martes, 15 de abril de 2008

«El Estado español pretende acabar con los testigos de su violencia»

Los procesados en el «caso Gestoras-Askatasuna» comparecieron ayer en Donostia para mostrar su convencimiento de que la sentencia condenatoria «ya está escrita» y resaltar que, con esta causa, el Estado español pretende «acabar con los testigos de su violencia». Afirmaron que «los responsables últimos» de la línea de actuación del movimiento pro amnistía son los ministros de Interior españoles por la estrategia represiva que han marcado en las últimas décadas.
Mikel JAUREGI
Los procesados en el sumario 33/01, representantes del movimiento pro amnistía, mostraron ayer su convencimiento de que, tras el juicio que se iniciará contra ellos en la Casa de Campo el 21 de abril, «acabaremos en prisión. Muchos de nosotros venimos de la cárcel, y allí nos llevarán». La razón de esa afirmación estriba en que «la sentencia está escrita. Tras un juicio que resultará una farsa, seremos condenados».
Josu Beaumont, detenido en la redada contra Gestoras pro-Amnistía, expresó de esa forma el sentir de los 27 imputados, pero advirtió que «no nos esconderemos; el día 21 de abril estaremos en la Casa de Campo y haremos frente a esta farsa con toda dignidad. Como lo hemos hecho los miembros del movimiento pro amnistía en estos últimos 30 años, en una labor que conoce de sobra toda Euskal Herria. Un trabajo público, firme y consciente, consistente en la denuncia de la represión y en el apoyo a los represaliados políticos».
El navarro, al referirse a la estrategia represiva de los estados, y especialmente del español, citó «los fusilamientos, la guerra sucia, las torturas, la política de tirar a matar en las manifestaciones, las cárceles de exterminio, la dispersión, la persecución, las ilegalizaciones... Son miles los ciudadanos vascos que la han sufrido, y nosotros, los representantes del movimiento pro amnistía, hemos sido testigos de todo ello. Por eso no nos sentimos imputados, porque somos testigos».
«Los ideólogos»
De hecho, incidió en que «los responsables últimos, los ideólogos» de la línea de actuación mantenida en estas tres décadas por el movimiento pro amnistía «han sido los diferentes ministros de Interior españoles: Martín Villa, Rosón, Barrionuevo, Corcuera, Mayor Oreja, Rajoy, Acebes, Rubalcaba... Lo decimos en serio. Son ellos quienes diseñan la política penitenciaria y los que ponen en marcha el `frente de makos', son ellos los que alimentan la línea contra la tortura, son ellos los que alientan la reivindicación de `alde hemendik'... Lo admitió en su día el propio Felipe González cuando dijo que `los presos son razón de Estado'».
Para Beaumont, un Estado «seudo-democrático» como el Español «nunca admitirá que hace uso de la violencia, por lo que opta por acabar con los testigos. Por eso actúan contra nosotros, contra el movimiento pro amnistía, y por eso se inventan la teoría del `todo es ETA».

AAMak errepresioa salatzen jarraituko duela esan du, hastear den epaiketaz harago

