Enterrado con honores oficiales Gil Rubiales, uno de los policías que torturaron a Joxe Arregi

Juan Antonio Gil Rubiales murió el lunes 7 de julio cuando se encontraba en su despacho. Había llegado a ser comisario provincial de la Policía española en Santa Cruz de Tenerife. Años antes, en 1981, intervino como responsable en la detención de Joxe Arregi, que falleció a consecuencia de las torturas sufridas durante nueve días, hechos por los que fue condenado. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para ser despedido con todos los honores.

El comisario Juan Antonio Gil Rubiales, condenado en uno de los casos de torturas que más ha sacudido a la sociedad vasca, el que acabó con la vida de Joxe Arregi, falleció el lunes, y ha sido enterrado, con todos los honores, en Santa Cruz de Tenerife. Mientras que el torturador condenado es "honrado y condecorado", la víctima del martirio no cuenta con una plaza en su nombre. Así lo decidió, el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Zizurkil, gobernado por el PNV tras excluir a la izquierda abertzale de la pugna electoral.Una guardia de honor formada por miembros de la Policía española, Guardia Civil y de la Unidad de Intervención Policial, permaneció formada ante el féretro durante toda la celebración del entierro de Gil Rubiales. A la cita no faltaron autoridades civiles y militares, entre los que se encontraban alcaldes de diferentes localidades de la isla y una nutrida representación de la Zona Militar de Canarias. Los sacerdotes, que celebraron la homilía, ensalzaron, incluso, la "entrega y amor" por su profesión del fallecido.Una "entrega", que tal y como sentenció el Tribunal Supremo en octubre de 1989, conllevó malos tratos y torturas contra los detenidos, con la muerte del zizurkildarra Joxe Arregi como máximo exponente.El día 13 de febrero de 1981 Arregi, que contaba entonces con 30 años, fue arrestado en Madrid por la Policía española y en virtud de la leyes "antiterroristas", permaneció nueve días en régimen de incomunicación. El noveno día, cuando fue trasladado a prisión, su cuerpo estaba reventado por completo. Las autoridades penitenciarias, atemorizadas por el aspecto que presentaba, dieron órdenes inmediatas de ingresarlo en la Prisión-Hospital de Carabanchel. De acuerdo con lo que declaró luego un alto cargo del Ministerio de Justicia, cuyo titular era entonces Fernández Ordoñez, "Arregi llegó a Carabanchel destrozado".Tres presos políticos, encarcelados en el mismo hospital, manifestaron que su estado era lamentable. "Sus párpados estaban totalmente amoratados, tenía un gran derrame en el ojo derecho, las manos hinchadas y los pies quemados" detallaron, recordando al tiempo las palabras de Arregi: "Oso latza izan da". Arregi les relató lo acaecido días antes: "Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes". Su cuerpo era un amasijo de llagas, moratones y quemaduras. Su estado era de tal gravedad que sólo logró sobrevivir unas horas.Años más tarde, se hizo público un peculiar libro de memorias bajo el título "Yo maté a un etarra". El escrito, firmado por un comisario de Policía, que oculta su nombre tras el seudónimo de "Daniel Abad", narra aquellos hechos con fragmentos como este: "Los policías se comportaron en aquella ocasión como una genuina manada de lobos rivalizando por un trofeo. Finalmente concluyeron su disputa descuartizando a su víctima".Nueve años después de los hechos y tras dos sentencias absolutorias de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo español condenó a Julián Marín y Juan Antonio Gil Rubiales a tres meses de arresto y tres y dos años, respectivamente, de suspensión de empleo y sueldo. La sentencia no se ejecutó de inmediato y el entonces ministro de Interior José Barrionuevo y su mano derecha Rafael Vera tuvieron especial mimo a la hora de proteger a sus funcionarios. Y Gil continuó ascendiendo en el particular ranking de la Policía española.Juan Antonio Gil Rubiales ingresó en