Sentencia del juicio contra Gestoras/Askatasuna: penas de 8 y 10 años de cárcel

La Audiencia Nacional condenó a 21 de los procesados en el sumario 33/01 a penas que oscilan entre los 10 y 8 años. A juicio del tribunal, la labor de denuncia de vulneraciones de derechos y la solidaridad con los represaliados es parte de un «diseño político» que les une a ETA y que busca «deslegitimar» al Estado para «lograr el derrocamiento de España en el País Vasco». Por ello, decretó también la «ilicitud» y «disolución» de Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna.
El trabajo de denuncia y solidaridad desarrollado por el movimiento pro-amnistía en los últimos 30 años responde, según se recoge en la sentencia emitida ayer por la Audiencia Nacional, al «diseño político» que le une con ETA y que busca «deslegitimar» al Estado para «el derrocamiento de España en el territorio del País Vasco».
Denunciar la tortura, reclamar la salida de las FSE de Euskal Herria, criticar las actuaciones judiciales o exigir la repa- triación de los presos políticos son dinámicas que el tribunal especial asegura le fueron encomendadas a Gestoras pro-Amnistía por la organización armada vasca «a partir de, al menos, setiembre de 1995». La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal hace suyos los informes policiales y dice que Gestoras es una «organización terrorista».
Por ello, decreta su «ilicitud y disolución» y también la de Askatasuna, por ser su sucesora. Aunque reconoce que no «usa armas» ni tiene «cometido violento», resalta que comparte con ETA «un mismo proyecto, el preconizado en términos políticos por la izquierda abertzale, en el que la acción armada es en defensa de los derechos de Euskal Herria».
Asimismo, los jueces Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Paloma González Pastor acordaron por unanimidad condenar a penas que oscilan entre los 10 y 8 años a 21 de los 27 procesados inicialmente en el sumario 33/01. En total, suman casi 200 años de cárcel.
Once de los procesados ingresaron ayer mismo en prisión. Tras deliberar la Sala durante varias horas sobre su situación, Juan Mari Olano, Julen Zelarain, Aitor Jugo, Alex Belasko, Txema Olabarrieta, Gotzon Amaro, Jorge Txokarro, Gari Arriaga, Iñaki Loizaga, Asier Birunbrales y Xabin Juaristi fueron encarcelados.
Durante la tensa y emotiva espera, los familiares y amigos de los procesados pudieron despedirse y entregarles las mochilas repletas de ropa con las que acudieron a la vista. Y es que, el seguimiento policial del que fueron objeto los dos autobuses que se trasladaron a Madrid desde Euskal Herria para apoyar a los imputados y el inusitado despliegue de agentes en los alrededores de la Casa de Campo hacían presagiar el desenlace.
Cuatro furgonetas de la Policía española y media docena de agentes a caballo custodiaron el recinto. A pesar de tratar de intimidar a los congregados e impedir tras identificarles que varios jóvenes se concentraran con una pancarta en la que se denunciaba que «la represión no es la solución», los procesados recibieron aplausos de cariño y gritos de apoyo en todo momento.
«Integración» en ETA
La misma medida de prisión incondicional fue adoptada contra Maite Díaz de Heredia. Sin embargo, la gasteiztarra ya se encontraba en prisión desde octubre del año pasado tras la redada de Segura. Asimismo, el tribunal ordenó la busca y captura de Iñaki Reta, que no compareció en la vista.
Josu Beaumont, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Gorka Zulaika, Ainhoa Irastorza, Aratz Estonba, Jon Beaskoa e Iker Zubia, por su parte, quedaron en libertad con la obligación de comparecer dos veces a la semana ante el juez a la espera de que se resuelva el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo sus abogados. Los ocho procesados tienen gran parte de la pena impuesta ya cumplida.
Todos han sido condenados por «integración en organización terrorista» ya que según explica el tribunal reconocieron ser miembros del movimiento pro-amnistía y con eso le es suficiente. Además, destaca la utilización del término «preso o represaliado político» por parte de los encausados y lo engloba dentro de la «sensibilización social» ordenada por ETA.
A su juicio, el movimiento pro-amnistía se encarga de transmitir «un mensaje inveraz y distorsionador de la realidad de ese colectivo» y que en aras de lograr «la permanencia y nuevos adeptos» presenta en institucionales internacionales «una imagen represiva» de la actuación de los poderes de los estados español y francés.
Tres absoluciones
Olano, Zelarain y Jugo deberán cumplir una pena de 10 años, mientras al resto les han impuesto una de 8 años. La Fiscalía y la AVT reclamaron penas más altas contra ellos tras acusarles de ser «dirigentes» de ETA, pero el tribunal sentencia que no ha quedado acreditado.
En este sentido, destaca que Jugo ha sido condenado, según el tribunal, por ejercer de «representante nacional» del movimiento pro-amnistía, y no se hace ninguna referencia a la acusación que realizó el fiscal sobre la participación del vecino de Durango en una manifestación por los presos que supuestamente concluyó frente a la casa de un concejal del PP, que años más tarde resultó muerto en un atentado de ETA. Asimismo, otras imputaciones vertidas contra los encausados han sido rechazadas por el tribunal especial. Se trata de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de «coordinar la violencia callejera» y la de «captar» a personas para que pasen a integrarse a la organización armada.
La decisión de renunciar a la defensa jurídica tampoco ha impedido que Juan Antonio Madariaga, Ixone Urzelai y Julen Arzuaga fueran absueltos por el tribunal al igual que sucedió el pasado mes de junio cuando fueron retirados los cargos contra Mitxel Sarasketa, Jorge Luis Arredondo y Maitane Méndez.
Madariaga y Urzelai han cumplido más de dos años de condena en prisión preventiva, pero el tribunal se limita a argumentar para explicar su absolución que formaban parte de Senideak.
En el caso de Arzuaga, dice que de su trabajo en Behatokia tan sólo consta que ofrecía asistencia legal en procesos de extradición.