Bide errepresiboaren menpekotasunak

Atzo Ipar Euskal Herrian Polizia frantsesak ezker abertzalearen aurkako operazioa burutu zuen. Egunsentian hasi eta egun osoan zehar iraun zuen operazio horretan 14 euskal herritar atxilotu zituen Poliziak, Batasunaren bozeramaile lanetan ibili diren edota Mahai Nazionaleko kide izan diren zenbait pertsona barne. Operazioaren barruan, alderdi horrek Baionan duen egoitza ere miatu zuen Poliziak. Hartara, nekez uka daiteke operazioaren jomuga Batasuna denik. Barne Ministerio frantsesak egindako adierazpenen arabera, ordea, atxilotuak EHAKren diru iturriekin eta kale borrokarekin lotura dute. Alfredo Perez Rubalcabak eta Michele Alliot-Mariek batera eman zuten prentsaurrekoan ministro espainiarrak atxilotuak «ezker abertzale biolentoaren» kide direla esan zuen eta Alliot-Mariek ez zuen azalpen gehiagorik eman nahi izan, kazetariek frantses Estatuan Batasunaren ilegalizazioaren lehen urratsa izan daitekeela iradoki zioten arren.
Estatu frantsesaren jokabide hau gutxienez bi ikuspuntu desberdinetatik uler daiteke. Epe motzean, gatazkaren gorabeheren ondorio gisa uler daiteke atzoko operazioa eta, zehatzago, azken asteko atentatuen eta Estatu frantsesean izandako atxiloketen ondorio gisa uler daitezke. Estatuek jasandako eraso zehatzei emandako erantzun zehatz gisa uler daitezke, alegia. Uneotan Gobernu espainolaren diskurtso errepresiboaren barruan polizia ekintza jakin hau laguntza handikoa izan daitekeen arren, epe luzeagoa kontuan hartuz gero nabarmena da operazioa Estatu frantsesak historikoki euskal abertzaletasunaren aurka erabili duen estrategia errepresiboan kokatzen dela, bete-betean gainera. GALen garaietatik gaur egun arte.
Nolanahi ere, kezkagarria da Estatu frantsesak euskal auzian Gobernu espainolarekiko hartzen duen menpeko jarrera. Parisek duen ardura estaltzeko Madrilek darabilen errepresio bide zoroan sartzeak gatazkaren izaera politikoa eta nazionala ukatzea bilatzen du, demokraziaren eta justiziaren lepotik bada ere.

Reflejos de siete días

Editorial del diario Gara del 22 de septiembre
Domingo, 14 de setiembre: el Gobierno de Ibarretxe despliega un enorme contingente policial en Donostia tras prohibir, de motu propio, la marcha anual en defensa de los derechos de los presos políticos; sus policías arremetieron con brutalidad contra miles de manifestantes, detuvieron a cinco personas y enviaron al hospital a otras tantas. Martes, 16: el Estado español vuelve a poner fuera de la ley a EAE-ANV con sus 180.000 votantes, 69 años después. Ese mismo día, la Policía española desactiva una bomba-lapa hallada en los bajos del vehículo particular de un agente; el artefacto fue descubierto en el cuartel de Basauri, adonde llegó el policía tras circular en el coche sin percatarse de que llevaba un artefacto adosado, que no explotó, al parecer, por un fallo técnico. Miércoles, día 17: la Audiencia Nacional española condena a un total de doscientos años de cárcel a veintiún militantes del movimiento pro-amnistía por «sacar a la luz la represión» y tratar de «deslegitimar» al Estado; además, el fallo declara la «ilicitud» de Gestoras y Askatasuna. Once encarcelados y numerosas movilizaciones para denunciar la sentencia. Jueves 18: en una carrera desenfrenada, el Estado deja fuera de su legalidad a EHAK; la izquierda abertzale llama a movilizarse en defensa del cambio, de Euskal Herria y de sus derechos. Viernes, día 19: miles de personas vuelven a salir a la calle para mostrar su indignación en toda la geografía vasca. El mismo día, PNV, EA, Aralar y EB consensúan la respuesta a la anulación de la ley de consulta: nada de denuncia a Estrasburgo, una simple recogida de firmas por internet, y a otra cosa. Ibarretxe se hace a un lado y Urkullu lidera una rebaja en toda regla. Sábado 20: nuevas llamadas a la movilización, manifestación nacional para el 4 de octubre incluida. Y ayer, domingo, ETA causaba grandes destrozos con dos potentes bombas en la sede de la Caja Vital en Gasteiz y en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa.
Una semana, en definitiva, que muestra en toda su crudeza el ciclo de enfrentamiento que vivimos y que refleja claramente la urgencia de cambiar el paso para encaminarnos hacia algo que hoy en absoluto existe: un marco democrático para este país.