la Policía en 1971 y permaneció destinado en las Comisarías de Donostia, Madrid e Iruñea hasta el año 1993, en que fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria como Jefe de la Xª Unidad de Intervención Policial (UIP). En 2005 llegó a asumir la responsabilidad de la Comisaría Provincial. Durante su trayectoria le ofrecieron «méritos» como la Medalla de Plata al Mérito Policial, un año después de la muerte de Arregi, o el de Caballero Legionario de Honor.Las declaraciones realizadas por el propio Gil en setiembre de 2007, en las que ensalzaba la labor represiva de la Policía, no parece que tengan cabida ningún tipo de remordimiento ante sus acciones. Apuntó que esa función es necesaria "en cuanto se aplica a quienes violan la Ley y no respetan los valores democráticos y constitucionales".
"Siempre será la plaza de Arregi"La muerte de uno de los torturadores de Joxe Arregi y su consiguiente entierro, ha vuelto a hacer revivir aquellos acontecimientos de 1981. Además, ha coincidido en el tiempo, con la retirada del monolito edificado en recuerdo del militante vasco.El pasado 14 de abril, el Consistorio de Zizurkil aprobó la moción que acordaba retirar los nombres de Joxe Arregi y Joselu Geresta, Ttotto, de dos plazas de la localidad. El Pleno se llevó a cabo a apuerta cerrada y custodiado por decenas de ertzainas pertrechados con material antidisturbio. La moción, que fue impulsada por el PNV, partido que dirige el Ayuntamiento tras la exclusión de la la izquierda abertzale, suscitó malestar entre los vecinos. Un malestar que se hizo presente de nuevo ayer.Mikel Arrastoa, ex-alcalde y cabeza de lista de la izquierda abertzale en las últimas elecciones, declaró a GARA que el entierro rendido a Gil Rubiales pone de manifiesto "el Estado de derecho al que nos someten"; "un Estado que rinde homenaje a torturadores y humilla a sus víctimas" sentenció. Recordó también lo acaecido en abril, cuando el PNV "se apresuró, sin esperar al procedimiento", y ordenó retirar el nombre de las plazas.Arrastoa, al hilo de la última decisión judicial sobre los nombres de plazas y calles, aseguró que volverán al Ayuntamiento para dar una salida a este conflicto.Sin embargo, destacó que "pase lo pase, para los zizurkildarras siempre serán las plazas de Ttotto y Arregi".
La AN dicta que no hay delito en mantener los nombres de militantes en las calles
A partir de ahora, mantener el nombre de un militante vasco en una calle o plaza no constituye una acción delictiva. Así lo acordó ayer el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una sesión celebrada para unificar los criterios en torno a las querellas presentadas sobre esta cuestión. El auto suscrito por los diecisiete magistrados que comparecieron indica, además, que la acción delictiva sólo se puede cometer mediante "un comportamiento activo" del alcalde del municipio y no a través de la "mera omisión".
No obstante, el auto apunta la posibilidad de encauzar los procedimientos por otros derroteros, como el contencioso-administrativo. Explica que no quitar el nombre puesto por una corporación anterior constituye "una conducta antijurídica y contraria a la norma", por lo que puede constituir un "ilícito de otro tipo o ser objeto de impugnación por otras vías".
La Audiencia Nacional establece que el delito de "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" sólo puede perseguir hechos cometidos a partir del 24 de diciembre de 2000, fecha en la que entró en vigor la reforma de Código Penal que introdujo esta tipificación. De igual modo, se establece que estar de acuerdo con la decisión de dedicar la calle a un militante vasco tampoco constituye una actuación delictiva.
Según los magistrados que componen el Pleno, el delito sólo puede cometerse mediante "un comportamiento activo que contravenga la prohibición contenida en ésta". Con esta resolución judicial se cierra la vía a las nueve querellas presentadas por Dignidad y Justicia contra alcaldes vascos.

