de Gestoras se remontó a la década de los 70 subrayando que en esos últimos años del franquismo «existían muchas organizaciones sociales y políticas ilegalizadas y el número de personas encarceladas por delitos de opinión o por delitos violentos por motivaciones políticas era muy alto».
Señaló que en Euskal Herria se articuló un movimiento social amplio a través de comisiones que revindicaban la amnistía y la excarcelación de presos. Tras la amnistía de 1977 “ETA-militar entendió que era una «falsa» amnistía, ya que el nuevo sistema jurídico adolecía de un déficit democrático al no reconocer la territorialidad y la autodeterminación” por lo que continuó practicando la lucha armada para conseguir que se reconocieran sus peticiones por parte del Estado español. En ese contexto, el perito dijo “que las cárceles se volvieron a llenar de presos rápidamente” por lo que volvió a resurgir el movimiento pro-amnistía, pero sostuvo que a partir de ahí “sólo estaba compuesto por personas vinculadas a la izquierda abertzale y que reclamaban la amnistía de los presos de ETA”.
Ante este interés de ETA por la actividad de ese movimiento, en sus posteriores explicaciones el perito intentó explicar como, por mediación de KAS y después Ekin, Gestoras Pro Amnistía era controladas por ETA.
12/05/08
El policía 19.242, miembro de la UCI, conduce la prueba pericial presentada por el Ministerio fiscal. Tras confesar abiertamente que los conocimientos que le habilitan como perito –y por lo tanto experto científico e imparcial- se reducen a su “participación durante 25 años en la lucha antiterrorista” y haber sido activo en la investigación del presente sumario, así como en el 18/98, comenzó su relato. En él, conducido por las preguntas del fiscal, reconoció que durante la instrucción del sumario contra el movimiento pro-amnistía fueron registradas las sedes de abogados en Hernani e incautados documentos sobre sus clientes, “clonados” por la policía en sus ordenadores y posteriormente aportados a la causa.
Refiriéndose a los orígenes de Gestoras se remontó a la década de los 70 subrayando que en esos últimos años del franquismo «existían muchas organizaciones sociales y políticas ilegalizadas y el número de personas encarceladas por delitos de opinión o por delitos violentos por motivaciones políticas era muy alto».
Señaló que en Euskal Herria se articuló un movimiento social amplio a través de comisiones que revindicaban la amnistía y la excarcelación de presos. Tras la amnistía de 1977 “ETA-militar entendió que era una «falsa» amnistía, ya que el nuevo sistema jurídico adolecía de un déficit democrático al no reconocer la territorialidad y la autodeterminación” por lo que continuó practicando la lucha armada para conseguir que se reconocieran sus peticiones por parte del Estado español. En ese contexto, el perito dijo “que las cárceles se volvieron a llenar de presos rápidamente” por lo que volvió a resurgir el movimiento pro-amnistía, pero sostuvo que a partir de ahí “sólo estaba compuesto por personas vinculadas a la izquierda abertzale y que reclamaban la amnistía de los presos de ETA”.
Ante este interés de ETA por la actividad de ese movimiento, en sus posteriores explicaciones el perito intentó explicar como, por mediación de KAS y después Ekin, Gestoras Pro Amnistía era controladas por ETA.
12/05/08
Sesión 8
Terminan de declarar los 13 testigos presentados por los acusados en Gestoras-Askatasuna
En esta sesión participaron nuevamente seis testigos que trasmitieron su testimonio de violencia estatal ante el tribunal presidido por Teresa Palacios. La primera de ellas, Carmen Mañas, relató la detención de sus hijos y la situación de “indefensión” en la que se encontró su familia en ese momento, por lo que dijo haber entrado en contacto con Gestoras Pro Amnistía para “saber que hacer y como enfrentarse a dicha situación”. Debido a la represión contra los jóvenes, y para denunciar los “montajes policiales” que se realizaban contra ellos, padres y madres se organizaron en torno a la asociación Gurasoak. Mañas declaró que el 13 de marzo de 2004 un Policía español mató a su marido Angel Berrueta por identificarlo con esa asociación, hecho que consideró un asesinato «político» y «terrorismo de estado».