Nuevo réquiem por las libertades políticas

Con la misma celeridad con la que zanjó las deliberaciones sobre la ilegalización de ANV, el Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad colocar fuera de la legalidad a EHAK. Bastaron apenas unas horas para que el Alto Tribunal español decidiera la disolución de esta formación política, cubriendo sin sorpresas un nuevo capítulo de la ofensiva judicial contra la izquierda abertzale y dejando patente que la lectura y análisis de las alegaciones de los abogados -si realmente se produjo- no hizo perder horas de sueño a sus señorías. Se cumplieron, punto por punto, los augurios del grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, que ayer mismo daba por segura la ilegalización y, más significativamente, los que días antes de hacerse público el fallo realizaba el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, sobre el signo de la decisión judicial.
La semana que ahora se cierra ha puesto negro sobre blanco la determinación del Estado en su estrategia para intentar hacer desaparecer del mapa político a la izquierda abertzale. No ha tenido reparos -ni democráticos ni judiciales- a la hora de ilegalizar un partido político histórico como ANV, con el que el propio PSOE llegó a compartir lucha política en aquel Bloque Antimonárquico hace más de setenta años y posteriormente trinchera en la cruenta guerra del 36. Tampoco le ha causado ningún embarazo ilegalizar el movimiento pro- amnistía y condenar a doscientos años de cárcel a 21 ciudadanos vascos que si por algo se han destacado ha sido por dedicar su labor de militancia para sacar a la luz la represión de los estados francés y español y hacer llegar su solidaridad y apoyo a centenares y centenares de represaliados políticos.
A falta de conocer los ropajes de su redacción, la sentencia de ayer no se desvía un ápice de la amplia autopista de atropellos judiciales encaminados a desbaratar la disidencia política en Euskal Herria. «Quien no acepte la Constitución quedará fuera de la vida política», manifestaban ayer fuentes del Gobierno español al valorar la ilegalización. Olvidan, omiten, de nuevo, que esa Constitución nunca fue aceptada por este pueblo. Y que el déficit democrático con el que se inició aquello a lo que llamaron transición no ha hecho sino degenerar en estas tres últimas décadas hasta desembocar en un estado de excepción que hoy apesta en Euskal Herria.