Preso gaixoek zigor bikoitza jasaten dutela salatu du Bautista Barandallak

Bautista Barandalla preso politiko nafarrak, Iruñeko espetxetik egin dioten elkarrizketan, gaixo dauden presoek bi zigor jasaten dituztela nabarmendu du. Batetik, kartzelan egotea eta bestetik gaixotasunarekin aurrera jarraitzea

Bautista Barandallak, http://www.apurtu.org/ webgunean egin dioten elkarrizketan, Sanferminak espetxean nola bizi dituzten kontatzen du lehenbizi. "Umoretsu eta gogotsu" egoten direla dio, baina kaleko zaratak eta algarak entzuten dituztenean inpotentzia ere sentitzen dutela aitortu du. "Nahi duzu eta ezin duzu", azaldu du.Barandalla gaixotasun larria izan arren kartzelan jarraitzen duen hamalau presoetako bat da. Horri buruz galdetuta, Estatuak gaixo dauden presoak "txanpon truke gisa" erabiltzen dituela salatu du. "Nahi gaituzte belauniko eta suntsitu, eta horretarako erabiltzen dituzte eskura dituzten medio guztiak", esan du.Hori horrela, gaixo dauden presoek zigor bikotza jasan behar dutela uste du. "Alde batetik, hemen aurrera jarraitzea eta, bestetik, zure gaixotasunarekin aurrera egitea. Etsaiaren helburua da preso politiko guztiak suntsitzea eta horretarako erabiltzen gaituzte txanpon truke gisa", nabarmendu du.Hala ere, Barandallaren arabera, "badakite ez dutela ezer lortuko". Presoen asmoa "ahalik eta tinkoen jarraitzea" dela esan du, eta horretan jardungo dutela.

Espetxeratutako gazteen testigua hartu dutela berretsi dute Oarson

Gazte independentistek gogor salatu zuten atzo, Errenteriako kaleetan, Oarsoaldeko eta Barakaldoko bederatzi gazteen espetxeratzea. Kartzelatzeen arrazoia gainera, «independentziaren eta sozialismoaren alde antolatzea eta borroka egitea» dela adierazi zuten. Alta, erasoak eraso «Euskal Herri berri bat eraikitzeko» borrokak ez duela etenik izango nabarmendu zuten bertan bildutako mila lagun inguruk.

Bederatzi gazte independentisten kartzelatzea salatzeko manifestazioa egin zuten atzo Oreretan. «Herri bat piztutzera goaz, etorkizuna independentzia» lelopean mila pertsona batu ziren Alamedan, gazte independentistek deitutako hitzordura.
Erasoak eraso independentziaren proiektua eraikitzeko abian duten borroka ez dutela deuseztatuko adierazi zuten atzo gazte independentistek Errenteriako karriketan. Gainera, «beste ehunka» gazte aste honetan bertan espetxeratu dituzten bederatzi gazteek utzitako lekukoa hartzeko prest daudela nabarmendu zuten.
Nafarroa Beherean, Donostian, Burlatan, Gasteizen eta Uribe Kostan gertatu bezala, apirilean Oarsoaldeko eskualdeari «indar armatu espainolen razzia politikoa» egokitu zitzaiola gogoratu zuen Ion Telleria gazte independentisten eledunak. Polizia operazio horrek, bost eguneko tartean, 29 miaketa eta 17 gazteren atxilotzea ekarri zuen; aste honetan bertan, gainera, beste 9 gazteren espetxeratzea ere ekarri du.
Gazte horiek guztiak «independentzia eta sozialismoaren alde antolatzeagatik eta borrokatzeagatik» atxilotu dituztela azaldu zuen Telleriak. «Sistemaren eskutik jan ordez, Euskal Herri berri bat eraiki nahi dute. Hori da beraien delitua», nabarmendu zuen. Horrez gain, gazte belaunaldi hau «sistemaren porrotaren erakusgarri» dela adierazi zuen. Finean, haren ustez, ez hezkuntza sistemak, ez eta telebistak edota salbuespen estatuek ez baitute lortu gazte horien «asimilazioa».
Euskal Herrian barna, gazte independentisten aurka abiatuko operazio hauek gazteria «etsitzea, beldurtzea eta ezinaren eraginez borrokatzeari uztea» dute helburu gazte independentisten eledunaren hitzetan. Bestalde, beste funtzio bat ere badu errepresioak, bere esanetan, EAJk eta PSOEk beren helburuak gauzatzeko «independentziaren aldekoak joko- zelaitik kanpo» utzi behar dituzte. Haatik, «legeak ezarritako muga» alda daiteke gazteen aburuz, eta Euskal Herri independente baten alde lanean jarraitzeko deia egin zuten. Gaurdanik, «Euskal Herri berri hori» eraikitzen ari da beraien ustez. Horren adierazgarri, Oreretan bezala, sanferminetan erabat murgilduta dauden gazte independentista lesakarrak ere manifestazioa egin zuten atzo. Araia eskualdean, berriz, asteburuan zehar mendi martxa egiten ari direla gogorarazi zuen Telleriak.