Andoni Txasko relató los hechos del 3 de marzo del 76, cuando la Policía Armada mató a 5 obreros que realizaban una asamblea en una iglesia de Gasteiz, siendo el mismo herido. Dijo conocer a Gestoras, por participar ésta en la plataforma que pide todavía hoy reconocimiento y reparación para las víctimas de aquellos hechos.
Kontxi Luna, pareja de Jose Mari Sagardui «Gatza» que próximamente cumplirá 28 años en prisión consideró de “venganza” la política que se lleva contra su marido y contra los familiares de los presos políticos. Se preguntó que si desaparece el movimiento pro amnistía, quien les ayudará a “poner voz a las vulneraciones de derechos que sufren los presos”. Dijo sentir “miedo” ante un escenario así. Esta situación de vulneración en las cárceles vino corroborada por Itsaso Idoiaga, médica que trabaja asistiendo a presos enfermos.
En similares términos se expresó Mattin Troitiño, hijo y hermano de presos políticos. La presidente del tribunal cortó su alegato, espetándole que no cuente “películas”.
En esta sesión participaron nuevamente seis testigos que trasmitieron su testimonio de violencia estatal ante el tribunal presidido por Teresa Palacios. La primera de ellas, Carmen Mañas, relató la detención de sus hijos y la situación de “indefensión” en la que se encontró su familia en ese momento, por lo que dijo haber entrado en contacto con Gestoras Pro Amnistía para “saber que hacer y como enfrentarse a dicha situación”. Debido a la represión contra los jóvenes, y para denunciar los “montajes policiales” que se realizaban contra ellos, padres y madres se organizaron en torno a la asociación Gurasoak. Mañas declaró que el 13 de marzo de 2004 un Policía español mató a su marido Angel Berrueta por identificarlo con esa asociación, hecho que consideró un asesinato «político» y «terrorismo de estado».
Andoni Txasko relató los hechos del 3 de marzo del 76, cuando la Policía Armada mató a 5 obreros que realizaban una asamblea en una iglesia de Gasteiz, siendo el mismo herido. Dijo conocer a Gestoras, por participar ésta en la plataforma que pide todavía hoy reconocimiento y reparación para las víctimas de aquellos hechos.
Kontxi Luna, pareja de Jose Mari Sagardui «Gatza» que próximamente cumplirá 28 años en prisión consideró de “venganza” la política que se lleva contra su marido y contra los familiares de los presos políticos. Se preguntó que si desaparece el movimiento pro amnistía, quien les ayudará a “poner voz a las vulneraciones de derechos que sufren los presos”. Dijo sentir “miedo” ante un escenario así. Esta situación de vulneración en las cárceles vino corroborada por Itsaso Idoiaga, médica que trabaja asistiendo a presos enfermos.
En similares términos se expresó Mattin Troitiño, hijo y hermano de presos políticos. La presidente del tribunal cortó su alegato, espetándole que no cuente “películas”.
07/5/08
Sesión nº7
Declaran los testigos presentados por los acusados
Los procesados, que habían renunciado a la defensa jurídica, y con ello a la gran mayoría de sus testigos, sí pidieron a sus abogados que declararan 14 testigos que pudieran mostrar ante el tribunal la dimensión de la represión del estado y las funciones que tenían ante esos casos los organismos enjuiciados. Los primeros 7 testigos propuestos relataron su vivencia en casos de tortura, condiciones penitenciarias inhumanas o asesinatos por parte del terrorismo de estado o por cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Así, el director de «Euskaldunon Egunkaria», Martxelo Otamendi, denunció que fue torturado por la Guardia Civil, al igual que Unai Romano. Edurne Brouard y Arantza Lasa relataron la muerte de sus familiares a manos del GAL, así comos Goreti Ormazabal, hermana de Juan Mari Ormazabal que resultó muerto tras ser tiroteado por la Ertzaintza en Bilbo; María José Campos relató las condiciones de vida en que se encuentra su marido, enfermo incurable hoy en día en prisión al igual que Usoa Esteban Nieto, esta vez en el caso de su hermano Esteban Esteban Nieto, cuya enfermedad contraída en prisión le llevó a la muerte.
