Jon Herria
El Estado español ha dado una vuelta de tuerca más a la represión este pasado mes de septiembre y, además de ilegalizar dos formaciones políticas por defender el independentismo, recientemente ha juzgado y encarcelado a ciudadanos vascos por su pertenencia al organismo solidario Movimiento Pro Amnistía. Esta decisión, difícilmente defendible fuera de un estado totalitario, ha encontrado su justificación en el insostenible argumento del juez Garzón: que todo slos vascos que defendemos la independencia somos parte consciente y necesaria de ETA.
La mordaza impuesta a estos partidos, independientemente de su bagaje histórico en la lcuah por las libertades, era un mal sobradamente conocido en nuestro país tras las experiencias de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna, por ejemplo. Sin embargo, el paso dadao con la sentencia al Movimiento Pro Amnistía no puede ser percibido tan sólo como "otra ilegalización", un episodio más en la esta historia de infamia que el Estado español se ha empeñado en escribir en Euskal Herria.
El juicio farsa a estos 27 ciudadanos vascos ha demostrado la vigencia y la utilidad del trabajo de cientos de personas que en los últimos treinta años han trabajado por construir un muro contra un sistema que vive de la represión y la impunidad. Y ha hecho daño en ese sistema. Esa es la única explicación al ataque desmedido contra una organización cuya labor es mostrar el verdadero rostro de un estado que se autodenomina democrático pero que ampara y utiliza sistemáticamente la tortura, las detenciones arbitrarias, y el apartheid político. El oscuro objetivo de todo este proceso ha sido amordazar la voz que denuncia día tras día el estado de excepción en que vivimos miles de vascos, despojaods de nuestra libertad y nuestras opciones políticas.
Pero no les ha podido salir peor la jugada. La valentía de los encausados con sus manifestaciones durante los meses durante el proceso, pese a haber sido silenciadas por los medios españoles, ha mostrado en todo momento que que se trataba de un juicio políico y ha desenmascarado a un tribunal que pretendía criminalizar la solidaridad y la denuncia. ¿Puede la Audiencia Nacional, principal fuente y amparo de la represión, juzgar al movimiento antirrepresivo? Ha quedado claro que no. Podrá condenar, pero no juzgar al AAM ni a las personas que lo representan, porque carece de cualquier legitimidad ante la sociedad vasca.
Los argumentos de la fiscalía (¡todo es ETA, señores!), construidos torpemente en los despachos de Interior, se han estrellado contra la dignidad de quien sabe que tiene la verdad de su parte. Cualquiera que haya querido ver ha podido comprobar cómo cada día se desmontaban esas tesis absurdas y cada testimonio de los acusados revelaba la condición política del juicio.
En su ciego empeño por destruir la solidaridad con los represaliados y los presos políticos, el Estado español ha mordido en hueso. Prueba de ello es que hoy, semanas después de la sentencia, la actividad del AAM no sólo no ha menguado, sino que sigue con más fuerza que antes. Su lucha sigue siendo la misma: mostrar todos los mecanismos represivos que tratan de acallar nuestra voz y frenar nuestro avance hasta una Euskal herria libre; sus caminos, el trabajo a faor de los presos políticos hasta la consecución de la Amnistía, y la labor de apoyo a todas las víctimas de la represión en nuestro país. Una lucha, dos caminos.
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