Mugalaris de la excepción

Julen Arzuaga giza eskubideen behatokia

Mugalaris de la excepciónLa excepción para evitar la ruina. El Estado español aplica esta doctrina que, tal y como nos recuerda Arzuaga, ya postuló Maquiavelo. Esa ruina a evitar a cualquier precio es la «subversión del orden constitucional». Para dicha subversión no se precisa ya de armas; ahora es suficiente la mera denuncia de la excepción y la exigencia de respeto a los derechos humanos para que el Estado aplique la excepción.
Un término que en los últimos tiempos se ha hecho lugar entre nosotros, la excepción. La inmisericorde aplicación de medidas especiales, el yugo opresivo de vivir bajo la emergencia, el apartheid, la lógica ilógica pero todopoderosa de la seguridad frente a la libertad. El anti-principio de la inseguridad jurídica, por la que no es posible saber si tu actividad es pacífica y legal o por el contrario violenta y terrorista. El anti-principio de la presunción de culpabilidad, por la que tú deberás probarte inocente. En anti-derecho del enemigo.
No es cuestión nueva, sino renovada. Ya se lo decía Maquiavelo, el consejero de las cloacas del poder, a reyes y príncipes allá por el siglo XVI: «si la observancia de la ley nos conduce irremisiblemente a la ruina, y no queremos llegar a ella, no observemos la ley». Así de simple formulaba el principio de la excepción, la ley sometida a condición.
Actualizando los términos, habría que analizar los dos elementos de la propuesta maquiavélica: ruina y excepción. Las autoridades españolas definirían sin duda alguna, como ruina, desastre, hecatombe la «subversión del orden constitucional», tótem único y verdadero, perfección eterna e intangible, dechado de virtudes amenazado por hordas liberticidas. Si antes era necesaria la actividad armada como elemento desestabilizador del orden constitucional, con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Haika Segi esa capacidad se traslada a la kale borroka, al ser ésta «idónea para subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública». Con el sumario 18/98 se da un paso más, al considerar que la actividad propia de las empresas y organismos en él enjuiciados sería suficiente para conseguir esa pretensión, en términos de Maquiavelo, de llevar a la ruina al orden constitucional español. La Ley de Partidos se extiende hoy a EHAK y ANV en las deliberaciones de una sala -precisamente, especial- del Tribunal Supremo por «vulnerar los principios constitucionales» (¿?). Con el sumario del Movimiento Pro Amnistía se da una vuelta de tuerca, ya que la denuncia de la excepción y la demanda de respeto de los derechos humanos también conduciría a que sucumbiera el modelo de Estado. Vemos la evolución de la paranoia securitaria y, paradójicamente, la suma debilidad de un estado a quien el simple ejercicio de la libertad de expresión y asociación puede conducir a que sus cimientos se tambaleen y con un soplo ¡plaf! se desmorone.
En cuanto al segundo concepto, ¿es necesario hacer una enumeración de los elementos de la excepcionalidad que vivimos hoy en día? ¿Debemos establecer un catálogo de todas las acciones humanas que reciben una respuesta estatal diferente dependiendo del origen o visión política de quien las ejecuta? No es necesario recordar las condiciones excepcionales de detención, la política penitenciaria que reduce a la nada los espacios de dignidad y de humanidad de ciertos ciudadanos sometidos a ella por razones políticas, el carácter especial de la Audiencia Nacional, las reformas legales ad hoc, es decir, aquellas que en vez de servir a un objetivo general y con vocación de permanencia, se refieren a un caso concreto que precisa de respuesta inmediata y a la medida -siempre por aquello que mencionaba de evitar la ruina-. Para todo ello cuentan con el beneplácito, otra vez, de la propia Constitución que, además de negar los derechos de los pueblos a quienes impone su mandato, introduce todo un capítulo titulado «De la suspensión de derechos y libertades», para aquellas personas, «en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas». Ja! Duró poco el principio de igualdad de todos los ciudadanos. La propia Constitución se excepcionaliza a sí misma introduciendo en términos ambiguos una legislación de emergencia que suspende aquellos principios irrevocables por ser derivados de la dignidad humana -es decir, los derechos humanos- e instituye un sistema de autodefensa para proscribir actividades que la «subviertan».