Sentencia del juicio contra Gestoras/Askatasuna: penas de 8 y 10 años de cárcel

La Audiencia Nacional condenó a 21 de los procesados en el sumario 33/01 a penas que oscilan entre los 10 y 8 años. A juicio del tribunal, la labor de denuncia de vulneraciones de derechos y la solidaridad con los represaliados es parte de un «diseño político» que les une a ETA y que busca «deslegitimar» al Estado para «lograr el derrocamiento de España en el País Vasco». Por ello, decretó también la «ilicitud» y «disolución» de Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna.
El trabajo de denuncia y solidaridad desarrollado por el movimiento pro-amnistía en los últimos 30 años responde, según se recoge en la sentencia emitida ayer por la Audiencia Nacional, al «diseño político» que le une con ETA y que busca «deslegitimar» al Estado para «el derrocamiento de España en el territorio del País Vasco».
Denunciar la tortura, reclamar la salida de las FSE de Euskal Herria, criticar las actuaciones judiciales o exigir la repa- triación de los presos políticos son dinámicas que el tribunal especial asegura le fueron encomendadas a Gestoras pro-Amnistía por la organización armada vasca «a partir de, al menos, setiembre de 1995». La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal hace suyos los informes policiales y dice que Gestoras es una «organización terrorista».
Por ello, decreta su «ilicitud y disolución» y también la de Askatasuna, por ser su sucesora. Aunque reconoce que no «usa armas» ni tiene «cometido violento», resalta que comparte con ETA «un mismo proyecto, el preconizado en términos políticos por la izquierda abertzale, en el que la acción armada es en defensa de los derechos de Euskal Herria».
Asimismo, los jueces Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Paloma González Pastor acordaron por unanimidad condenar a penas que oscilan entre los 10 y 8 años a 21 de los 27 procesados inicialmente en el sumario 33/01. En total, suman casi 200 años de cárcel.
Once de los procesados ingresaron ayer mismo en prisión. Tras deliberar la Sala durante varias horas sobre su situación, Juan Mari Olano, Julen Zelarain, Aitor Jugo, Alex Belasko, Txema Olabarrieta, Gotzon Amaro, Jorge Txokarro, Gari Arriaga, Iñaki Loizaga, Asier Birunbrales y Xabin Juaristi fueron encarcelados.
Durante la tensa y emotiva espera, los familiares y amigos de los procesados pudieron despedirse y entregarles las mochilas repletas de ropa con las que acudieron a la vista. Y es que, el seguimiento policial del que fueron objeto los dos autobuses que se trasladaron a Madrid desde Euskal Herria para apoyar a los imputados y el inusitado despliegue de agentes en los alrededores de la Casa de Campo hacían presagiar el desenlace.
Cuatro furgonetas de la Policía española y media docena de agentes a caballo custodiaron el recinto. A pesar de tratar de intimidar a los congregados e impedir tras identificarles que varios jóvenes se concentraran con una pancarta en la que se denunciaba que «la represión no es la solución», los procesados recibieron aplausos de cariño y gritos de apoyo en todo momento.
«Integración» en ETA
La misma medida de prisión incondicional fue adoptada contra Maite Díaz de Heredia. Sin embargo, la gasteiztarra ya se encontraba en prisión desde octubre del año pasado tras la redada de Segura. Asimismo, el tribunal ordenó la busca y captura de Iñaki Reta, que no compareció en la vista.
Josu Beaumont, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Gorka Zulaika, Ainhoa Irastorza, Aratz Estonba, Jon Beaskoa e Iker Zubia, por su parte, quedaron en libertad con la obligación de comparecer dos veces a la semana ante el juez a la espera de que se resuelva el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo sus abogados. Los ocho procesados tienen gran parte de la pena impuesta ya cumplida.
Todos han sido condenados por «integración en organización terrorista» ya que según explica el tribunal reconocieron ser miembros del movimiento pro-amnistía y con eso le es suficiente. Además, destaca la utilización del término «preso o represaliado político» por parte de los encausados y lo engloba dentro de la «sensibilización social» ordenada por ETA.
A su juicio, el movimiento pro-amnistía se encarga de transmitir «un mensaje inveraz y distorsionador de la realidad de ese colectivo» y que en aras de lograr «la permanencia y nuevos adeptos» presenta en institucionales internacionales «una imagen represiva» de la actuación de los poderes de los estados español y francés.
Tres absoluciones
Olano, Zelarain y Jugo deberán cumplir una pena de 10 años, mientras al resto les han impuesto una de 8 años. La Fiscalía y la AVT reclamaron penas más altas contra ellos tras acusarles de ser «dirigentes» de ETA, pero el tribunal sentencia que no ha quedado acreditado.
En este sentido, destaca que Jugo ha sido condenado, según el tribunal, por ejercer de «representante nacional» del movimiento pro-amnistía, y no se hace ninguna referencia a la acusación que realizó el fiscal sobre la participación del vecino de Durango en una manifestación por los presos que supuestamente concluyó frente a la casa de un concejal del PP, que años más tarde resultó muerto en un atentado de ETA. Asimismo, otras imputaciones vertidas contra los encausados han sido rechazadas por el tribunal especial. Se trata de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de «coordinar la violencia callejera» y la de «captar» a personas para que pasen a integrarse a la organización armada.
La decisión de renunciar a la defensa jurídica tampoco ha impedido que Juan Antonio Madariaga, Ixone Urzelai y Julen Arzuaga fueran absueltos por el tribunal al igual que sucedió el pasado mes de junio cuando fueron retirados los cargos contra Mitxel Sarasketa, Jorge Luis Arredondo y Maitane Méndez.
Madariaga y Urzelai han cumplido más de dos años de condena en prisión preventiva, pero el tribunal se limita a argumentar para explicar su absolución que formaban parte de Senideak.
En el caso de Arzuaga, dice que de su trabajo en Behatokia tan sólo consta que ofrecía asistencia legal en procesos de extradición.