Amnistiaren Aldeko Mugimenduaren aburuz, errepresaliatu politikoekiko laguntza zein elkartasuna kriminalizatu eta desagerrarazi nahi dute, hilaren 21ean Auzitegi Nazionalean hasiko den epaiketaren bidez.
Madrilgo Auzitegi Nazionalean Amnistiaren Aldeko Mugimenduko 27 ordezkari epaitzen hasiko dira datorren apirilaren 21etik aitzina, «errepresio politikoaren salaketa eta preso zein errepresaliatuekiko babes eta elkartasuna kriminalizatu eta zigortzeko» den auzibide batean. Hala ere, Amnistiaren Aldeko Mugimenduak, atzo kaleratu oharraren bidez, berretsi zuen errepresioaren salaketa lanetan jarraituko duela, azken hiru hamarkadetan egin bezalaxe.
Amnistiaren Aldeko Batzordeak, Askatasuna, Etxerat eta Giza Eskubideen Behatokiko ordezkariak auzipetzen dituen auzibideari hilaren 21ean emango diote hasiera Madrilgo Auzitegi Nazional espainolean. Orotara 27 izango dira auzipetuen eserlekuan eseri beharko duten euskal herritarrak. Amnistiaren Aldeko Mugimenduaren iritzian, «auzi politiko honen bidez, Euskal Herrian askatasun demokratikoen eta eskubideen defentsan mugimendu honek azken 30 urteotan egin duen lana, eta egiten jarraitzen duena, kriminalizatu nahi da. Errepresio politikoaren salaketa eta preso zein errepresaliatuekiko babes eta elkartasuna da kriminalizatu eta zigortu nahi dutena».
Gainera, beraien irudiko, ekinaldi hau «errepresio politikoa inolako mugarik gabe burutzeko eta inpunitatea areagotzeko borondatez egin nahi du Espainiako Gobernuak». Ondorioz, preso, iheslari edota torturatuekiko elkartasuna eta laguntza zapuzteko asmoa du.
«Tortura da delitua, salatzea ez»
Baina Amnistiaren Aldeko Mugimenduak argi dauka delitua ez dela tortura salatzea, tortu-ratzea baizik. Hala, azaldu duenez, «presoen eskubideak defendatzea ez da delitua, presoak hondoratzeko dispertsioa, bizi osorako zigorra edota gaixotasun larriak dituztenak espetxean izatea dira delitu larriak. Estatuen biolentzia salatzea ez da delitua, estatuek ezartzen duten biolentzia da delitua».
Horregatik, Amnistiaren Aldeko Mugimenduak argi esan du «auzi honen aurrean, azken 30 urteetan bezala», lanean irmo jarraituko duela. «Izan ere, preso politiko bakar baten existentziak edota errepresio politikoaren existentziak mugimendu hau izan dadin beharrezkoa den elkartasun eta salaketa herritarra baitakar», gaineratu du agirian. Ildo horretan, lan eta konpromiso horiekin bat egiteko deia egin die euskal herritar guztiei Amnistiaren Aldeko Mugimenduak.