La magistrada Teresa Palacios intentó evitar estos testimonios, interrumpiendo a los testigos y pidiéndoles que se ciñan a su relación con el movimiento pro-amnistía. En ese sentido, los testigos relataron que este movimiento les ofreció el apoyo y solidaridad, en esos momentos de «desamparo, confusión e impotencia», en palabras de Goreti Ormazabal. La hija de Santi Bouard, lider de Batasuna asesinado por el GAL, remarcó que «existe todo un movimiento de solidaridad que denuncia y que respalda a los que han sufrido la violencia de cerca».
Los procesados, que habían renunciado a la defensa jurídica, y con ello a la gran mayoría de sus testigos, sí pidieron a sus abogados que declararan 14 testigos que pudieran mostrar ante el tribunal la dimensión de la represión del estado y las funciones que tenían ante esos casos los organismos enjuiciados. Los primeros 7 testigos propuestos relataron su vivencia en casos de tortura, condiciones penitenciarias inhumanas o asesinatos por parte del terrorismo de estado o por cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Así, el director de «Euskaldunon Egunkaria», Martxelo Otamendi, denunció que fue torturado por la Guardia Civil, al igual que Unai Romano. Edurne Brouard y Arantza Lasa relataron la muerte de sus familiares a manos del GAL, así comos Goreti Ormazabal, hermana de Juan Mari Ormazabal que resultó muerto tras ser tiroteado por la Ertzaintza en Bilbo; María José Campos relató las condiciones de vida en que se encuentra su marido, enfermo incurable hoy en día en prisión al igual que Usoa Esteban Nieto, esta vez en el caso de su hermano Esteban Esteban Nieto, cuya enfermedad contraída en prisión le llevó a la muerte.
La magistrada Teresa Palacios intentó evitar estos testimonios, interrumpiendo a los testigos y pidiéndoles que se ciñan a su relación con el movimiento pro-amnistía. En ese sentido, los testigos relataron que este movimiento les ofreció el apoyo y solidaridad, en esos momentos de «desamparo, confusión e impotencia», en palabras de Goreti Ormazabal. La hija de Santi Bouard, lider de Batasuna asesinado por el GAL, remarcó que «existe todo un movimiento de solidaridad que denuncia y que respalda a los que han sufrido la violencia de cerca».
06/05/08
Sesión nº6
La Ertzaintza evidencia sabotajes contra el poder judicial
Agentes de la policía autonómica vasca continuaron presentando por videoconferencia sus atestados en referencia a diferentes sabotajes contra juzgados de paz en su ámbito de actuación, la Comunidad Autónoma vasca.
Con esta testifical, el fiscal pretende extender la responsabilidad moral de estos sabotajes de forma genérica a los procesados, quienes han denunciado públicamente la acción de la justicia española en referencia al conflicto vasco. Durante la práctica de esta prueba sólo se hizo una mención individual, para el procesado Aratz Estonba, relatándose que fue detenido tras una manifestación en solidaridad con los presos por un delito de atentado. Estonba, fue juzgado por estos hechos y quedó absuelto.
30/04/08
Agentes de la policía autonómica vasca continuaron presentando por videoconferencia sus atestados en referencia a diferentes sabotajes contra juzgados de paz en su ámbito de actuación, la Comunidad Autónoma vasca.
Con esta testifical, el fiscal pretende extender la responsabilidad moral de estos sabotajes de forma genérica a los procesados, quienes han denunciado públicamente la acción de la justicia española en referencia al conflicto vasco. Durante la práctica de esta prueba sólo se hizo una mención individual, para el procesado Aratz Estonba, relatándose que fue detenido tras una manifestación en solidaridad con los presos por un delito de atentado. Estonba, fue juzgado por estos hechos y quedó absuelto.
