La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, formada por 44 agentes que trabajan por erradicar la tortura en el Estado español, ha elaborado un informe bajo el título ``Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en el Estado español''. Este documento, que recoge una veintena de episodios de este cariz, será remitido a los organismos internacionales, encargados de examinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados en la defensa de los Derechos Humanos y Convenios Internacionales.
La CPT sostiene que este informe tiene una doble finalidad, que más allá de recordar la importancia de los defensores de derechos humanos y constatar los riesgos y trabas con los que se encuentran a la hora de desarrollar su labor, pretende hacer público y denunciar casos concretos de obstrucción, descalificación y criminalización.El informe, que contiene 56 páginas, acoge sólo los casos acaecidos en los últimos diez años dentro de las fronteras del Estado español. En concreto, se enumeran veinticuatro casos de amenazas, descalificaciones y actuaciones contra organismos y personas del Estado español; de las cuales 7 son contra agentes de Euskal Herria, lo que se traduce en el 30% de las denuncias albergadas por la CPT.El informe está dividido en cuatro ejes. En el primero de ellos se recogen insultos, amenazas y descalificaciones, mientras que el segundo apartado se refiere a la obstaculización del trabajo, donde enmarcan las agresiones, prohibiciones y costas económicas. En el tercer eje se hace hincapié en las querellas interpuestas contra agentes y personas; y por último, se citan las acusaciones de «terrorismo».
Entre las descalificaciones señaladas por la CPT, se encuentra las sufridas por Julio Medem tras la realización del documental ``La pelota vasca'' donde intentó dar voz a las partes del conflicto que sufre Euskal Herria.En el segundo apartado del informe constan la prohibición a Behatokia para acceder a la sede de la ONU y la clausura de las sedes del TAT y Etxerat en agosto de 2002. El primer caso, relata la prohibición impuesta al letrado de Behatokia Julen Arzuaga para entrar en la sede de la ONU. Este veto fue dictado desde el Ejecutivo español al calificar a Arzuaga como «terrorista peligroso», sin aportar ningún tipo de prueba que pudiera acreditar tal extremo. Asimismo, recuerdan el cierre efectuado por la Policía de las sedes de Etxerat y TAT, en el marco de la decisión del juez Baltasar Garzón de suspender por tres años las actividades de Batasuna.Las querellas contra el letrado del TAT Aiert Larrarte y el portavoz del movimiento pro amnistía Julen Larrinaga por la denuncia de la tortura en una rueda de prensa o la amenaza de denuncia sufrida por Salhaketa son citadas en el tercer apartado del informe.En lo que respecta a las acusaciones de «terrorismo», la CPT cita dos casos y ambos son contra personas y agentes de Euskal Herria. El primero de ellos se refiere la imputación de un delito «no especificado» contra los abogados Jone Goirizelaia y Jose María Elosua por efectuar alegaciones sobre una posible existencia de torturas y maltratos en el transcurso de la vista del macrojuicio 18/98. Asimismo, el organismo contra la tortura relata el juicio iniciado en la Audiencia Nacional contra el movimiento pro amnistía.
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