El efecto inmediato que semejantes alforjas pretendían traer sería el aplastamiento de la disidencia, de su capacidad de reacción, su marginalización social, atemorizarla y generar en ella la frustración de la imposibilidad de sus aspiraciones. Constatando el fracaso de este intento, hay otro efecto que quiero poner sobre la mesa, este sí, incuestionable aunque indeseado por las autoridades españolas: la involución de libertades y derechos, que somete al sistema a un test de legitimidad imposible de aprobar. Si no son los sabios de palacio quienes lleguen por sí mismos a la conclusión de que la credibilidad democrática del Estado español está dañada de muerte por su continua excepcionalización en el tratamiento a los ciudadanos y ciudadanas vascas, que sea la comunidad internacional la que le recuerde sus compromisos con los derechos humanos. En un reportaje reciente en «El País» se lamentaban: «España es ya un polo de atracción para los expertos internacionales en resolución de conflictos -la conocida industria de la mediación- y, sobre todo, un país de visita preferente para los relatores de la ONU que vigilan el respeto de los derechos humanos», palabras que son espejo de su fracaso. Así, la excepcionalidad y la defensa a ultranza frente a «la ruina» llevan al Estado a que cada vez sectores más amplios de sociedad -dentro y fuera de Euskal Herria- denuncien el retroceso imparable en libertades, el grave cuadro de violaciones de los derechos humanos, la involución en términos democráticos del inexistente estado de derecho español. ¿Hasta donde serán capaces de forzar la maquinaria de la estructura del Estado? Recordaba un compañero del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Asens, que cuando un estado pone en marcha una medida excepcional, su voluntad lógica sería volver cuanto antes a la situación ordinaria, pues su aplicación extensiva en la materia y extendida en el tiempo genera un coste de legitimidad en el estado imposible de recuperar. En contraposición, aquí la excepción se hace regla y la prioridad no es que desaparezca, sino que no parezca tal.
Ahora, quinientos años más tarde, vemos claramente la dimensión del consejo dado por Maquiavelo a su príncipe favorito, Fernando el Católico: excepción o ruina. Rancio abolengo el de la violencia, la Inquisición, la represión y la gestión de la emergencia y la excepcionalidad en el reino español.
Sin embargo, este recorrido de la excepción -sin duda de diferente forma dependiendo de cada periodo histórico- se ha encontrado con una firme expresión popular de rechazo. Una actitud de denuncia pero también de solidaridad, de alargar el brazo amigo hacia quien sufre en sus carnes los efectos de esa mezquina política de aniquilamiento individual y colectivo. Un rompeolas de voluntades que se enfrenta a las embestidas de la excepción. ¡Que sepa quien ha sufrido el zarpazo de la represión política que en este país no caminará solo! ¡Que sepa que sus pasos van protegidos por otros miles de pasos amigos!
Superemos, pues, las barreras de la imposición que cercenan nuestras aspiraciones políticas, que encarcelan nuestras utopías. Tracemos nuevos caminos que nos conduzcan a un escenario de normalidad política, de posibilidad de defensa de todas las reivindicaciones vitales que bullen en este pueblo. Sigamos angostas veredas para la subversión de órdenes ilegítimos. Desbrocemos, como mugalaris de la excepción, los senderos ocultos para llegar a la normalizada realización de aquel proyecto que, en condiciones de igualdad, más adhesión recabe de toda la sociedad vasca, en decisión colectiva, libre y soberana.