Récord de Presos Políticos

Desde 1969 no ha habido tal número de presos políticosA finales del mes de febrero había 739 presos políticos vascos dispersos en decenas de cárceles de los estados español y francés. Una cifra que resulta histórica, a pesar de que, desde que en 1977 se aplicara la denominada «Ley de Amnistía», el número de ciudadanos vascos que han sido encarcelados por su militancia política ha aumentado casi cada año. El PSOE ha conseguido elevar las cifras hasta parámetros franquistas, en concreto hasta 1969.
Hay que remontarse a finales de la década de los sesenta para encontrar un momento en el que hubiera más presos políticos vascos que en la actualidad. Más concretamente, al año 1969. Pero ambas situaciones no son comparables, y no sólo porque entonces estuviera vigente en el Estado español una dictadura mientras que ahora rige un sistema supuestamente garantista de las libertades y los derechos.
El gráfico que representaría la situación de los diez últimos años del franquismo sería una línea recta rota de vez en cuando por grandes picos. La media de ciudadanos vascos presos por motivos políticos estaba en aquellos años en unos 300, pero esa regularidad se veía rota en momentos de especial convulsión en los que se practicaban centenares de detenciones. Es el caso del año 1969, que finalizó con 862 presos políticos en las cárceles españolas, o de 1975, que en diciembre arrojaba una cifra de 632 ciudadanos vascos encerrados por su militancia política.
Línea ascendente
Esa tónica de dientes de sierra continuó desde el minuto siguiente a la aplicación de la denominada «Ley de Amnistía» en 1977. Ya a finales de 1978 había 108 presos políticos vascos. Pero, si bien en estas tres décadas se han seguido dando momentos de mayor convulsión que han arrojado más apresamientos y más encarcelamientos, ha habido una serie de elementos que han hecho que aumente el número medio de presos políticos y que, sobre todo en los últimos ocho años, los picos se hayan convertido en una línea continua ascendente.
De hecho, desde el año 2000 hasta la actualidad el número de presos políticos ha aumentado año a año sin excepción, pasando de los 515 de entonces a los 739 de la actualidad. Pero la subida más importante se está dando en los últimos meses: en los ocho que han transcurrido desde el último balance realizado por Etxerat, ha aumentado en 142 el número de prisioneros vascos.
Uno de esos elementos ha sido el encarcelamiento masivo de ciudadanos y ciudadanas vascas por su participación en distintas expresiones de militancia social y política: organizaciones políticas, medios de comunicación, organizaciones juveniles, del ámbito de la euskaldunización o de la desobediencia civil, y todo lo que se acaba englobando en el calificativo genérico de kale borroka...
La otra razón del aumento del número de presos políticos vascos es el alargamiento de las condenas y el aumento de las trabas a la excarcelación, bien por la negativa a liberarlos tras el cumplimiento de los dos tercios o las tres cuartas partes de la condena, bien por seguir presos pese a enfermedades graves e incurables, o bien por la nueva doctrina de cumplimiento total de condena, la llamada «cadena perpetua».
1969, por ejemplo
En 1968, murieron en sendos enfrentamientos armados el militante de ETA Txabi Etxebarrieta y el guardia civil José Pardines. Poco después ETA acabó con la vida del policía Melitón Manzanas. Al día siguiente, el 3 de agosto, se declaró el Estado de Excepción por tres meses en Gipuzkoa, y se restableció el Decreto Ley sobre Bandidaje y Terrorismo, por el que algunos delitos pasaban a depender de la jurisdicción militar. En este contexto se inició el año 1969, en el que se iban a producir 1.953 detenciones en Euskal Herria y se calcula que 300 personas se vieron obligadas a exiliarse. Así las cosas, al finalizar aquel año el número de presos políticos vascos era de 862, que marca un récord. Aunque en 1970 otros 831 ciudadanos vascos fueron apresados por motivaciones políticas, al finalizar este año el número de prisioneros políticos vascos había descendido a 396.
«Cadena perpetua»
Antes de las elecciones locales y forales de mayo del pasado año, Etxerat dio a conocer un balance de la situación del colectivo que conforman sus familiares presos. Entonces, 597 vascos se encontraban dispersados 82 prisiones de tres estados.
Sólo ocho meses después, a las puertas de otra contienda electoral y con el PSOE lanzado a la reconquista del Gobierno español, ésta era la situación que reflejaba Etxerat: 739 vascos encarcelados en 89 prisiones de tres estados: 571 en 53 cárceles españolas; 166 en 34 cárceles francesas; y dos más en Canadá.
En estos ocho meses se han producido más de 300 detenciones (de ellas más de 200 en régimen de incomunicación), y casi la mitad han ingresado en prisión. En unos casos para cumplir largas condenas (macrosumario 18/98); en otros, tras redadas relacionadas con kale borroka; y en una parte en derivación de la Ley de Partidos, que han llevado a prisión a decenas de dirigentes políticos de la izquierda abertzale.
A ello se suman las trabas para la puesta en libertad. A 18 presos que ya han cumplido íntegramente sus condenas se les ha aplicado la llamada «doctrina Parot», la 197/2006, por la que su condena se alarga de forma automática gran número de años. Esta práctica se suma a la ya «rutinaria» denegación de la libertad condicional. En este momento, se veta este derecho a 169 presos políticos vascos.
psicólogosEste año han empezado a denegar a los psicólogos el acceso para atender a sus pacientes presos. Mansilla, Alcalá, Aranjuez, Logroño, Burgos, Soria, Iruñea, Langraiz, Puerto I, Zuera, Badajoz y Albolote lo aplican ya, según denuncia Etxerat.
parentescoEl 2 de febrero, la suegra y el cuñado de Leire Urrutia se quedaron sin visita. La dirección de Langraiz adujo que el parentesco no estaba demostrado. Urrutia y su compañero son pareja de hecho y tienen los papeles que lo demuestran.
perpignanEn el Estado francés hubo cuatro cambios de prisión hasta marzo. El caso más grave es el de José Domingo Aizpurua, que padece cáncer, ya que fue recluido en la cárcel de Perpignan, donde no hay ningún otro preso político vasco.
Más dispersión y menos derechosEl recrudecimiento de la política de dispersión puesta en marcha por el PSOE en 1987 viene acompañada de un endurecimiento de las condiciones de vida en las prisiones dependientes de los estados español y francés. En los dos primeros meses de este año, por ejemplo, se han producido 98 traslados de prisioneros políticos, en la mayoría de los casos por cambio de destino. Nueve de ellos se encontraban en cárceles de Euskal Herria, donde sólo quedan 25 en la actualidad.
Las limitaciones al derecho a tener unas condiciones de vida dignas abarcan desde el impedimento a estudiar en euskara y en las universidades de Euskal Herria; el estricto control de las comunicaciones o la prohibición casi total de otro tipo de actividades. Así, en enero y febrero al menos 10 visitas no pudieron realizarse, simplemente porque los funcionarios así lo decidieron. Además, en Mansilla colocaron videocámaras en los locutorios y en Soto del Real no se puede llevar papel ni bolígrafo a las visitas, que se realizan con el funcionario al lado y con la cabina del locutorio cerrada con llave.
Las condiciones extremas que viven en las prisiones han llevado a doce presos políticos a pedir su puesta en libertad por tener enfermedades sicológicas y físicas graves. La respuesta de las autoridades españolas ha sido nítida: sólo serán liberados si media arrepentimiento o situación agonizante.