30/04/08
Sesión nº5
Comparecen miembros de la Ertzaintza
Tras el turno de la Guardia Civil, agentes de la Policía Autonómica vasca testificaron en la vista por medio de un sistema de video conferencia. Así, trece agentes se limitaron a dar a conocer los atestados recogidos tras los ataques con artefactos caseros sufridos por juzgados de paz de localidades como Ordizia, Oiartzun, Eibar, Villabona, Portugalete, Bergara, Zornotza, Leioa, Ondarroa y Durango.
Declarando al trasluz para evitar ser reconocidos, y con una calidad técnica lamentable, los agentes mostraban informes de atestados y reportajes fotográficos con los daños materiales ocasionados en los juzgados. También mostraron datos que se referían a pintadas o pancartas aparecidas en las inmediaciones del lugar de los hechos y sobre la repercusión que tuvo en prensa las reivindicaciones de sus autores sobre la razón de los ataques. Todas ellas se referirían a la situación de los presos políticos, a situaciones represivas concretas o al papel represor que se atribuye al poder judicial.
De esta manera, se supone que las acusaciones pretendían demostrar la vinculación de los procesados en estos ataques, si bien no de forma directa, al haber señalado o criticado a quienes después sufrieran estos ataques.
Tras el turno de la Guardia Civil, agentes de la Policía Autonómica vasca testificaron en la vista por medio de un sistema de video conferencia. Así, trece agentes se limitaron a dar a conocer los atestados recogidos tras los ataques con artefactos caseros sufridos por juzgados de paz de localidades como Ordizia, Oiartzun, Eibar, Villabona, Portugalete, Bergara, Zornotza, Leioa, Ondarroa y Durango.
Declarando al trasluz para evitar ser reconocidos, y con una calidad técnica lamentable, los agentes mostraban informes de atestados y reportajes fotográficos con los daños materiales ocasionados en los juzgados. También mostraron datos que se referían a pintadas o pancartas aparecidas en las inmediaciones del lugar de los hechos y sobre la repercusión que tuvo en prensa las reivindicaciones de sus autores sobre la razón de los ataques. Todas ellas se referirían a la situación de los presos políticos, a situaciones represivas concretas o al papel represor que se atribuye al poder judicial.
De esta manera, se supone que las acusaciones pretendían demostrar la vinculación de los procesados en estos ataques, si bien no de forma directa, al haber señalado o criticado a quienes después sufrieran estos ataques.
29/04/08
Sesión nº4
Comparecen Guardias Civiles
Cuatro agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias abiertas tras las detenciones de Ibon Aranalde y Susana Atxaerandio, declararon en calidad de testigos protegidos de la acusación en una sesión brevísima. Así, sostuvieron que los detenidos habían declarado que Maite Diaz de Heredia era responsable en Araba de Gestoras pro Amnistía y Xabin Juaristi responsable de Gipuzkoa en Askatasuna –hechos que ellos mismos reconocieron en la primera sesión del juicio-. Los guardia civiles aseguraron que los detenidos, en sus declaraciones en comisaría, les «comentaron» la forma de financiación y la estructura interna de los organismos antirrepresivos. Así, hablaron que estos organismos se financiaban por medio de “rifas, txoznas –casetas móviles que se preparan en fiestas- sorteos y huchas que colocaban en bares”. En cuanto a la estructura, hablaron de la existencia de nivel “nacional, provincial, comarcal y local”.
El Ministerio Fiscal y el abogado de la AVT trataron de desmontar las denuncias de tortura realizadas la jornada anterior por los tres represaliados vascos que declararon como testigos, a proposición de la acusación. Los tres guardias civiles, en el mismo sentido que su compañero la víspera, dijeron que las declaraciones de los detenidos se realizaron con presencia de un abogado de oficio y se les instruyeron de sus derechos. Ninguno había tenido ningún problema procesal en torno a estos hechos. Uno de ellos, aseguró que “no en este caso”.
Los abogados de la defensa no participaron en el interrogatorio, tal y como ha sido solicitado por los acusados.