Los tribunales españoles no sólo hacen política, también la niegan

Editorial del diario Gara del pasado 17 de septiembre
El guión establecido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se cumplió y la Sala 61 del Tribunal Supremo ilegalizó ayer Acción Nacionalista Vasca. El partido ekintzale no es sólo parte de la historia del nacionalismo vasco, sino muy especialmente una parte relevante de la resistencia contra el fascismo en la Europa del siglo XX. Ni la impoluta tradición democrática que tiene esa formación, ni la historia ni el Derecho han podido con la razón de estado. Con su sentencia el TS rompe, además de con los principios básicos del Derecho, con categorías físicas como el espacio y el tiempo. Si no, ¿cómo puede un partido con casi un siglo de historia suceder a otro que nació 70 años después?
A menudo se suele acusar a los tribunales españoles de estar politizados -el acuerdo entre partidos para la renovación del CGPJ adoptado la semana pasada es una muestra evidente de ello- o directamente de hacer política en vez de aplicar el Derecho. En el caso de los sumarios abiertos tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo o en el Constitucional sobre cuestiones relativas al conflicto vasco, sea el encausado político electo o simple ciudadano de a pie, no sólo es cierto que los tribunales españoles son meros instrumentos de los políticos de turno, sino que su función es negar la posibilidad de que los vascos puedan hacer, precisamente, política. Si no pueden manifestarse o reunirse, si no pueden publicar artículos que de la pluma de cualquier español no generarían problema alguno, si no pueden votar o ser votados, si no pueden poner en marcha negocios libremente o formar parte de asociaciones culturales y, sobre todo, si no pueden llevar a cabo los proyectos que tienen un apoyo importante dentro de su sociedad... ¿qué clase de política pueden hacer los vascos?
En una sola semana el sistema judicial español ha determinado que no se puede consultar a la ciudadanía sobre política, que no se pueden conformar partidos verdaderamente independentistas y de izquierdas, y es probable que hoy mismo disponga que incluso solidarizarse con los represaliados o denunciar la vulneración de sus derechos es también delito. ¿Qué más debe ocurrir para que se acepte que la situación en Euskal Herria es totalmente excepcional y que no llega a los estándares democráticos más básicos?

18 euskal herritar epaitu dituzte Bilbon torturaren aurka protesta egiteagatik

Atzo hasi zen hemezortzi euskal herritarren aurkako epaiketa 2000. urtean torturaren aurka Gernikako Juntetxean egindako protesta bategatik.
Atzo deklaratu zuten auzipetuek epailearen aurrean, eta beraz, erabakiaren zain gelditu dira.
Bilboko Buenos Aires kaleko epaitegira deklaratzera sartu baino lehen, elkarretaratzea egin zuten auzipetuek, lagun eta senideek lagunduta. Guztira, berrogeita hamar bat lagun bildu ziren.
Ondoren, epaitegira sartu eta deklaratzen hasi ziren.
Amnistiaren aldeko mugimenduaren bozeramaile Julen Larrinagaren ustez, «epaiketa honek torturaren errealitatearen gordintasuna agertzen du». Larrinagak Euskal Herriko errealitatean torturak duen presentzia azpimarratu zuen, eta Nafarroako azken atxilotuek egindako salaketak edota Martxelo Otamendik bere tortura salaketa Estrasburgora eramango duela gogoratu zuen.
Hala, AAMko kideak salatu zuenez, «Euskal Herrian ez dago soilik atzeraldi ekonomikoa, atzeraldi demokratiko eta politikoa ere badago». Torturatzaileen aurkako neurririk ez hartzea salatu zuen.
Protesta 2000. urtean gertatu zen, Gernikako Juntetxean. Bertan, torturari buruzko mozio bat eztabaidatzen ari zela, hura salatzeko kartelak eta pankartak atera zituzten.
Ertzaintzak aretotik atera zituen eta, urtebetera, «desordena eta mehatxuak» leporatuta auzipetu zituzten.
Presoen alde, 125 lagun bildu ziren atzo Bilbon, eta 30 Gasteizko Olarizu auzoan.

El Comité de Solidaridad de París deplora el «silencio» sobre la situación vasca

El Comité de Solidaridad con el pueblo vasco (CSPV) ha denunciado la «desinformación oficial» en torno al «estado de excepción» existente en Euskal Herria y ha recordado a «los democrátas y progresistas franceses que es su deber denunciar» dicha situación.
El CSPV señala las ilegalizaciones de partidos y, concretamente, los procesos en curso contra EHAK y EAE-ANV en el Tribunal Supremo español, el cierre de «medios de comunicación independentistas y de izquierda», la «persecución» de movimientos de jóvenes, de solidaridad internacional, de defensa de los derechos de los presos, el «uso de la tortura», la dispersión y las continuas «leyes liberticidas».
Para el CSPV, la razón de este «ensañamiento» es que «cara a un pueblo que demanda su derecho a la autodeterminación y que mayoritariamente rechazó la Constitución monárquica española, el Gobierno de Madrid sigue apostando por la vía de la represión y rechazando la opción democrática y pacífica propuesta por la izquierda independentista vasca».
El CSPV hace «cómplice activo» de esa dinámica al Gobierno de París «que también se niega a reconocer la especificidad vasca en su territorio» y subraya a este respecto que «todo esto sucede a 800 kilómetros de aquí, sin que trascienda ninguna información, excepto cuando sucede algún atentado, pero tampoco entonces se explican las razones».
En ese sentido, el CSPV deplora que «tampoco este año» se le haya permitido poner un stand de información en la fiesta del diario pro-comunista L'Humanité y estima, en este sentido, que «como los demás movimientos de liberación nacional, la causa vasca debe tener también su sitio» en ella.