Testimonios gráficos de la represión

Hay quien dice que en Euskal Herria no hay represión. Quizás sólo haya que ver para creer:

Nuestro camino hacia la amnistía no parará

Manifestaciones a favor de los encausados por el sumario 33/01

«Este movimiento sólo desaparecerá el día de la consecución de la amnistía»

Cientos de personas se manifestaron por las calles de Gasteiz en solidaridad con los imputados en el sumario 33/01. Una de las encausadas, Maite Díaz de Heredia, recordó desde la cárcel que el movimiento pro amnistía sólo desaparecerá cuando no haya más prisioneros.
«El movimiento pro amnistía nació con vocación de desaparecer, pero esto no sucederá por una ni por mil sentencias. El movimiento pro amnistía desaparecerá el día de la consecución de la amnistía». Estas palabras, leídas en la tarde de ayer en la plaza de la Virgen Blanca, fueron escritas desde la cárcel por Maite Díaz de Heredia, encausada en el sumario 33/01 y presa desde la operación contra la mesa nacional de Batasuna.
Tres días después de que más de 250 personas participaran en la conferencia que sobre este sumario impartieron en Gasteiz Julen Larrinaga, Julen Arzuaga, Félix Plácer y Antonio Alvarez Solís, cientos de personas respondieron a la convocatoria de la plataforma de familiares y amigos de los imputados.
Partieron desde la plaza de Bilbo y, tras una pancarta con el lema «Euskal Herriak askatasuna behar du» portada por varios de los 27 encausados, decenas de personas llevaron las fotografías de los presos políticos alaveses. Detrás de ellos otra pancarta en contra del estado de excepción y de la Audiencia Nacional abría el camino al grueso de la marcha.
Durante todo el recorrido los manifestantes corearon lemas en favor de los represaliados vascos, y los gritos arreciaron cuando pasaron cerca de la sede del PSE, en la plaza del Arca.
Una vez en la plaza de la Virgen Blanca, las palabras de Maite Díaz de Heredia, en boca de una representante de la plataforma, recordaron a los presentes que «mientras se mantenga el esquema de imposición contra Euskal Herria, sus ciudadanos serán golpeados», y explicaron que no son casualidad las embestidas que sufre la izquierda abertzale, cuando ha puesto sobre la mesa una propuesta de resolución democrática.
«Nunca los han dejado de lado»
Iker Zubia, también procesado, hizo un repaso de las formas de represión utilizadas por el Estado español contra este pueblo, ejemplos, según señaló, de «terrorismo de estado». Frente a ello, opuso el trabajo desarrollado durante décadas por el movimiento pro amnistía, y destacó que «ha conseguido que los represaliados y sus familias no sean pasto del olvido». «Nunca podrán acallar el sentir de una sociedad que nunca ha dejado de lado a sus represaliados» advirtió antes de que los presentes entonaran el Eusko Gudariak.

La irrefutable realidad de las torturas

Xabier Makazaga Torturaren Aurkako Taldea

Tras atiborrar desde hace muchísimos años todos los espacios públicos de cámaras de vigilancia, tienen la caradura de alegar una supuesta falta de capacidad técnica para colocar unas pocas en el interior de las comisarías donde incomunican y torturan a tanta gente

En 1999 el Ararteko recomendó que «en todas las comisarías de la Ertzaintza se estableciera un sistema de control basado en grabaciones de video realizado desde las cámaras situadas en los pasillos de la zona de calabozos». Recomendación que, como él mismo reconoció, tenía «menos alcance que las efectuadas por el Relator de la ONU, pero resultaba sencilla de poner en práctica, puesto que se utiliza el sistema de cámaras ya existente».

Sin embargo, cinco años después, en su «Declaración sobre la tortura» del 21 de diciembre del 2004, tuvo que denunciar que, «tras unas reticencias iniciales, basadas en supuestas dificultades técnicas, el Departamento del Interior aceptó», pero tras efectuar el Ararteko varias visitas a los centros de detención comprobó que «en algunas comisarías -en las que han tenido lugar detenciones incomunicadas- hay dos zonas diferentes de calabozos, totalmente independientes entre sí, y el sistema de grabación sólo se ha instalado y se encuentra operativo en una de ellas, curiosamente la que menos se utiliza».