Cuatro agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias abiertas tras las detenciones de Ibon Aranalde y Susana Atxaerandio, declararon en calidad de testigos protegidos de la acusación en una sesión brevísima. Así, sostuvieron que los detenidos habían declarado que Maite Diaz de Heredia era responsable en Araba de Gestoras pro Amnistía y Xabin Juaristi responsable de Gipuzkoa en Askatasuna –hechos que ellos mismos reconocieron en la primera sesión del juicio-. Los guardia civiles aseguraron que los detenidos, en sus declaraciones en comisaría, les «comentaron» la forma de financiación y la estructura interna de los organismos antirrepresivos. Así, hablaron que estos organismos se financiaban por medio de “rifas, txoznas –casetas móviles que se preparan en fiestas- sorteos y huchas que colocaban en bares”. En cuanto a la estructura, hablaron de la existencia de nivel “nacional, provincial, comarcal y local”.
El Ministerio Fiscal y el abogado de la AVT trataron de desmontar las denuncias de tortura realizadas la jornada anterior por los tres represaliados vascos que declararon como testigos, a proposición de la acusación. Los tres guardias civiles, en el mismo sentido que su compañero la víspera, dijeron que las declaraciones de los detenidos se realizaron con presencia de un abogado de oficio y se les instruyeron de sus derechos. Ninguno había tenido ningún problema procesal en torno a estos hechos. Uno de ellos, aseguró que “no en este caso”.
Los abogados de la defensa no participaron en el interrogatorio, tal y como ha sido solicitado por los acusados.
28/04/08
Sesión nº3
Declaraciones de testigos de la acusación
La decisión de los procesados de renunciar a la defensa jurídica, tras la primera sesión, ha trastocado el calendario que la Sala había diseñado reduciendo el número y la duración de las sesiones.
En el turno de los testigos de la acusación, estos llamaron a tres ciudadanos vascos que pretendidamente darían luz sobre algunas de las acusaciones que se presentan contra los miembros del Movimiento pro Amnistía. Si bien con las declaraciones de Susana Atxaerandio y de Ibon Aranalde solamente se pretendía presentar la filiación a Gestoras-Askatasuna en el caso de Maite Díaz de Heredia y Xabin Juarista –hecho que ellos mismos han reconocido ya públicamente- la declaración de Jorge Olaiz sí que era más relevante, ya que declaró tras su detención que el responsable de Gestoras Josu Beaumont le había hecho llegar una carta para ponerle en contacto con ETA. Olaiz relató que tras su detención en diciembre de 2001, dos meses después de la detención de 14 miembros de Gestoras, la Guardia Civil le había obligado por medio de torturas a realizar dicha declaración contra Josu Beaumont. Una vez ante el juez, Olaiz negó este hecho, denunciando el trato sufrido. Ahora en calidad de testigo, ratificó que esas declaraciones habían sido «no fueron voluntarias sino preparadas en comisaría».
El fiscal, Carlos Bautista, y el abogado de la AVT trataron de desacreditar sus declaraciones aferrándose a que no se ha celebrado ningún juicio contra los agentes que participaron en su día en su toma de declaración.
Los tres testigos denunciaron que en los interrogatorios se les practicó la tortura. Atxaerandio refirió «golpes, humillaciones, abusos sexuales y vejaciones», Aranalde dijo que cuando declaró estaba «anulado sicológicamente» y en referencia a la investigación de estos hechos, Olaiz dijo que “interpuso denuncia por torturas, pero nadie le preguntó más sobre estos hechos”.
La sesión concluyó con la declaración del guardia civil que tomó declaración a Olaiz para asegurar que sus manifestaciones habían sido “preparadas de forma espontánea”. Ante dicho lapsus, la presidenta de la Sala le conminó a corregirse, tras lo cual, dándose cuenta del error, aseguró que las declaraciones de Jorge Olaiz en comisaría habían sido “voluntarias” y que nunca habían tenido “problemas procesales en torno a estos hechos”.
La decisión de los procesados de renunciar a la defensa jurídica, tras la primera sesión, ha trastocado el calendario que la Sala había diseñado reduciendo el número y la duración de las sesiones.
En el turno de los testigos de la acusación, estos llamaron a tres ciudadanos vascos que pretendidamente darían luz sobre algunas de las acusaciones que se presentan contra los miembros del Movimiento pro Amnistía. Si bien con las declaraciones de Susana Atxaerandio y de Ibon Aranalde solamente se pretendía presentar la filiación a Gestoras-Askatasuna en el caso de Maite Díaz de Heredia y Xabin Juarista –hecho que ellos mismos han reconocido ya públicamente- la declaración de Jorge Olaiz sí que era más relevante, ya que declaró tras su detención que el responsable de Gestoras Josu Beaumont le había hecho llegar una carta para ponerle en contacto con ETA. Olaiz relató que tras su detención en diciembre de 2001, dos meses después de la detención de 14 miembros de Gestoras, la Guardia Civil le había obligado por medio de torturas a realizar dicha declaración contra Josu Beaumont. Una vez ante el juez, Olaiz negó este hecho, denunciando el trato sufrido. Ahora en calidad de testigo, ratificó que esas declaraciones habían sido «no fueron voluntarias sino preparadas en comisaría».
El fiscal, Carlos Bautista, y el abogado de la AVT trataron de desacreditar sus declaraciones aferrándose a que no se ha celebrado ningún juicio contra los agentes que participaron en su día en su toma de declaración.
Los tres testigos denunciaron que en los interrogatorios se les practicó la tortura. Atxaerandio refirió «golpes, humillaciones, abusos sexuales y vejaciones», Aranalde dijo que cuando declaró estaba «anulado sicológicamente» y en referencia a la investigación de estos hechos, Olaiz dijo que “interpuso denuncia por torturas, pero nadie le preguntó más sobre estos hechos”.
La sesión concluyó con la declaración del guardia civil que tomó declaración a Olaiz para asegurar que sus manifestaciones habían sido “preparadas de forma espontánea”. Ante dicho lapsus, la presidenta de la Sala le conminó a corregirse, tras lo cual, dándose cuenta del error, aseguró que las declaraciones de Jorge Olaiz en comisaría habían sido “voluntarias” y que nunca habían tenido “problemas procesales en torno a estos hechos”.
21/01/08
Sesiones nº1 y 2
Los procesados renuncian el ejercicio de la defensa jurídica
El día 21 de abril se celebró la primera sesión en el juicio seguido contra miembros de Gestoras Pro Amnistía – Askatasuna ante la Audiencia Nacional española por presunta pertenencia a organización armada. Uno tras otro, los 27 activistas del movimiento de denuncia de la represión de estado y de solidaridad con las víctimas de esta violencia, relataron los motivos de su actividad, así como los ámbitos en los que esta se desarrollaba: desde la participación en ruedas de prensa y movilizaciones pacíficas, hasta las dinámicas de recogida de fondos para hacer frente a los gastos que genera la política de dispersión a presos y familiares, pasando por la interpelación y cooperación con otros agentes políticos o sociales, o la asistencia jurídica a ciudadanos y ciudadanas vascas. Así, detallaron las dinámicas en las que participaron para denunciar la dispersión de los presos políticos y la repercusión en sus familias, las pésimas condiciones de vida en las cárceles, la tortura, el estado de alta militarización de Euskal Herria, la guerra sucia, la violencia policial etcétera.
Además, los procesados expusieron sus razones para participar en ese movimiento: el impacto de la represión en primera persona o en persona de sus familiares, o la concienciación por hechos represivos de gravedad excepcional. Tras ello, uno por uno consideraron que “la sentencia está redactada”, que “el juicio es la mera escenificación de una condena previamente decidida”, o que simplemente es “una farsa” en boca de algunos. Por ello, y ante la experiencia en juicios anteriores, constatando la falta de garantías procesales para llevar a cabo un proceso en términos jurídicos, los procesados renunciaron al ejercicio de la defensa jurídica. En un texto, firmado por todos los imputados y trasmitido a la opinión pública explicaban que no están dispuestos a plantear “defensa de los derechos civiles y políticos que nos asisten, porque precisamente esos derechos no pueden ser negociables ni fiscalizables. No reconocemos a dicho tribunal de excepción ninguna legitimidad para ello”.