Debido a dicha denuncia y a la intensa presión social existente en Euskal Herria contra la tortura, el 30 de septiembre del 2005 el consejero del Interior, Javier Balza, se vio obligado a anunciar que en adelante la Ertzaintza iba a grabar también a las personas incomunicadas.

Ahora, las autoridades del PNV acaban de reconocer que estos dos últimos años en que la Ertzaintza no ha incomunicado a nadie no ha habido ninguna denuncia de torturas contra dicho cuerpo, dejando así en evidencia su argumento de que las precedentes denuncias eran falsas, pero siguen negándose a declarar de una vez por todas que la Ertzaintza no va a incomunicar nunca a nadie más.

Peor aún, siguen mostrando complicidad con los torturadores al pedir pruebas imposibles a los torturados (una de las funciones de la incomunicación es la de imposibilitarlas) en lugar de proclamar que es a las autoridades españolas a las que corresponde probar que no ha habido torturas, ya que éstas disponen de un modo muy sencillo para hacerlo. Les basta con aplicar una medida solicitada insistentemente por los organismos internacionales: la grabación de las personas incomunicadas.

Medida que, año tras año, el Estado español se niega a aplicarla alegando las más peregrinas excusas. Por ejemplo, la que utilizó en mayo de 1995 (¡hace más de trece años!): «Se considera que el uso de técnicas audiovisuales de grabación es un deseable objetivo, pero por razones presupuestarias, la puesta en práctica de dichos sistemas no es factible a corto plazo». Aquella alegación la firmó Juan Luís Ibarra Robles, hoy día magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la CAV.

Tras un «corto plazo» de siete años, la nueva excusa que dio el representante del Gobierno español en la sesión de noviembre del 2002 del Comité contra la Tortura de la ONU, CAT, fue que dicha medida se estaba retrasando «porque la querían aplicar realmente bien».

Finalmente, y debido a la presión internacional, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se vio obligado a prometer, a finales del 2006, que iba a aplicar un protocolo a los detenidos incomunicados bajo su responsabilidad, pero resulta que su principal medida, que era precisamente la de que dichos detenidos iban a ser filmados durante todo el tiempo en que estuviesen incomunicados, ha caído en saco roto.

El último informe del Relator para la Tortura de la ONU, Manfred Nowak, recoge la excusa en que se escudan ahora las autoridades españolas: «las Fuerzas de Seguridad no disponen, en la actualidad, de capacidad técnica para grabar de manera permanente a todas las personas que se hallen en situación de detención incomunicada».

Así, tras atiborrar desde hace muchísimos años todos los espacios públicos de cámaras de vigilancia, tienen la caradura de alegar una supuesta falta de capacidad técnica para colocar unas pocas en el interior de las comisarías y cuartelillos donde incomunican y torturan a tanta gente.

Las autoridades del PNV también se inventaron mil y una excusas hasta 2005, y precisamente por eso desean ahora evitar a toda costa reconocer una irrefutable realidad que también les dejaría en evidencia: en caso de denuncias de torturas, la carga de la prueba recae sin duda en las autoridades que pueden fácilmente grabar a los incomunicados para probar que no se han producido.

En lugar de ello, siguen con la cantinela de que deben ser los jueces quienes esclarezcan dichos casos cuando es de sobra conocido a quiénes exigen pruebas imposibles esos jueces y a quiénes se abstienen de pedir hasta lo insultantemente obvio.

¿Qué piensan hacer esas autoridades la próxima vez que detengan a una persona y ni siquiera le apliquen ese a todas luces insuficiente protocolo de Garzón?

Mucho me temo que seguirán haciendo gala de su habitual hipocresía al respecto y mirarán a otro lado, a no ser que el escándalo sea mayúsculo como en el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola. Y que encima seguirán presentándose a sí mismos, al igual que hace Garzón, como paladines de los derechos humanos.

¡Ojalá me equivoque!