Sus defensas explicaron al tribunal que rechazarían asimismo la comparecencia de 250 de los testigos propuestos, manteniendo una docena, todos ellos víctimas directas o familiares de víctimas de la violencia del estado. Tras las declaraciones, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tomó la palabra para responder a la denuncia política del juicio y de la imparcialidad del tribunal, considerando que «no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando. No juzgamos ideologías, sino actividades delictivas».
Además, los procesados expusieron sus razones para participar en ese movimiento: el impacto de la represión en primera persona o en persona de sus familiares, o la concienciación por hechos represivos de gravedad excepcional. Tras ello, uno por uno consideraron que “la sentencia está redactada”, que “el juicio es la mera escenificación de una condena previamente decidida”, o que simplemente es “una farsa” en boca de algunos. Por ello, y ante la experiencia en juicios anteriores, constatando la falta de garantías procesales para llevar a cabo un proceso en términos jurídicos, los procesados renunciaron al ejercicio de la defensa jurídica. En un texto, firmado por todos los imputados y trasmitido a la opinión pública explicaban que no están dispuestos a plantear “defensa de los derechos civiles y políticos que nos asisten, porque precisamente esos derechos no pueden ser negociables ni fiscalizables. No reconocemos a dicho tribunal de excepción ninguna legitimidad para ello”.
Sus defensas explicaron al tribunal que rechazarían asimismo la comparecencia de 250 de los testigos propuestos, manteniendo una docena, todos ellos víctimas directas o familiares de víctimas de la violencia del estado. Tras las declaraciones, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tomó la palabra para responder a la denuncia política del juicio y de la imparcialidad del tribunal, considerando que «no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando. No juzgamos ideologías, sino actividades delictivas».
martes, 3 de junio de 2008
La fotografía sobre la extrema impunidad de los estados es cada vez mayor
Peticiones para colaborar con la Policía, amenazas, aparatos de escucha, interrogatorios ilegales en controles policiales... El movimiento pro amnistía ha vuelto a encender la alarma sobre nuevos casos de persecución.
Varias «víctimas de la persecución policial y política» del Estado español se dieron cita ayer en Usurbil bajo el cobijo del movimiento pro amnistía para denunciar la situación de presión y persecución que atraviesan y para alertar de su incremento en los últimos meses. Recordaron cómo en enero varios jóvenes comparecieron en Donostia para llevar a cabo la misma denuncia y que ahora muchos de ellos se encuentran encarcelados. «La fotografía sobre la extrema impunidad de los estados es cada vez mayor», subrayaron.
Continuos seguimientos de la mano de policías de distinto color, aparatos de escuchas en las casas, mecanismos de localización en los coches, «peticiones» de colaboración con las FSE, pinchazos telefónicos, amenazas, interrogatorios ilegales... una larga lista de medidas de presión que, según denunciaron los ciudadanos y ciudadanas ayer congregados en Usurbil, llevan padeciendo en primera persona desde hace meses en el marco del «estado de excepción instaurado en Euskal Herria».
Contra el independentismo
El representante del movimiento pro amnistía Xabin Juaristi recordó que los estados han realizado «la apuesta más dura por la represión» en este país con objeto de «aniquilar la lucha por la independencia».
Citó la situación carcelaria, las razias policiales, el encarcelamiento de alcaldes, las detenciones masivas, la tortura o las ilegalizaciones entre las medidas de excepción que está ejecutando el Gobierno español con el beneplácito del Ejecutivo de Lakua, asemejando así su actuación a la que predicaba hace 25 años el Plan ZEN. Una propuesta represiva que, tal y como recordaron, elaboró y llevó a cabo también un Gobierno español dirigido por el PSOE.
Juaristi denunció que las vías represivas persiguen el objetivo de conseguir «informes para condicionar la vida política de Euskal Herria, castigar a la disidencia y extender el miedo» entre los que defienden la opción independentista. Además, trajo a colación que la indefensión es aún mayor con el juicio que está llevando Madrid contra el movimiento pro amnistía. No obstante, el militante azkoitiarra subrayó que la denuncia de la represión seguirá mientras existan «la impunidad y la represión policial». Juaristi invitó a la ciudadanía a movilizarse y denunciar la persecución política.
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